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En días sofocantes, con artefactos eléctricos quemados por la variación abrupta de la tensión y cortes de luz prolongados no es el mejor momento para tener paciencia en comprender qué está pasando en la distribución de electricidad en el área metropolitana. La bronca supera cualquier intento de explicación de funcionarios del Gobierno o de voceros de las empresas responsables de un servicio público esencial. Hace cinco años, en condiciones similares de altas temperaturas e interrupción de la prestación eléctrica, publiqué en el suplemento económico Cash del 6 de enero de 2008 “Saltaron los tapones”, describiendo que, independientemente del nivel de las tarifas “las compañías piensan que no es rentable, invertir para sostener un sistema eléctrico preparado para esos días de máximas temperaturas, cuando la demanda alcanza picos extraordinarios”. Se indicaba que los cortes durante esos días, como los de ahora, no fueron por imprevisión, sino por un esquema de negocios que tal como está definido no obliga ni alienta a realizar las inversiones necesarias para evitarlos. Se observaba que las empresas invierten lo indispensable para que el sistema siga funcionando al borde del colapso, sin margen para muchos días de picos demanda como en la actual ola de calor record. Y que el Estado regula, pero menos de lo que debiera. “Este modelo eléctrico tal como está diseñado no brindará respuestas a esa demanda creciente ni a los cambios en la pauta de consumo de la población”, concluía.

Daniel Azpiazu es un autor imprescindible para entender el proceso de privatizaciones en los noventa y el de la post-convertibilidad de servicios públicos básicos, y sus respectivas derivadas en privilegios, ganancias extraordinarias, debilidad regulatoria estatal y deficiente prestación. Junto a Nicolás Bonofiglio escribió “Nuevos y viejos actores en los servicios públicos. Transferencias de capital en los sectores de agua potable y saneamiento y en distribución de energía eléctrica en la post-convertibilidad”. En ese documento publicado por el Area de Economía y Tecnología de Flacso explican, entre otros, el caso Edenor. Entre mayo y septiembre de 2005, el grupo Dolphin le adquirió a Electricitè de France parte de sus participaciones directas y la totalidad de las indirectas en el paquete accionario de Edenor (65 por ciento), en 100 millones de dólares; al tiempo que asumió parte de la deuda de la firma que ascendía a 537 millones de dólares. Los nuevos dueños lograron reestructurarla con un ciento por ciento de adhesión y una quita del 44 por ciento.

Mencionan que los elevados niveles de endeudamiento con el exterior que presentaba la mayor parte de las distribuidoras eléctricas al momento de la sanción de la Ley de Emergencia Económica y las consiguientes dificultades por hacerle frente ante la pesificación de sus ingresos y el cuasi congelamiento tarifario tendió a convertir a la ingeniería financiera en uno de los más preciados atributos requeridos para superar la situación de insolvencia y crisis económica de muchas de estas firmas. Destacan que Edenor firmó un acta-acuerdo en febrero de 2006 (aprobado por sanción ficta en el Congreso de la Nación), donde obtuvo una suba de tarifas del 15 por ciento para los usuarios no residenciales –que no fue aplicada– y el compromiso de una revisión integral de tarifas para mediados del corriente año –que fue aplazada.

Azpiazu y Bonofiglio explican que el Grupo Dolphin (se convirtió en Pampa Holding en noviembre de 2005), además del control accionario de la mayor distribuidora de electricidad del país (Edenor), tiene una activa presencia en los restantes segmentos del sector eléctrico con participaciones accionarias en empresas de generación con centrales hidroeléctricas Los Nihuiles y Diamante, con centrales térmicas Güemes, Piedra Buena y Loma de la Lata, y en firmas de transmisión con Transener y Transba. De ese modo Pampa Holding se constituyó en uno de los actores centrales de la problemática energética del país. Esos dos investigadores plantearon el siguiente interrogante, que en ese momento evaluaban de difícil respuesta, “por lo menos con los elementos de juicio disponibles”: ¿El grupo Dolphin (Pampa Holding) tiene como objetivo estratégico de mediano/largo plazo mantenerse como un actor central en, por lo menos, el segmento eléctrico o, en su defecto, las acciones desplegadas se inscriben en una lógica estrictamente financiera donde, una vez, alcanzados los niveles esperados de revalorización patrimonial de las firmas controladas, el paso siguiente será la realización efectiva de esas ganancias financieras-patrimoniales?

Ahora, después de varios años con el mismo esquema de funcionamiento del sector, Edenor no ha logrado ni uno ni otro objetivo.

Ese mismo interrogante se extiende a Sadesa, los socios argentinos de Edesur. El grupo de control de la compañía que administra la distribución de la luz en la zona sur del área metropolitana es Endesa, controlada por la italiana Ente Nacional de Energía Eléctrica (ENEL), asociado con el grupo argentino Sociedad Argentina de Energía (Sadesa), integrado por las familias Miguens-Bemberg, Escasany, Reca, Caputo, Casas y Malbrán, que detenta el 27 por ciento de la compañía, adquirido a principios de este año a Petrobras por 35 millones de dólares. Endesa-ENEL y Sadesa, al igual que Pampa Holding, tienen inversiones en los otros dos eslabones del sistema energético. Los italianos, en las centrales Costanera, Dock Sud, Campana y Timbúes y El Chocón, y en la de transporte Yacylec, mientras que el grupo argentino controla las centrales Puerto, Mendoza y La Plata Cogeneración, e Hidroeléctrica Piedra del Aguila.

El antecedente del modelo previo a las privatizaciones permite entender un poco más la actual situación en el campo energético. La Argentina tenía un sistema energético integrado y centralizado, con dos grandes subsistemas, uno eléctrico y otro de combustibles. De un lado estaba Agua y Energía Eléctrica –que se asemejaba a una YPF de la energía eléctrica–, Hidronor (El Chocón) y Segba. Y del otro, YPF y Gas del Estado. Era un sistema que funcionaba, con sus más y sus menos, en forma racional. Con ese sistema, una vez que el país determinaba la proyección del consumo anual, se establecía primero la producción de energía con la hidroelectricidad, después con las usinas atómicas, después con el gas –que era menos contaminante y había muchas más reservas que en la actualidad– y finalmente con el petróleo. Y no había saldos exportables porque no había reservas suficientes, además de que se privilegiaba el abastecimiento interno. De esa forma se obtenía un desarrollo armónico del país, con el menor costo en cada una de esas fuentes energéticas y un cuadro tarifario más equilibrado que el actual, aunque con ciertas deficiencias. Esa organización se destruyó con las privatizaciones. Se cambió la racionalidad estatal por la irracionalidad del mercado, lo que hoy en parte se sigue padeciendo.

El esquema de intervención del kirchnerismo reunió voluntad política y urgencia económica, sin alterar el marco regulatorio de un sistema energético privatizado. No pudo o no quiso volver a integrarlo como antes de las privatizaciones. De algún modo Pampa Holding, Endesa-ENEL y Sadesa lo hicieron a menor escala con criterio privado. El Estado impulsó en cambio inversiones millonarias en generación y transporte, dejando vulnerable el frente de la distribución del área metropolitana, ciento por ciento en poder de grupos privados. Esas compañías no invirtieron en los primeros años de crecimiento económico y ante la presión gubernamental presentaron un programa conservador para acompañar la expansión de la economía y el consiguiente aumento de la demanda.

En una primera etapa, con la Ley de Emergencia Económica de 2002, se congelaron y pesificaron las tarifas. Las privatizadas, controladas por operadoras multinacionales, se opusieron a esa medida concurriendo al tribunal arbitral Ciadi, dependiente del Banco Mundial, para iniciar juicios millonarios contra el Estado argentino. A la vez, detuvieron sus inversiones presionando así para recuperar la dolarización de las tarifas, objetivo que no tuvo éxito. En una segunda instancia, el Gobierno comenzó la renegociación de contratos, que derivó en algunos casos en cambios de dueños en esas compañías, sin llegar a firmar nuevos convenios. Hubo una flexibilización de tarifas en los eslabones de grandes usuarios (productores e industrias) con la expectativa de impulsar un proceso de inversión. Pero se prolongó el congelamiento de las tarifas residenciales, lo que mantuvo la resistencia privada a desembolsar más recursos para invertir. El fuerte crecimiento económico empezó a mostrar un sistema energético bajo tensión, que abrió una tercera etapa en este proceso: el Estado salió a su rescate con inversiones canalizadas a través de diferentes fondos fiduciarios. En distribución, con el Fondo para Obras de Consolidación y Expansión de Distribución Eléctrica (Focede) durante este año. Esas vías de financiamiento (con cargos directos sobre la factura, deuda acumulada con los concesionarios privados y con fondos públicos) están revelando límites.

En ese escenario se mueve hoy el modelo energético, convertido en un híbrido donde el sector privado se dedica a la administración, operación y mantenimiento del servicio, mientras el Estado sin asumir el control de las compañías define tarifas, subsidios e inversión pública y privada. Si la intención no es multiplicar varias veces las tarifas, como resiste el kirchnerismo y demandan empresas con sus voceros mediáticos, la opción disponible, si el objetivo es superar estas situaciones críticas, es empezar a reconstruir un sistema energético estatal integrado y centralizado.

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