La Presidenta se refirió a la marcha del 18F y al debut del “Partido Judicial” en una extensa carta que publicó en las redes sociales.

”El verdadero hecho político e institucional de la marcha del 18F” fue “la aparición pública y ya inocultable del Partido Judicial” que “es opositor y destituyente del Gobierno” y busca constituirse en “un superpoder por encima de las instituciones surgidas del voto popular”, aseguró ayer la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en una nueva carta publicada a través de las redes sociales. Allí también aseguró que la movilización fue “lisa y llanamente opositora” y apuntó nuevamente contra los medios de comunicación que modificaron sus estimaciones de asistencia de la manifestación para darle mayor relevancia política. Por último también criticó al fiscal federal Gerardo Pollicita por su negativa a explicar en el Congreso su decisión de impulsar una investigación a partir de la denuncia que realizó Nisman por presunto encubrimiento del atentado contra la sede de la AMIA.

Una marcha opositora

La marcha del miércoles pasado tuvo un “objetivo oculto e implícito”, aseguró Fernández de Kirchner: “El 18F no es el homenaje a un fiscal, ni siquiera un reclamo insólito de justicia, sino el bautismo de fuego del Partido Judicial” que “debe aparecer con ‘respaldo masivo’ (no popular, concepto impensable para los que concurrieron al evento) que avale y dé aires de legalidad a cualquier mamarracho judicial, independientemente de lo que digan las leyes, los códigos de fondo y de forma y hasta la mismísima Constitución”, dijo, haciendo referencia a la andanada de decisiones procesales contrarias al Gobierno y a figuras del oficialismo que se sucedieron desde el jueves.

El 18F, al que “asistió todo el arco de partidos opositores y sus candidatos presidenciales, salvo las agrupaciones de izquierda, no fue para nada un acto de homenaje a una persona trágicamente fallecida, con la obvia excepción de sus familiares directos”, sostuvo la mandataria en otro pasaje del texto. A continuación, destacó la importancia de que “en la Argentina se puede disentir, se puede insultar al Gobierno y a la Presidenta y se puede marchar libremente”, lo que “no siempre fue así”. En ese sentido, trajo a colación “lo que les pasó a los que se les ocurrió disentir el 19 y 20 de diciembre del 2001, en la Plaza de Mayo”, en una movilización que acabó con “represión, más de 30 muertos, disparos sobre la multitud y estado de sitio”, sin que “a más de 13 años” haya “detenidos ni condenas por esos hechos” ejecutados durante el gobierno de Fernando de la Rúa.

CFK señaló que el miércoles pasado, por el contrario, “se pudo ver en vivo y en directo a dirigentes políticos riéndose a carcajadas y también a manifestantes llevando carteles con leyendas ofensivas e insultantes contra el Gobierno. Tampoco fue una marcha del ‘silencio’, porque el mismo fue sonoramente roto por un orador sindical integrante de una central obrera ferozmente opositora al Gobierno –agregó–. En definitiva: tanto en lo gestual como en las palabras y en lo ostensiblemente visible, el 18F fue decididamente una marcha opositora, convocada por fiscales y apoyada por jueces y todo el arco político opositor”.

Y remarcó que para cumplir ese objetivo de dotar de legitimidad al sector del Poder Judicial que pretende restringir mediante decisiones procesales la potestad de legislar y de gobernar del Ejecutivo y el Legislativo, era necesario mostrar un “respaldo masivo” a la convocatoria de los fiscales: eso se vio reflejado en las coberturas de los medios de comunicación opositores, que inflaron las estimaciones de asistencia hacia arriba (ver aparte): “La última marcha de protesta contra el Gobierno siempre va a ser la más numerosa. El problema es que ya van por 400.000, así que me juego que la próxima es un millón”, se permitió una ironía la jefa de Estado.

El nuevo ariete

El Partido Judicial cumple la función de un “nuevo ariete contra los gobiernos populares, que suplanta al partido militar en el rol que, en el trágico pasado, asumiera respecto de gobiernos con legalidad y legitimidad democrática”, continuó la Presidenta. “Ya no se trata de golpes violentos que interrumpen el funcionamiento de las instituciones y de la Constitución” sino que, en una “modalidad más sofisticada” los jueces “articulan con los poderes económicos concentrados y fundamentalmente con el aparato mediático monopólico, intentando desestabilizar al Poder Ejecutivo y desconociendo las decisiones del Legislativo” hasta constituirse en lo que llamó “un superpoder por encima de las instituciones surgidas del voto popular”.

Este espacio está “integrado por grupos de jueces y fiscales vinculados y promocionados por los grandes medios y grupos económicos” entre los que hay “defensores de las leyes de la impunidad para los crímenes del terrorismo de Estado durante la última dictadura, otros ex funcionarios políticos de la década del noventa y casi todos de aceitada articulación con las conducciones subterráneas desplazadas de los organismos de Inteligencia”, agregó CFK. Lo que hacen es funcionar “como armadero de causas”, al mismo tiempo que “cajonean otras”, explicó, poniendo una larga serie de ejemplos de ese modus operandi, en el que lo político prima sobre lo jurídico.

“Es el que llama a indagatoria al ministro de Justicia media hora antes de que la Cámara de Diputados comience el tratamiento del nuevo Código de Procedimiento Penal”; pide “indagatoria a la procuradora del Tesoro cuatro días después de que se presenta en el expediente donde se tramita la descabellada denuncia del fiscal Nisman, con un escrito de 60 páginas y prueba documental que da por tierra” con esa denuncia; “cajonea causas de lesa humanidad como la de Papel Prensa, con increíble cantidad de prueba documental y testimonial” contra los dueños de Clarín y La Nación. “¿Será cierto que el juez de la causa, Dr. Ercolini, asistió a la marcha, tal como informan algunos diarios? Pienso que no. Ya sería demasiado”, agregó.

También denunció que “el Partido Judicial no toma ninguna determinación y ‘duerme’ la causa sobre lavado de dinero denunciada por Hernán Arbizu, ex vicepresidente del JP Morgan en la Argentina”, que también alcanza al Grupo Clarín; “que aún no permite que se aplique la ley de medios, declarada constitucional por la Corte Suprema, a través de una sucesión infinita de medidas cautelares”; que “ha generado el ‘derecho cautelar delivery’ o el ‘forum shopping’; que “pide la indagatoria del fiscal Dr. Gonella, que investiga lavado de dinero y narcotráfico, haciendo lugar a una denuncia hecha por una jueza que es pareja del narcotraficante Valentín Temes Coto, condenado a 20 años de prisión por contrabando de tres toneladas de cocaína”.

Por último, criticó la denuncia sobre la firma Hotesur, vinculada con la familia Kirchner, investigada por el juez Claudio Bonadio (al que no mencionó directamente), que es accionista de empresas que “tienen las mismas faltas administrativas que las acusadas”; el acoso “en forma nunca vista” sobre el Ministerio Público Fiscal; y la decisión que “por primera vez en la historia” declaró inconstitucional “un tratado internacional firmado por el gobierno nacional y ratificado por el Parlamento, en ejercicio de facultades constitucionales que son exclusivas y excluyentes de ambos Poderes”.

Ese Partido Judicial, agregó la mandataria, que “no va a elecciones”, cuyos miembros “no pagan impuestos” y “tienen sus funciones y prerrogativas de por vida (y “en algún caso están por cumplir un siglo”, agregó, refiriéndose al juez de la Corte Suprema de Justicia Carlos Fayt) es el que está detrás de la “inédita convocatoria” del 18F, “algo realmente tan insólito como sería una convocatoria de ministros del Poder Ejecutivo reclamando una mejor ‘gestión de gobierno’”. Además, agregó, dos de los organizadores de la marcha “fueron acusados por familiares de las víctimas de obstaculizar la causa AMIA y la tarea del propio Nisman”, mientras que otros dos fueron denunciados por un medio español en torno de “su vinculación con barras bravas y ‘sus negocios’” en Boca Juniors, club “que en los hechos comanda” el candidato presidencial del PRO, Mauricio Macri. Los primeros aludidos son los fiscales Germán Moldes y Raúl Pleé, a quien corresponde junto a su colega Carlos Stornelli la segunda de las referencias.

“No cualquier gobierno”

Por último, la Presidenta hizo énfasis en la decisión del fiscal Pollicita de negarse a concurrir al Congreso a explicar la denuncia por encubrimiento del atentado a la AMIA contra ella y el canciller Héctor Timerman. “En efecto, los titulares de las comisiones de Justicia, Relaciones Exteriores y Asuntos Constitucionales habían invitado al fiscal en virtud de que el nudo central de la denuncia es el Memorándum de Cooperación Judicial entre Argentina y la República Islámica de Irán con motivo del atentado de la AMIA, firmado por el Poder Ejecutivo y aprobado por el Poder Legislativo, por tratarse de un Acto Federal Complejo, que requiere para su perfeccionamiento la intervención de los dos Poderes”, recordó.

Para CFK, “resultan realmente sorprendentes, y una muestra más de cómo funciona el Partido Judicial, los motivos que alega el fiscal Pollicita para no concurrir al Congreso de la Nación a explicar una denuncia tan importante”, ya que “sostiene la necesidad del ‘secreto de sumario’” debido a que la investigación que lleva a cabo podría frustrarse en caso de que algunos detalles tomaran estado público. “¿Dónde estaba el fiscal Pollicita cuando el fiscal Nisman hizo un verdadero raid periodístico por TV, radio y diarios, dando pelos y señales de su denuncia? ¿O cuando decidió ir al Congreso invitado por la oposición? ¿Qué pasa con los fiscales del Partido Judicial? ¿Cuando los invita la oposición aceptan y cuando los invita el oficialismo lo rechazan?”, señaló.

Por eso, concluyó Fernández de Kirchner, “el Partido Judicial, además de ser partido, es opositor y destituyente del Gobierno”, pero “no de cualquier gobierno” sino del que ella encabeza, y enumeró los motivos por los que un sector de ese poder se opone a su gestión: es “el Gobierno de la Memoria, la Verdad y la Justicia” y el “de la derogación de la leyes de impunidad”; es “el gobierno que abrió todos los archivos y relevó a todos los agentes de Inteligencia para que hablaran sobre el caso AMIA” y “el único gobierno argentino que le reclamó en la ONU cooperación judicial a la República Islámica de Irán para el esclarecimiento de la causa”; además es “el gobierno que más recursos dio, económicos y humanos, a quienes investigan el atentado terrorista de la AMIA ocurrido hace 21 años, sin que haya un solo detenido, ni un solo condenado”.

Pero además de esas cuestiones, la Presidenta aseguró que la resistencia de los sectores de poder concentrado se deben a “la AUH”; la recuperación de “los recursos de los trabajadores de las AFJP”; “la mayor inclusión en materia previsional” y “la movilidad jubilatoria”; “los planes Pro.Cre.Ar, Progresar, Conectar Igualdad”; “la mayor inversión de los últimos 50 años en materia ferroviaria”. Tampoco le perdonan, aseguró, ser “el gobierno que desendeudó al país”, que “les pagó al FMI, al Club de París y se niega a pagar a los fondos buitre tasas usurarias”; ni ser “el gobierno que creó más de 5 millones de puestos de trabajo”, “reinstaló los convenios colectivos” y “volvió a hacer funcionar el Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil”.

Además, continuó, este gobierno llevó a cabo todos esos logros al mismo tiempo que lograba la reindustrialización del país con “los salarios más altos de América latina, nominalmente y en paridad de poder adquisitivo”; construyendo “las obras de infraestructura más importantes de los últimos 50 años”, entre las que están Yacyretá y Atucha II, eternamente postergadas. También destacó la construcción y el lanzamiento al espacio del primer satélite argentino; la renovación del Plan Estratégico Nuclear “con inversiones superiores a los 11.000 millones de dólares”; la repatriación de “más de 1000 científicos” con la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología; la apertura de “nueve universidades nacionales nuevas” en paralelo al “sistema nacional de becas con mayor inclusión de toda la historia”.

Finalmente, destacó la ampliación de derechos “con el matrimonio igualitario, con la igualdad e identidad de género”; el restablecimiento del Estatuto del Peón Rural y la inclusión del personal de casas de familia con todos sus derechos laborales y de seguridad social; la integración regional a partir del “NO al ALCA y SI a Mercosur, Unasur y la Celac”. Y por último destacó un dato que, a diferencia de los anteriores, no suele repetirse en sus discursos: “Aunque no lo creas –concluye la carta–, el gobierno que mayor presupuesto le ha dado al Poder Judicial”.