–¿Qué recordás de la granja?

–Fue lo más feliz. Era nuestra vida. Y mirá lo que hicieron ahora. Nada. A veces nos acordamos de lo que era la granjita y te querés matar.

Miguel Angel Báez tiene veinte años. A los ocho salió de la calle para vivir en la Granja y Huerta Educativa y Comunitaria de Benavídez, junto a otros pibes del barrio y cientos de chicos que asistían al lugar para aprender el oficio de trabajar la tierra, almorzar o tomar una leche caliente de merienda. Hasta que la gestión de Sergio Massa, intendente de Tigre y ahora diputado nacional, decidió desalojar el predio cedido por decreto municipal a Marcelo Barros durante la gestión del anterior intendente, Ricardo Ubieto (1999). Actualmente, el lugar está en ruinas, con los escombros y azulejos rotos de lo que fue un quincho que servía de merendero para los chicos. Página/12 reconstruyó la historia de este emprendimiento social en Benavídez, partido de Tigre, que contenía a cientos de pibes, muchos de los cuales volvieron nuevamente a la calle.

El desalojo ocurrió en junio de 2011, intervinieron más de 11 patrulleros, con integrantes de la Bonaerense y el COT, la policía municipal de Tigre, más una topadora que destruyó todo a su paso. Al año siguiente, Massa inauguró en el terreno contiguo un polideportivo, pero los pibes del barrio que antes iban a la granjita tienen vedado el ingreso. “En el poli no nos dejan entrar, nos cobran entrada. Acá jugábamos a la pelota cuando queríamos. Era nuestra vida, nuestro potrero. Ahora no tenemos nada”, narró Miguel Angel.

Los hechos

“Tenemos el agrado de comunicarle nuestro deseo de construir una granja educativa. De esta manera podremos trabajar con las instituciones educativas elaborando proyectos para promover el análisis del papel que las actividades humanas desempeñan. Este proyecto está dirigido a la comprensión de los procesos esenciales de la vida en la tierra.” El texto forma parte de la carta de presentación realizada por Marcelo Barros y Diego Puy al subsecretario de Coordinación de Benavídez y Dique Luján, el 5 de febrero de 1999, durante la intendencia de Ubieto. El 26 de agosto de ese mismo año, la Municipalidad de Tigre firmó la resolución 1528/99, que creó una comisión de vecinos integrada por Barros, Puy y Zulema Rojas para hacer uso del predio en cuestión, ubicado en la calle Perna y Godoy Cruz.

El 15 de abril de 2004, Ubieto firmó la ordenanza 2579/04, ratificada por el decreto 696/04, a partir del cual destinó a la Granja y Huerta Educativa y Comunitaria los predios tomados en posesión municipal por las resoluciones 1528/99 y 1163/02. Es decir, el usufructo de ese lugar tenía un aval legal.

La granja se montó a partir de las donaciones de empresas privadas y del municipio. La bomba y el alambrado fueron donados por Ford, la tierra para la huerta la entregó TBA, el motorrotador fue responsabilidad de Dow Agro Sciences, y la municipalidad donó la incubadora para los pollitos e instaló la bomba. Los animales eran propiedad de Barros. Llegó a tener siete caballos, seis vacas y ocho ovejas, más gallinas. La gestión de Ubieto le entregó un subsidio (2003-2005), primero de 100 pesos y luego de hasta 400 pesos. A cambio, tuvo que firmar un contrato como destajista, lo que implicó quedar registrado como empleado de la municipalidad, a pesar de que su emprendimiento era privado. Antes de la muerte de Ubieto, el municipio restringió la ayuda para la granjita, hasta que con la llegada de Massa, el trabajo comunitario de Barros comenzó a ser una molestia. El proceso de desalojo fue lento, casi una operación de pinzas.

El proyecto se hizo con la colaboración del programa PRO Huerta del INTA. La delegación Tigre del instituto estaba y está a cargo de Claudio Leveratto. “El año que asumió Massa, Leveratto se empezó a borrar de la granja. Antes iba todas las semanas con ingenieros del INTA, siempre con algún proyecto. Pero cuando llegó Massa, Leveratto quería ponernos un supervisor, o un director general de la granja. ¿Y para qué? Si nosotros estamos laburando gratis ¿nos va a poner un tipo que cobre cinco lucas? Le dije que donara esa plata para comprar comida”, explicó Barros.

Leveratto confirmó a Página/12 que intentó un acercamiento entre Barros y la municipalidad. “Como ellos cobraban un sueldo de la municipalidad, las autoridades consideraban que ese era un espacio de ellos. Hubo un momento donde el proyecto ya no era de Barros exclusivamente. El municipio se posicionó como que el proyecto era de ellos. Cuando vimos que la cosa se trababa, nos corrimos”, sostuvo Leveratto. Barros cobró el subsidio de la municipalidad entre 2003 y 2005. Ese es el período en que aparece registrado como empleado, bajo un contrato como destajista. La gestión de Ubieto primero y luego la de Massa pretendieron que “la granjita” pasara a ser un proyecto con el sello de la municipalidad. El primero que le “pidió” a Barros trabajar para la municipalidad fue Leveratto.

Después de los cruces con el representante del INTA, la municipalidad, representada por Mónica Neffke, actual subsecretaria de Legal y Técnica y ex empleada de la Anses, se presentó el 6 de mayo de 2008 en la granja y le quitó a Barros todas las donaciones que habían recibido desde 1999. Así consta en el expediente de desalojo Nº 51.350, que tramitó en el Juzgado Civil y Comercial Nº7 de San Isidro. El 10 de julio, Massa derogó el permiso de uso del predio y en octubre Neffke presentó la demanda para iniciar un juicio de desalojo.

“Lo que hacíamos nosotros les conviene al municipio y a la sociedad, les conviene a todos. ¿Cómo vas a romper eso? Lo que le molestaba era que rescatáramos a pibes que estaban en la calle”, relató Barros. Al sacarle todas las donaciones (la incubadora de huevos, el grupo electrógeno, el motocultivador, la fumigadora y otros elementos), la granja cayó en desgracia. Esa fue la estrategia del municipio para decir que el predio cedido a Barros había perdido el fin original. Ese fue el argumento esgrimido para iniciar el proceso de desalojo.

El desalojo

“Venían chicos de todos lados, hacían pan, tomaban la leche, merendaban. Llegaban desde San Justo, Pilar, San Isidro, Almirante Brown, San Miguel, José C. Paz. A veces trabajaban la huerta, se quedaban ahí todos los días, las madres no tenían para darles de comer, y algunos se quedaban a dormir. Yo amasaba el pan, hacia la comida, y a veces iba a buscar la mercadería. Después, desde los colegios mismos les impidieron venir acá. Los colegios cuando querían venir tenían que avisar a la delegación de Benavídez, cuando ya estaba (Pedro) Heyde como delegado. En la delegación ya le decían que no podían venir, les decían a los colegios que no llamaran más a la granja”, contó a este diario Paula Elcira Albornoz.

Pedro Heyde fue la segunda persona que intentó que el proyecto de Barros quedase bajo la bandera de la gestión Massa, actual delegado municipal de Benavídez. “Me decían que querían poner profesores de la municipalidad. Mientras que no tuviera que firmar nada como que quisieran quedarse con la granja, no tenía problemas. Pero la intención era otra. Después de mi negativa, vino el desalojo”, manifestó Barros. Heyde es dueño del periódico La Verdad y la Mentira de Benavídez, hizo campaña en contra de Massa hasta que se incorporó a la gestión hace cuatro años.

El expediente judicial dice, en boca de Neffke, que fue quien llevó adelante la demanda, que el predio estaba en desuso desde 2007, dando a entender que el proyecto ya no existía más. Lo curioso es que el legajo judicial no cuenta con material fotográfico para dar cuenta de esa situación. Era la palabra de la municipalidad contra la de Barros, quien no encontró abogado que quisiera hacerle frente a Massa.

“El proyecto nació como una mentira, tenían como mucho 25 chicos merendando. El Estado nunca tuvo la voluntad de hacerse cargo, ni con Ubieto ni con Ma-ssa. Por eso nosotros hicimos al lado el polideportivo”, argumentó Heyde.

–¿Les cobran entrada a los pibes del barrio? –preguntó Página/12 al funcionario.

–Olvidate, el que no puede pagar no paga, hay una cooperadora, nada más –respondió.

Hasta el 2003 habían pasado por “la granjita” 3000 chicos de escuelas públicas y comedores comunitarios. Así lo reconoció Leveratto en el boletín INTA Informa Nº 254.