Miles de trabajadores y estudiantes se manifestaron en unas 200 ciudades francesas contra el proyecto de reforma laboral del presidente, el socialista Francois Hollande. Las escenas de enfrentamientos entre policías y jóvenes marcaron esta jornada de protestas y huelga contra la conocida “ley El Khormi”, encarnada por la ministra de Trabajo, Myriam El Khormi. El texto rompe con la ley que fija en 35 horas el límite de la semana laboral, da prioridad a los acuerdos internos en las empresas en lugar de los sectoriales y facilita los despidos colectivos por problemas económicos en las empresas.

Los principales sindicatos y organizaciones estudiantiles mostraron así su disconformidad con el presidente galo, que afrontó la mayor protesta social registrada en el país desde que llegó al poder en 2012. En total, unas 30 personas fueron detenidas en todo el país, donde varios agentes resultaron heridos, blanco de los lanzamientos de piedras, latas de pintura y cócteles molotov, a los que respondieron con gases lacrimógenos y cargas policiales. El paro en numerosos servicios públicos y en los transportes contribuyeron a ofrecer una imagen de éxito a los convocantes, que aseguraron que 1,2 millón de personas salieron a las calles del país, más del doble que el 9 de marzo, pese a la desapacible jornada de lluvia. Síntoma del malestar que genera en la población francesa el proyecto de reforma de Hollande es que las manifestaciones se realizaron no sólo en las grandes ciudades como París, Lyon o Burdeos, sino que también se registraron protestas en pequeñas localidades. En algunas ciudades como Marsella, la actividad diaria fue perturbada gravemente. El subte no funcionó, solo uno de cada cuatro colectivos circuló por las calles y un tercio de los vuelos fue suspendido.

Casi 200 colegios secundarios permanecieron cerrados o bloqueados por los estudiantes, se anularon un 20 por ciento de los vuelos de uno de los dos aeropuertos parisinos, el de Orly, además de retrasos medios de hasta 70 minutos en los vuelos que se mantuvieron. También se suprimió el funcionamiento de una cuarta parte de los subtes de París y la mitad de los trenes regionales, interurbanos y de alta velocidad, aunque se mantuvieron los internacionales. En las rutas, en tanto, se acumularon casi 600 kilómetros de embotellamientos, un nivel similar a los días de mayor tráfico en las vacaciones de verano. Símbolo fue también el cierre de algunos monumentos, como la Torre Eiffel, el de pago más visitado del mundo, que se vio sin personal suficiente para garantizar la operatividad.

Según los responsables sindicales, la jornada de huelgas masivas volverá a repetirse si el gobierno no retira el proyecto, que debe ser aprobado a principios de mayo.

Los detractores de la reforma barajan la fecha del 5 al 9 de abril para incrementar el pulso contra el gobierno socialista, al que piden que dé marcha atrás, como el miércoles hizo Hollande con su también controvertido proyecto de reforma constitucional para luchar contra el extremismo.

A 14 meses de las elecciones, debilitado en las encuestas, el mandatario retiró esa medida al no contar con el suficiente respaldo parlamentario, lo que avivó la esperanza de los detractores de la ley El Khomri para que este sufra la misma suerte. Así lo hicieron saber los principales líderes sindicales del país, pero también responsables políticos de la izquierda radical, como los ex candidatos a presidente Jean-Luc Mélenchon u Olivier Besancenot. Eso, sin contar a diversos diputados socialistas del ala izquierdista del partido de Hollande, que también se oponen a una ley que consideran que beneficia a los patrones en detrimento de los trabajadores.

Pese a las protestas, el primer ministro, Manuel Valls, reiteró que el gobierno no retirará el proyecto de ley. Al contrario, el premier dijo que confía en que el Parlamento haga un texto “con buenas medidas”.

El Khomri sostiene que su ley favorecerá la contratación, en particular la indefinida, y rechaza que ataque los derechos de los trabajadores, sobre todo de los más jóvenes, protegidos según ella por la llamada “garantía juvenil”, que les asegura un subsidio. La ministra recordó que, a mediados de marzo, y tras una ronda de negociaciones con los sindicatos, Valls retiró uno de los artículos más contestados. Este apartado abarataba las indemnizaciones por despido fijando un máximo de 15 meses de salario para contratados con más de 20 años de antigüedad (ahora son entre 24 y 27 meses de sueldo). El nuevo texto señala que esos topes son solo una referencia para los tribunales laborales, pero no un corsé del que no pueden salir.

Para los sindicatos, las medidas contempladas en la reforma debilitan la posición de los obreros. En el caso de la disposición que le da primacía a las negociaciones en el seno de las empresas sobre los convenios colectivos, sostienen que de forma individual, los obreros tendrían menos fuerza para negociar con la empresa amparados por su gremio.