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La muerte de Rodolfo Walsh tiene una verdad jurídica: en diciembre, la Justicia dijo que lo asesinaron el 25 de marzo de 1977, hoy hace 35 años. “Ha quedado legalmente demostrado”, dice el fallo del juicio a la ESMA, que el 25 de marzo de 1977, entre las 13.30 y las 16.00, cuando él intentó sacar su pistola, “un grupo de la Unidad de Tareas 3.3.2 de la ESMA, integrado por entre 25 y 30 personas, comenzó a dispararle hasta que la víctima se desplomó en la avenida San Juan entre Combate de los Pozos y Entre Ríos”. Pese a las versiones previas y distintas, dice que la muerte se produjo inmediatamente, que lo cargaron ya muerto en un auto para trasladarlo a la ESMA “sin poderse precisar, al día de la fecha, el destino dado a sus restos”.

En el juicio, Walsh apareció en sus dimensiones múltiples: como militante, oficial primero en la organización Montoneros; como periodista a cargo de la Agencia de Noticias Clandestina (Ancla); como escritor, esposo, padre, abuelo. Como amante de los pájaros en las charlas ocasionales con los vecinos de San Vicente. Los relatos y documentos demostraron la prueba que estaba pendiente desde el Juicio a las Juntas de Comandantes, cuando se excluyó el caso de Walsh porque “la falta de prueba precisa sobre el hecho, sea de la captura o de su cautiverio, impiden tenerlo por probado”.

Pese a los avances, sin embargo, la escena final de la muerte no termina de armarse. El Tribunal Oral Federal N° 5 condenó a seis de los integrantes del operativo, que serían 25 o 30 y de los que falta identificar a la mayoría. Condenó a Jorge “El Tigre” Acosta y a Alfredo Astiz, a Juan Carlos Fotea alias “Lobo”, que se ocupó de uno de los autos, y al autor de parte de los disparos, Ernesto “220” Weber, entre otros. Recogió voces de sobrevivientes y de un testigo directo. Pero los jueces y los fiscales aceptan que si tuviesen que pasar los datos para armar una película no podrían hacerlo. Hay otras seis personas identificadas: tres quedaron absueltas en un fallo apelado por las querellas, uno está muerto y dos prófugos.

La imposibilidad de reconstruir plenamente ese momento parece a esta altura casi un hecho maldito. “Lo ‘maldito’ es el pacto de silencio de los represores”, dice Lilia Ferreyra, su viuda y compañera. “Y es que es en ese sentido que Rodolfo es realmente un desaparecido. Cuando él investigó la Operación Masacre tenía un testigo directo y habían pasado tres meses desde los fusilamientos. En ¿Quién mató a Rosendo? yo lo ayudé en la investigación y él estuvo apenas ocurrió. Pudo hacerse la reconstrucción, estaban el bar, los testigos. Pero acá, esto es lo que en realidad sucede con una cantidad enorme de desaparecidos de los que no hay un solo dato, no se sabe por dónde pasaron, ni exactamente qué día se los llevaron. Muchos estaban en condiciones de clandestinidad y el vínculo con sus familias era esporádico. Yo misma supe qué pasó con Rodolfo muchos meses después, incluso hasta junio de 1977 pensé que seguía vivo. A mí me parece que lo importante ahora es la sentencia: hasta acá había muchas voces de lo que le había pasado. Testigos que habían visto esto o aquello, ahora hay una verdad en el plano de la verdad judicial: el valor es que prueba que el Grupo de Tareas intervino en la muerte de Rodolfo y en el robo de los escritos inéditos, de todo lo que teníamos. Me parece que en este tipo de juicios, a 35 años, con una desaparición y un secuestro, la validez está en la condena de la Justicia que probó el modus operandi y escuchó los testimonios irrefutables de testigos y sobrevivientes.”

La Operación Walsh

“Ha quedado legalmente acreditado que el 25 de marzo de 1977, a las 12.00, Rodolfo Jorge Walsh, quien se sabía buscado por las Fuerzas Armadas –y a raíz de ello utilizaba el nombre ‘Norberto Pedro Freyre’– partió junto a su mujer, Lilia Beatriz Ferreyra, de su domicilio, sito en Triunvirato e Ituzaingó, de la localidad de San Vicente, provincia de Buenos Aires.” Así arranca uno de los párrafos relevantes de la sentencia. Walsh y Ferreyra se dirigían a la estación del Roca para abordar el tren a Constitución cuando Walsh encontró por casualidad a Victoriano Matute, que le entregó una copia del boleto de compraventa correspondiente a su domicilio, el que guardó, junto con las copias de la “Carta Abierta a la Junta Militar”, que había terminado de escribir el día anterior, en el portafolio que llevaba consigo.

En Constitución, Walsh confirmó telefónicamente una cita con José María Salgado, “Pepe”, que se iba a llevar a cabo entre las 13.30 y las 16.00 en San Juan y Entre Ríos. Tenía por objeto, al igual que otras dos previstas para ese día, difundir la carta que había escrito por el primer año de la dictadura militar. Además de Salgado, se vería con René Haidar, sobreviviente de Trelew, y con otra persona. Cuando caminaba por la vereda de San Juan, entre Combate de los Pozos y Entre Ríos, vestido con una guayabera beige de tres bolsillos, pantalón marrón, un sombrero de paja, zapatos marrones y anteojos, y portando consigo un portafolio y una pistola marca Walther PPK 22, fue abordado por un grupo operativo perteneciente a la UT 3.3.2. La UT estaba compuesta por entre 25 y 30 hombres que se desplazaban en más de seis vehículos: entre ellos un Peugeot 504, un Ford Falcon, una Ford F 100, una Renoleta y una camioneta a la que denominaban Swat.

“Walsh introdujo una de sus manos dentro de una bolsa y ante la sospecha de que opusiera resistencia, uno de los intervinientes dio aviso de una emergencia y al grito de ‘Pepa, pepa’ –término usado para denominar a las granadas– una gran cantidad de oficiales comenzó a dispararle hasta que la víctima se desplomó. Walsh sufrió varios impactos de bala en el tórax que le provocaron la muerte. Con posterioridad, fue introducido en uno de los rodados y conducido a la ESMA, donde arribó sin vida. Una vez allí, fue descendido raudamente por la escalera que unía el hall de la planta baja con el ‘Sótano’ del edificio, sin poderse precisar, al día de la fecha, el destino dado a sus restos.”

La reconstrucción

“La información relativa a la cita fue obtenida por medio del interrogatorio mediante torturas practicadas a José María Salgado, en algún momento posterior a su secuestro del 12 de marzo de 1977 –dice la sentencia–, con la suficiente antelación para diseñar y planificar minuciosamente el operativo.” El propósito era “capturar a Walsh con vida y tal circunstancia se debía a la condición de oficial primero que ocupaba en la organización Montoneros y toda vez que estaba a cargo de la Agencia Clandestina de Noticias (Ancla), y así someterlo a crueles sufrimientos destinados a obtener información. Precisamente por ello, era intensamente buscado desde hacía tiempo”. Para lograrlo, organizaron un operativo de “gran envergadura”, dato que se desprende del “importante despliegue” y de la inclusión de “un francotirador” (aún no identificado). Pese a eso, hay un señalamiento importante: para los jueces quedó probado que “más allá de la idea inicial, el plan criminal incluyó que, ante el menor atisbo de (resistencia) (...) el proceso concluiría con su muerte”. Los jueces Daniel Obligado, Ricardo Farías y Germán Castelli llegan a esa conclusión al indicar que si no hubiesen querido matarlo, el francotirador que era un experto podría haber disparado a órganos que no comprometieran la vida.

Lo “desapoderaron” de los objetos que llevaba: el portafolios, la pistola, un reloj Omega, la cédula de identidad a nombre de Norberto Pedro Freyre, que había usado en la investigación de los fusilamientos de José León Suárez, el boleto de compraventa y las copias de la Carta Abierta.

Un día después, un grupo de unas 50 personas se constituyeron en el domicilio de Victoriano Matute para que los condujera a la casa de Walsh. Llegaron a San Vicente “entre las 3.30 y las 4.00” de la mañana y luego de disparar en forma continua contra la finca, entraron y sustrajeron una importante cantidad de objetos. Entre ellos, cuentos, cartas y piezas literarias como “Juan se iba por el río”, un cuento inédito, “Carta al Coronel Roualdes”, textos de su diario con recopilación de notas periodísticas, una agenda, la libreta de enrolamiento, fotos familiares y la carta que escribió a sus amigos por el fusilamiento de su hija María Victoria. Los bienes fueron llevados a la ESMA y fueron vistos por diversos secuestrados.

Los testigos

La sentencia retoma fragmentos de varios testigos clave: Lilia Ferreyra, Patricia Walsh, Miguel Angel Lauletta y Martín Gras.

Ferreyra contó que esa mañana abordaron el tren que salió a las 12.00 de San Vicente a Constitución porque su Fiat 600 no había arrancado. En Constitución, Walsh habló por teléfono para confirmar la primera cita de San Juan y Entre Ríos. Y ella se acordaba que días antes lo había llevado muy cerca de ahí, a la esquina de Humberto 1º y Entre Ríos, donde Walsh arrojó (en las raíces de un árbol) un atado de cigarrillos a modo de contraseña. Lo vio por última vez cuando Walsh cruzó la calle Brasil: “El sabía de las torturas sin límites y que, por tanto, no quería ser capturado con vida”, dijo.

Walsh no llegó a las cinco de la tarde a un departamento de Malabia y Juan María Gutiérrez como habían acordado. Ferreyra no se preocupó porque lo habían previsto y al día siguiente volvió a San Vicente con Patricia Walsh, su marido Jorge Pinedo y los dos hijos porque habían organizado un asado. Cuando llegaron, no vio el Fiat ni el humo del asado. Las paredes de la casa tenían disparos, faltaban puertas y ventanas. Patricia Walsh dijo que cuando Ferreyra volvió al auto estaba “muy alterada, gritando que la casa estaba destruida y que había un gran desorden. En el exterior había diversos objetos tirados”. Se fueron rápidamente.

En los días siguientes, Lilia presentó un hábeas corpus. Patricia fue a ver a su tío el capitán de navío retirado Carlos Washington Walsh y a su mujer Elba Ostengo de Walsh. Les pidió que presenten un hábeas corpus, pero se negaron porque decían que no eran de utilidad. También visitó al hijo de un dirigente sindical que había estado en la ESMA y a la hermana de su padre, la religiosa Catalina Walsh, que hizo diversas gestiones. Patricia presentó un hábeas corpus en junio.

El operativo

La sentencia se valió también del testimonios de Miguel Angel Lauletta, entonces detenido-desaparecido y testigo directo porque lo llevaron al operativo en auto, como a Salgado. “Lauletta refirió que lo llevaron en un vehículo junto a un compañero de nombre Oscar Paz, por la avenida San Juan, desde Entre Ríos hacia el oeste”, en un operativo en el que intervinieron “entre 25 y 30 integrantes del grupo de tareas, que se conducían en más de 6 vehículos”. Mientras circulaban por San Juan, Lauletta escuchó por la radio del auto “emergencia, emergencia”. El conductor dio una vuelta en U por la avenida San Juan, que por entonces era doble mano. Al cruzar Combate de los Pozos, media cuadra antes de Entre Ríos, vio parado en medio de la calle a “Cobra”, Enrique Yon, y vio que tiraba con un “arma de puño”, como haciendo puntería, a un cuerpo en la vereda de enfrente. Al mismo tiempo gritaban “¡Pepa, pepa!”, que era como llamaban a las granadas. Lauletta miró para otro lado y vio que venía un Ford Falcon: “Manejaba Tiburón, un policía federal que estaba en la ESMA. Al lado iba Roberto González y atrás, ‘Lobo’ y ‘Angosto’: Fotea era Lobo y el Angosto no recuerdo”.

De ese y otros datos surge que Lauletta vio disparar a Yon, que dirigía el operativo. Walsh ya estaba tirado en el piso. Cuando al día siguiente se encontró adentro de la ESMA con 220 Weber, conoció qué había pasado del otro lado: “Entró 220 y me dijo ‘yo iba por atrás, para tratar de agarrarlo, y un boludo grita desde un coche: ¡alto policía! y Walsh en ese momento mete la mano en una bolsa de plástico que tenía, entonces le tuve que tirar’”. Otros “boludos”, siguió Weber, tiraron en paralelo a la pared, en vez de tirar perpendicular, y al parecer hirieron a una persona que pasaba. “Lo que yo vi –resumió Lauletta– es a Yon tirando, un Peugeot 504 de la vereda de enfrente yendo para el oeste con las puertas abiertas, que lo tengo como un coche dentro del operativo de la ESMA, y el Falcon verde.”

Los del Falcon eran: Tiburón, aún no identificado; Roberto Oscar “Federico” González, alias Fede o Gonzalito, según los datos del CELS subcomisario de la Policía Federal, integrante del GT332, principal de operaciones y prófugo desde 2006; Juan Carlos Fotea, “Lobo”, sargento de la policía, condenado en el juicio; Pedro Osvaldo Salvia, “Angosto”, prófugo desde 2005. Yon estuvo después en el Centro Piloto de París y ya está muerto. El fallo señala que Ernesto Frimón Weber intervino en el operativo y que fue uno de los que disparó. Ubica también ahí a Fotea, Ricardo Cavallo y Astiz. La sentencia absolvió a Juan Carlos Rolón, Pablo Eduardo García Velazco y Julio César Coronel. Las querellas acaban de apelar.