Desde Santiago

A la hora de los balances de cierre de año, sin duda, el tema de los derechos humanos es una temática que en Chile seguirá presente mientras las víctimas de los atropellos ocurridos durante la dictadura que encabezó Augusto Pinochet (1973-1990) no sientan de verdad que llegaron la verdad y la justicia. En septiembre pasado, mes en que se conmemoraron 40 años desde que los militares tomaran el poder por la fuerza, el país se polarizó una vez más entre los cada vez menos visibles pinochetistas y quienes rechazan el horror vivido en el país, sector al cual se han sumado las nuevas camadas de la derecha chilena, que arrinconada bajo ese manto de desprestigio perdió por paliza las elecciones presidenciales y quedó en minoría en el Congreso.

En este escenario, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), Lorena Pizarro, al comentar a los medios su análisis de este 2013, advirtió que “es el tiempo” de comenzar a responder frente a las demandas de verdad y justicia, tras largos años de transición. De esta forma, afirmó que este año en particular la conmemoración de los 40 años del golpe de Estado significó una gran remezón en la conciencia nacional.

Pizarro, quien vivió el horror en carne propia, aseguró que la tenacidad de quienes han sido parte de las demandas de las agrupaciones de derechos humanos tuvo grandes logros en avanzar para crear conciencia respecto de lo que significó la vulneración de derechos durante la dictadura. Sin embargo, señaló tajantemente que entre las tareas pendientes está conocer el presunto el rol de civiles en las violaciones a los DD. HH.

“Son muchas las tareas pendientes, porque un país que vive 23 años de transición, con 20 años de ellos por una coalición (Concertación) y luego con la Alianza (de derecha), creemos que ya es tiempo de empezar a vivir en una democracia verdadera, y eso significa que la deuda es enorme, porque durante estos largos años, al no tener en el centro los derechos de las personas, se acrecienta la injusticia, la deuda ha crecido demasiado, por lo tanto ya es tiempo de resolverlo”, sostuvo.

Junto a ello, la histórica dirigente afirmó que la consigna del “nunca más” es más fundamental que nunca. “Tenemos una tarea gigante, los violadores de los derechos humanos han envejecido, la demanda de verdad y justicia se tiene que materializar ahora, porque si no se nos va a pasar el tiempo y ellos van a morir de viejos, como lo hizo el dictador (Augusto Pinochet) en la absoluta impunidad.”

Volviendo al balance, Lorena Pizarro dijo que “el principal avance para la causa de la verdad, la justicia y la lucha contra la impunidad fue el remezón nacional este año en el contexto de la conmemoración de los 40 años del golpe. Esto no se dio en forma mágica, esto tiene que ver con el entendimiento, nivel de conciencia y de conocimiento que tuvo la inmensa mayoría de la población de lo que fue el golpe, tiene que ver con que se ha avanzado y se ha materializado una lucha demasiado larga, con poca voluntad política por parte de las autoridades para enfrentar el tema”.

En relación con los logros que esperan obtener el año que viene, con Michelle Bachelet a la cabeza de La Moneda, Pizarro aseguró que “esperamos que las voluntades políticas materialicen aquel derecho que está escrito y que Chile ha firmado en reiteradas ocasiones, sin duda que debiera ser distinto si no tenemos a la derecha en el poder, sin duda hoy hay que hacer lo que no se hizo en estos 23 años, tenemos toda la fuerza para demandar verdad y justicia”.

Agregó que “hoy resulta injustificable no avanzar en el enjuiciamiento de civiles y militares que están impunes, en terminar con el penal Punta Peuco, en terminar con la aplicación de la Ley Antiterrorista, en terminar con los presos políticos mapuches, tenemos toda la fuerza para demandar el respeto a los derechos humanos”.

Finalmente señaló que “todo lo que fue la planificación, la colusión genocida, toda esa desestabilización que se estableció en el gobierno de Salvador Allende para justificar el golpe, tuvo participación además de civiles chilenos y extranjeros, de destacados sujetos que han participado de la política y será el Poder Judicial el que tiene que investigar y desenmascarar aquella parte de la impunidad que hoy está presente en el país”.

A pesar de la lentitud de los juicios, la Justicia avanza. Esta semana, por ejemplo, ocho ex miembros del Ejército de Chile fueron condenados en primera instancia por los homicidios calificados de 14 personas en el llamado caso Caravana de la Muerte.

El juez Leopoldo Llanos impuso penas que van desde 3 a 15 años de cárcel a los ex militares, según su grado de responsabilidad en los asesinatos perpetrados el 19 de octubre de 1973 en Antofagasta.

Los sentenciados a 15 años y un día son Sergio Arredondo González, Marcelo Moren Brito, Juan Chiminelli Fullerton y Patricio Ferrer Ducaud.

Pablo Martínez Latorre fue condenado a cinco años y Pedro Espinoza Bravo, Luis Felipe Planco Gallardo y Emilio de la Mahotiere González a tres años.

Gonzalo Santelices Cuevas fue absuelto por falta de participación en los hechos.

La Caravana de la Muerte, uno de los casos de violaciones de los derechos humanos más emblemáticos en Chile, fue una comitiva militar dirigida principalmente por el entonces general Sergio Arellano Stark, que recorrió el país después del golpe militar del 11 de septiembre de 1973, ejecutando prisioneros políticos.

El fallo del juez Llanos determinó que el 19 de octubre, cuando la delegación de militares que se trasladaba en helicópteros llegó a la norteña ciudad de Antofagasta, el “oficial delegado (...) dispuso que 14 prisioneros políticos debían ser retirados de la Cárcel Pública (...) y trasladados a la Quebrada El Way”.

Agregó que una vez que se produjo el traslado, “los prisioneros fueron separados en grupos de tres o cuatro y llevados frente a un paredón (...) y ejecutados por miembros de la comitiva del oficial delegado y personal militar de la zona, mediante diferentes ráfagas de fuego, provenientes de las armas que portaban”.

Las personas fusiladas se encontraban procesadas por la Fiscalía Militar, sin que aún se hubiese dictado sentencia en contra de ellas.

Llanos ordenó que el Estado y los condenados deberán pagar indemnizaciones a los familiares de las víctimas por concepto de daño moral.