Hoy, por tercera vez en treinta años, el Parlamento uruguayo votará una ley sobre despenalización de aborto. Por la tarde, al recinto de la Cámara de Diputados llegará un texto aprobado en diciembre del año pasado por el Senado, aunque lo hará con modificaciones sustanciales. En los alrededores del Congreso se manifestarán sectores rotundamente opositores y otros que lo apoyan con reservas por considerarlo insuficiente, en tanto que puertas adentro los diputados debatirán un texto que, aun cuando amplía los casos de interrupción del embarazo no punible, obliga a las mujeres a solicitar la práctica ante un comité y someter sus motivos a evaluación. El proyecto también especifica que el embarazo puede ser interrumpido hasta la 12ª semana de gestación, y sin límite en caso de que comporte riesgos para la salud de la madre. Para ser aprobada –y regresar a Senado, donde deben recibir el visto bueno las modificaciones–, la ampliación del aborto no punible debe recibir 50 votos. Hasta ayer a la noche, los recuentos de voluntades indicaban que sería aprobada por diferencia de un voto. La semana pasada, una encuesta nacional afirmó que más de la mitad de la población apoya la despenalización.

El texto que llega hoy a Diputados es sensiblemente diferente al aprobado en diciembre por el Senado. Las diferencias entre uno y otro fueron el precio de la negociación en Diputados para que la ley se vuelva una realidad, en lugar de caer. El Frente Amplio finalmente apoyó el proyecto del diputado Iván Posada, del Partido Independiente, de raíz cristiana y concepción conservadora. La Coordinadora por el Aborto Legal, integrada por organizaciones sociales, cuestiona que entre esos cambios se haya estipulado que “la interrupción del embarazo no será penalizada” si la mujer, en las primeras doce semanas de gestación, explica al médico “las circunstancias derivadas de las condiciones en que ha sobrevenido la concepción, situaciones de penuria económica, sociales o familiares o etarias” por las que quiere abortar. Para quienes apoyan la despenalización, esta cláusula busca convencer a la mujer de desistir. Tras haber superado la instancia de consulta y explicación médica, el proyecto indica que la mujer deberá esperar cinco días; si al cabo de ese tiempo ratifica su voluntad de abortar, se pondrá fecha y arbitrarán los medios para realizar la práctica médica.

Hasta las catorce semanas, el proyecto prevé la autorización excepcional de un aborto sólo cuando el embarazo implique un grave riesgo para la salud de la mujer, cuando se verifique un proceso patológico que provoque malformaciones incompatibles con la vida extrauterina o cuando el embarazo sea producto de una violación. En un comunicado de prensa, la Coordinadora por el Aborto Legal objetó duramente estas disposiciones. “Que las mujeres o adolescentes embarazadas como resultado de violación o incesto tengan hasta las catorce semanas para abortar es un retroceso en la legislación vigente, no considera la situación de vulneración en que se encuentra una adolescente o mujer luego de haber sufrido dicho delito. La ley vigente del año 1938 no exige a las mujeres que se encuentran en estas circunstancias plazos para realizar un aborto”, señaló la coalición de ONG.

Por otra parte, el acceso al aborto estará habilitado para ciudadanas uruguayas, naturales o legales, y para extranjeras que demuestren un año de residencia en el país. Las menores de 18 y las mujeres declaradas incapaces, si no cuentan con el consentimiento de tutores o responsables, deberán plantear la situación ante un juez, que determinará que la decisión es voluntaria, espontánea y consciente y avalará el procedimiento.

A mediados de la semana pasada, una encuesta de la Consultora Cifra aseguró que el 52 por ciento de la población uruguaya está a favor de despenalizar el aborto. El porcentaje, según señaló el estudio, se mantiene estable desde el año pasado, cuando la voluntad en favor del cambio legal era del 51 por ciento. A la vez, el 34 por ciento de los uruguayos se declara en contra de despenalizar –hace un año, la misma postura era sostenida por un 38 por ciento–, mientras que el 14 por ciento no tiene opinión formada. El 55 por ciento de las uruguayas está a favor de la despenalización.

Según cifras oficiales, cada año se practican más de 30 mil abortos en Uruguay. Sin embargo, la Coordinadora por el Aborto Legal estima que los números reales podrían doblar esas cifras. En noviembre de 2008, el Parlamento uruguayo había aprobado un texto de despenalización del aborto apoyado por el movimiento de mujeres; sin embargo, el entonces presidente Tabaré Vázquez lo vetó.