Con protestas, el Congreso de México comenzó a debatir una controvertida reforma a la Ley Federal del Trabajo, enviada por el Ejecutivo. La iniciativa, que se discute desde ayer en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, tendría mañana dictamen y podría tratarse el jueves por el pleno. El proyecto establece facilidades para el despido, nuevas formas de contratación, períodos de prueba de 180 días, pago por hora, la legalización de la subcontratación y limita los pagos por salarios caídos en caso de huelga.

Cerca del final de su gestión, el presidente de México, Felipe Calderón, del conservador Partido Acción Nacional (PAN), envió al Parlamento con carácter preferencial el texto que había sido rechazado en la pasadaLegislatura por el ahora mayoritario Partido Revolucionario Institucional (PRI). Con ese rechazo, el PRI buscó evitar protestas sociales antesde la elección presidencial del 1º de julio, en las que se impuso finalmente el candidato de esa formación, Enrique Peña Nieto, declarado ya presidente electo. Sin embargo, ahora el PRI, que será gobierno desde el 1º de diciembre, avisó en la Cámara de Diputados que se trataría este tema y así fue. El proyecto se discute en comisión y esperan que llegue el jueves al recinto, donde se necesitan dos tercios de la Cámara –que cuenta con 500 bancas– para tener media sanción y pasar a la Cámara alta.

El coordinador de la bancada del PRI, Manlio Fabio Beltrones, adelantó que la nueva Ley Federal del Trabajo “no afectará” el derecho de huelga ni la autonomía sindical, como propuso Calderón. “Esas conquistas sindicales quedarán fuera de la reforma porque, tal como quedó definido en la reforma política, las iniciativas preferentes del Ejecutivo no se admiten para cambios a la Constitución”, alegó. En consecuencia, cualquier modificación al artículo 123 de la Carta Magna y aspectos como el derecho de huelga o la autonomía sindical, indicó, están descartados por razones de legalidad.

Por su parte, el grupo parlamentario del izquierdista Partido del Trabajo (PT) confió en que el resto de las bancadas sancione las observaciones que entregó el fin de semana para también dejar fuera de la reforma la subcontratación, los despidos sin responsabilidad para el patrón, los contratos a prueba y la productividad como mecanismo para la obtención de una base o el ascenso en el empleo. Adolfo Orive, jefe de la bancada del PT, se declaró convencido de que el texto que sancionará Diputados “será algo muy diferente” a lo que envió Calderón. Distinta fue la postura de la dirigencia nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y su grupo parlamentario, que, según consignó el periódico La Jornada, confirmaron que hoy se presentará una propuesta de controversia constitucional contra el proyecto. Además, denunciaron que el PRI y el PAN ya tienen un acuerdo sobre el dictamen. “La iniciativa del Ejecutivo es profundamente regresiva, atenta contra los derechos de los trabajadores y no abona a generar empleos dignos y decentes ni ayuda a combatir la desigualdad”, señalaron los coordinadores de este bloque en el Parlamento, Silvano Aureoles y Miguel Barbosa, así como el dirigente Jesús Zambrano.

En tanto, el periódico La Crónica de Hoy precisó que el presidente electo de México, Enrique Peña Nieto, valoró ayer en Perú los “avances” y la disposición de los grupos políticos en su país para encontrar puntos de convergencia y tratar el tema de la reforma laboral. Al término de su gira por Latinoamérica, Peña Nieto abogó porque se logre el mayor consenso posible y se pueda aprobar una reforma laboral en México. “Será una nueva reforma, con un nuevo marco regulatorio que potenciará la capacidad del futuro gobierno que se inicia el 1º de diciembre, para generar más empleos y flexibilizar los mercados (laborales)”, indicó en rueda de prensa. Y señaló que el objetivo es facilitar la contratación, especialmente de jóvenes que, sin experiencia, a veces tienen dificultades para incorporarse al mercado laboral mexicano.

El texto en discusión fue recibido el 1º de septiembre en el Congreso durante su primer día de sesiones. Según el diario Excelsior, las discusiones se concentran en 17 temas y los puntos que frenan los acuerdos sobre la iniciativa presidencial se refieren, entre otros, a la regulación a los contratos por uno, tres y hasta seis meses, el trabajo por horas, los despidos y el pago de salarios vencidos. También, la propuesta enviada por Calderón prevé que los estados financieros de los sindicatos “deberán ser dictaminados anualmente por un auditor externo”.

Como informó ese medio, la Unión Nacional de Trabajadores inició ayer los preparativos para las manifestaciones de los próximos días a fin de impedir la aprobación de la reforma laboral. Para hoy está prevista una protesta frente a la Cámara de Diputados de San Lázaro. Esta manifestación se suma a la del viernes, cuando miles de personas marcharon en la Ciudad de México en rechazo de la iniciativa enviada por Calderón.