Martín Sabbatella ratificó que el Gobierno va a ir a la Corte Suprema por la ley de medios y pidió al máximo tribunal “que resuelva rápidamente, con celeridad” el tema. Lo hizo en una conferencia de prensa en la que analizó la medida con que la Cámara Federal benefició al Grupo Clarín. “El fallo desvirtúa el espíritu antimonopólico de la ley y construye otra ley, que defiende los intereses corporativos por sobre los derechos colectivos”, definió.

Si bien el titular de la Afsca ya había dado a conocer sus cuestionamientos a la resolución el día en que fue dictada, ayer convocó a un encuentro con el periodismo en el que habló más extensamente. Allí planteó que en el fallo, los camaristas, “como no pueden declarar la inconstitucionalidad de la ley, porque es obvio que es constitucional y sería demasiado grosero, lo que hacen es defender los intereses específicos de Clarín, estableciendo la inconstitucionalidad de incisos, partecitas, de cada artículo que afecta a los intereses del grupo”.

Sabbatella detalló que la resolución de la Cámara, aunque reconoce la constitucionalidad de la mayor parte de la ley, “salva” cinco de los seis incumplimientos en los que incurre el grupo Clarín respecto del artículo 45. El titular de la Afsca agregó que el multimedios es el único que “se resiste” a cumplir con la Ley. Con el fallo dictado el miércoles, la empresa “podría quedarse con todo lo que tiene, exceptuando algunas licencias que ni siquiera usa”, concluyó.

En este sentido, advirtió que se trata de “un fallo tramposo, burdo y grosero que evidentemente busca proteger los intereses del Grupo Clarín”.

La resolución judicial fue dictada por la Sala I de la Cámara Civil y Comercial Federal integrada por María Susana Najurieta, Ricardo Guarinoni y Francisco de las Carreras, una sala que el año pasado ya había concedido y después extendido una cautelar en favor de Clarín, frustrando el 7D. Por esto, el titular de la Afsca aseguró que así como el fallo le pareció “burdo”, “no” lo “sorprendió” porque “no” tenía “ni una pizca de expectativas sobre esta Cámara”.

Dos de los camaristas, Ricardo Guarinoni y Francisco De las Carreras, habían sido recusados por el Gobierno tras ser denunciados por recibir dádivas, ya que aceptaron un viaje de una organización que tiene entre sus principales anunciantes a Cablevisión, del Grupo Clarín. En el caso de De las Carreras, fue denunciado también penalmente por haber viajado así a Miami, a una cumbre sobre libertad de expresión y propiedad intelectual.

Ayer, al pedir a la Corte Suprema que una vez presentadas las apelaciones, resuelva el expediente con rapidez, Sabbatella remarcó que se trata “de una situación de gravedad institucional debido a que hay una ley aprobada hace más de tres años por el Parlamento y no se puede aplicar integralmente”.

“Ahora tiene que ir a la Corte y que ella decida. Nosotros no tenemos ninguna duda sobre la constitucionalidad de la ley.” En ese sentido, subrayó “la conducta (del Gobierno) de todos estos años” acatando “las resoluciones de la Justicia” e insistió en que la autoridad de aplicación seguirá trabajando “en la aplicación de la ley con los planes de adecuación del conjunto de los medios”.

“Vamos a seguir trabajando porque nadie puede tener coronita, porque creemos en la constitucionalidad de la ley y esperaremos la resolución de la Corte para aplicar al Grupo Clarín la transferencia de oficio que fue notificada en su sede.”

En cuanto a los argumentos utilizados por los camaristas en el fallo, en el que sostuvieron que la limitación a 24 de la cantidad de licencias de cable que puede tener Clarín compromete “el derecho a la libertad de expresión”, porque Canal 13 es deficitario y para sostenerse cuenta con los ingresos del cable, Sabbatella señaló que “lo que lesiona la libertad de expresión son los monopolios”.

El fallo, concluyó, “es la demostración de que es necesario reformar la Justicia. No se reforma la Justicia por este tema en particular, pero sí es un ejemplo de por qué hay que hacer la reforma”.