Toda la prensa hegemónica y los “intelectuales bienpensantes” (como dice Alfonso Sastre) acusan al gobierno bolivariano de tiránico y totalitario por haber apresado a Antonio Ledezma, alcalde metropolitano de Caracas. Tuvo suerte este personaje, porque le hubiera ido mucho peor si lo que hizo en Venezuela –participar en una conspiración para derrocar por medios violentos al gobierno–, lo hubiese hecho en Estados Unidos. A continuación, algunos antecedentes de utilidad para contextualizar su detención y, de paso, la de Leopoldo López, otro que cuenta con iguales o peores antecedentes que Ledezma.

En efecto, la legislación de Estados Unidos considera como un crimen federal cualquier acto de un nacional que “organice, ayude o intente organizar una sociedad, grupo o conjunto de personas que enseñan, promueven o alientan el derrocamiento o destrucción del gobierno”. Para que se configure esta figura penal no es necesario que el plan urdido por los conspiradores sea llevado a la práctica. Basta con haberlo concebido. En virtud de esta legislación, en 1981 Oscar López Rivera –un líder independentista de Puerto Rico y veterano de la guerra de Vietnam– fue declarado culpable y condenado a 70 años de prisión por conspiración sediciosa y otros delitos. Después del primer atentado contra las Torres Gemelas, en 1993, las investigaciones condujeron a la detención de Omar Abdel Rahman –un no vidente clérigo musulmán, nacido en Egipto y residente en Nueva Jersey– y nueve otras personas, todas acusadas de “conspiración sediciosa” por estar involucradas en un plan supuestamente destinado a librar una guerra terrorista contra los Estados Unidos y su gobierno. Los inculpados no llegaron a concretar sus propósitos pero se los condenó por haber puesto en marcha un complot destinado a tal fin. La evidencia: se los sorprendió manipulando sustancias explosivas en un garaje de Queens. Pese a que el clérigo ciego mal podría haber participado en la preparación de las bombas que supuestamente se colocarían en las Torres Gemelas, fue acusado de ofrecer una justificación religiosa a los conspiradores. Todos fueron condenados en 1996 y a Rahman el juez Michael Mukasey le impuso una condena de prisión perpetua. Después de los atentados del 11 de septiembre del 2001 y con la aprobación de la Ley Patriota (Pub. L. Nº 107-56, 115 Stat. 272) se acentuaron las prerrogativas del Ejecutivo para perseguir a quienes el presidente considere han planeado, autorizado, ayudado a realizar o realizado actos hostiles o ataques en contra de Estados Unidos y su gobierno.

Ledezma apoyó abiertamente el golpe de Estado de abril del 2002 y luego el paro petrolero de 20022003. Fue un activo promotor y protagonista del “Plan Salida”, del 2014, cuyos desmanes y guarimbas sembraron la destrucción en el país y provocaron la muerte de 43 venezolanos. Y en los últimos días se involucró de lleno en la propuesta de “cambio de régimen”, abogando por el derrocamiento y reemplazo extraconstitucional del gobierno de Nicolás Maduro. Por su participación en el golpe del 2002 y el paro petrolero Ledezma estaría cumpliendo una condena de 20 años en los Estados Unidos, y no podría haber proseguido su carrera política como lo hizo bajo la “tiranía chavista”, como con evidente perversidad gustan decir él, Leopoldo López y Corina Machado. Curiosa tiranía esta que permite que conspiradores sediciosos actúen libremente, compitan por cargos públicos, dispongan de ilimitado acceso a la prensa y difamen a diario a las autoridades legítimamente constituidas del país, convocando a tales efectos la ayuda y el apoyo de terceros países, lo que en Estados Unidos agravaría las penas. La magnanimidad de la Revolución Bolivariana le permitió a Ledezma seguir disfrutando de todas las garantías del Estado de Derecho y, bajo ese amparo, promover arteramente la violación del orden constitucional. Esto no lo podría hacer hecho en Estados Unidos. Pero ya sabemos que Washington padece de esquizofrenia aguda: quien sería condenado por sedicioso puertas adentro se convierte en un heroico “combatiente de la libertad” cuando sus crímenes los perpetra contra un gobierno que no es de su agrado y al que trata de destruir apelando a cualquier recurso.