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Con un muerto, más de 40 heridos y 120 detenidos culminó la jornada de recuerdo de las víctimas del golpe militar del 11 de septiembre de 1973, que se prolongó hasta la madrugada de ayer. El acto principal de la conmemoración fue una marcha de miles de personas, que pasó junto al palacio de gobierno, donde murió el presidente Salvador Allende, y llegó hasta el cementerio. Entre las tumbas se organizó un acto contra el proyecto de indultar a militares condenados por violaciones a los derechos humanos.
La violencia se concentró en las cercanías del cementerio, donde grupos anarquistas se enfrentaron con la policía. Grupos de manifestantes quemaron neumáticos y armaron barricadas interrumpiendo el tránsito y cortaron la electricidad dejando amplias áreas de la capital chilena sin luz. Un grupo de unas 500 personas destruyó un consultorio de salud en Lo Hermida, en un acto calificado de “barbaridad” por el presidente Ricardo Lagos. Carabineros reprimieron las manifestaciones con gases y chorros de agua. Un joven de 16 años, Cristian Castillo, que estaba junto a una fogata fue alcanzado por una bala en el corazón, disparada por la policía, según sus parientes. Hubo otros cuatro heridos a bala en distintos lugares, tres de ellos carabineros.
Lagos encabezó el domingo en La Moneda una ceremonia en recuerdo a Allende, a la que asistió la viuda del ex presidente, Hortensia Bussi y su familia. Allende “vive en la memoria y el corazón del pueblo chileno”, afirmó Bussi. Hubo decenas de actos en numerosas ciudades del país. En Santiago, cientos de personas encendieron velas en recuerdo a las víctimas, frente a recintos usados para torturar a los opositores durante la dictadura. El ex dictador, Augusto Pinochet, permaneció en su domicilio. Tres manifestantes esperaron que saliera a saludar, como lo hizo el año pasado. “Pinochet está abandonado”, se quejó un diputado de derecha. El ejército realizó una ceremonia privada para recordar sus víctimas en el golpe.
El aniversario fue marcado por el debate que ocasionó el proyecto presentado por senadores de la derecha, al que se sumaron dos senadores designados por el gobierno para reducir las condenas a encarcelados por crímenes de opositores a la dictadura cometidos entre 1978 y 1990, el período que no cubre la amnistía. La iniciativa plantea que los condenados sólo cumplan 10 años de presidio por los delitos cometidos, salvo que su sentencia fuera inferior, y exime de sus beneficios a los que tuvieron responsabilidad directiva en los organismos represores. Según sus autores, el proyecto busca la reconciliación de los chilenos más de 30 años después del golpe, y equilibra los beneficios que han recibido personas condenadas por delitos contra los militares, incluso después del final de la dictadura. Lagos, quien a finales de agosto indultó al suboficial Manuel Contreras Donaire, condenado por el asesinato del líder sindical Tucapel Jiménez, respaldó abrir un debate sobre el tema. Para reforzar la idea del reencuentro de los chilenos, recordó que Allende, en su discurso final en La Moneda, cuando el palacio era atacado por los golpistas, sostuvo que “llegarán otros hombres para superar este momento gris y oscuro”.
Las organizaciones de las víctimas de la dictadura y los partidos de izquierda reaccionaron contra el proyecto porque se trata de delitos contra la humanidad y, como fueron perpetrados por agentes del Estado, no pueden equipararse con los que cometen personas. Entre los críticos estuvo la candidata a la presidencia de la coalición gobernante, Michelle Bachelet, que consideró inoportuna esta discusión en un período electoral. Bachelet había rechazado el indulto a Contreras, criticando la existencia de esta facultad presidencial. Ayer, Lagos cerró la puerta que había entreabierto, al coincidir con Bachelet que el momento no era adecuado para este debate, además de discrepar del proyecto mismo, porque terminaría beneficiando a altos mandos. “A lo mejor el momento es después de la elección. Me encantaría avanzar en esta dirección (de superar el pasado)”, sostuvo. Explicó que indultó al militar porque había obedecido órdenes, tenía más de la mitad de la pena cumplida y problemas de salud. El proyecto recibió el respaldo de la derecha, la Iglesia católica y dentro de la coalición gobernante, la Democracia Cristiana y está en trámite en el Senado.

* De El País de Madrid. Especial para Página/12.