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A un año de su inicio, el histórico proceso de aproximación entre Washington y La Habana después de medio siglo de ruptura parece irreversible y profundamente transformador, aunque aún queden obstáculos a ser superados, señalan los analistas. El 17 de diciembre del año pasado los presidentes Barack Obama y Raúl Castro tomaron por sorpresa a todo el mundo al anunciar el fin de cinco décadas de desconfianza para recomponer sus relaciones diplomáticas, en una tentativa de recibió el aplauso y apoyo global. El proceso, que pocos creían posible, avanzó en el último año y los dos países ya tienen embajadas plenas en las respectivas capitales, pero la remoción de los escombros acumulados en medio siglo será una tarea ciclópea que tomará más tiempo, coinciden analistas. “Si se considera la inexistencia de relaciones bilaterales hace poco más de un año, el escenario actual representa un ‘cambio radical’”, dijo Peter Schechter, director del departamento de estudios latinoamericanos del Atlantic Council, un centro de análisis de Washington.

En la opinión de Schechter, aún se necesitarán cambios para profundizar el proceso, pero ahora las dos embajadas agendan un encuentro y dialogan, algo que era prácticamente imposible hace apenas doce meses. Para el abogado de origen cubano Pedro Freyre, “podrá aún haber divergencias, podrá aún estar vigente el embargo, pero es innegable que el escenario ahora es drásticamente diferente del que teníamos hace un año”. Sin embargo, sectores conservadores del Congreso estadounidense contrarios a cualquier entendimiento con Cuba dejaron claro que el poder legislativo no pretende desmontar el enmarañado legal del embargo a la isla, a pesar de las fuertes presiones de la Casa Blanca y sectores empresariales.

Para el economista Mark Weisbrot, del Centro de Investigación Económica y Política (CEPR), de Washington, todo el proceso es irreversible. “El Congreso podrá frenarlo, quizás, pero no detenerlo. Lo que impide la remoción del embargo es la decisión del opositor partido Republicano de darle a Obama una victoria en un año electoral”, sostuvo en tanto Schechter, quien, no obstante, señaló que la suerte del embargo es la historia de una muerte anunciada. “Esa política se va a morir un día”, consideró, sin arriesgar fecha tentativa.

Para Schechter, desde el inicio del proceso se tornó evidente que Washington quería avanzar de forma rápida y caótica, al tiempo que los cubanos indicaron que preferían avanzar de forma lenta y ordenada, y que la marcha de los avances será también resultado de esa dinámica. No obstante, Weisbrot señaló que existen otros factores internos en Estados Unidos que contribuyen a que la reaproximación y normalización de relaciones tenga su propio ritmo.

Por un lado, Schechter señaló que da la impresión de que la Casa Blanca no tiene el soporte pleno del Departamento de Estado en la iniciativa, y recordó que Obama avanzó secretamente en sus contactos con Cuba y solamente incluyó a la cancillería cuando el proceso ya estaba en marcha y era necesario formalizarlo. Por otra parte, apuntó Weisbrot, existe una enorme burocracia que es responsabilidad de los dos partidos o al mismo tiempo independiente de los dos partidos, y que tiene su propio paso y sus propios intereses, y esa burocracia está en el medio camino.

Freyre, a su vez, señaló un factor interno de Cuba y que para los interesados estadounidenses es un elemento fundamental: la posición formal a ser adoptada por el Partido Comunista Cubano en su próximo Congreso, en 2016. “En abril próximo se realizará el VII Congreso del Partido. Si el VI Congreso fue el que marcó una apertura, el próximo podría concentrarse en el repase generacional, pero será muy difícil evitar que se pronuncie sobre el nuevo escenario creado por esta reaproximación a Estados Unidos”, dijo.

En abril de este año, cuando los dos países ya estaban empeñados en un diálogo, Raúl Castro aseguró en Panamá que la fase actual era de restablecimiento de las relaciones, pero que la normalización sería un proceso mucho más largo y difícil. En esa puja, Cuba exige el desmonte del embargo de medio siglo, el pago de compensaciones por los daños causados por esa política, y una discusión concreta sobre la devolución del territorio donde está instalada la base naval estadounidense de Guantánamo, en el sureste de la isla. En contrapartida, Washington exige el pago de compensaciones por propiedades de estadounidenses expropiadas a principios de la década de 1960 y la implementación de reformas políticas en dirección hacia una apertura democrática.