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Jorge Colazo fue restituido, al menos por ahora, en su cargo de gobernador de Tierra del Fuego. Así lo dispuso el Tribunal Superior fueguino, que dejó temporariamente sin efecto la suspensión que la Legislatura local le había impuesto en simultáneo con la apertura del juicio político en su contra. La decisión judicial abrió un paréntesis al breve interinato que su archirrival, el vicegobernador Hugo Cóccaro, había empezado el último viernes y profundizó la crisis política en esa provincia: los legisladores opositores denunciaron un supuesto acuerdo entre la Justicia y Colazo, cuya restitución en el poder dio lugar a manifestaciones a su favor y también en su contra. La posibilidad de que se desate un conflicto de poderes alimentó las especulaciones en torno de una eventual intervención federal del distrito, aunque desde la Casa Rosada no se dio señal alguna al respecto.
El Tribunal Superior fueguino ordenó “la inmediata reposición” de Colazo en su puesto en respuesta a un recurso de amparo que el mismo gobernador promovió al ser suspendido, con el patrocinio del estudio del ex ministro de Justicia, Ricardo Gil Lavedra. Esa Corte resolvió también “suspender, por un plazo de tres días, todos los actos del procedimiento de juicio político que lleva adelante la Legislatura provincial” contra el mandatario hasta tanto el planteo de inconstitucionalidad de su juicio político que Colazo hizo el paralelo con el pedido de aplicación de la medida cautelar.
La resolución de Tribunal Superior de Tierra del Fuego a favor de Colazo fue unánime y la firmaron los tres jueces que lo integran: María del Carmen Battaini, Ricardo Klass y Mario Robbio, quienes en el mismo pronunciamiento explicaron que actuaron con premura por tratarse de “una cuestión de extrema importancia institucional”.
Colazo había sido suspendido por 60 días en su cargo de gobernador el último viernes. Por seis votos a uno la Sala Acusadora de la Legislatura fueguina dispuso ese día suspenderlo y avanzar con su juicio político. El cargo que se le imputa es mal desempeño de sus funciones por haber retenido presuntamente fondos de coparticipación del municipio de Río Grande y por supuestas irregularidades en la ejecución presupuestaria 2004. La suspensión se dio en el marco de la diputa que Colazo –un radical que se distingue de sus correligionarios por ser kirchnerista– mantiene desde el comienzo de su mandato con Cóccaro, un peronista que lo acompañó en la fórmula de una alianza que en su momento formaron la UCR u el PJ con la finalidad de derrotar al menemismo.
En el mismo momento en que los legisladores tomaron esa determinación, Colazo estaba en un acto en la Casa Rosada. Allí mismo analizó su caso con Néstor Kirchner y con el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, y decidió recurrir a la Justicia con el propósito de mantenerse en el cargo.
Después de pasar todo el fin de semana fuera de Tierra del Fuego, Colazo regresó ayer a Ushuaia y esperó en el aeropuerto de esa ciudad la notificación de la Justicia con la orden de que se lo restituyera en el cargo. “El tipo se creía Perón volviendo a Ezeiza en el ’73”, contó a Página/12 un ocasional testigo de la escena, a propósito de la movilización que a fuerza de aparato político le organizó su gente fuera de la terminal aérea para darle un tono triunfal a su vuelta.
Reinstalado en su sillón, Colazo manifestó haber sido “víctima de un juicio político fogoneado por unos pocos miembros de la Legislatura, en el que se vulneró el debido proceso legal”. La otra cosa que hizo fue firmar los decretos de destitución de los funcionarios designados por Cóccaro durante los tres días que duró su interinato y comenzó a preparar junto a sus operadores una ofensiva política con el objetivo de recuperar el terreno perdido. Al respecto, en su entorno adelantaron que se plantea convocar a las fuerzas políticas y autoridades provinciales a “firmar un acuerdo de gobernabilidad” hasta la finalización de su mandato, en 2007. Los opositores a Colazo, sin embargo, no muestran la más mínima intención de acercar posiciones con el gobernador. En Río Grande, de hecho, se armó en cuestión de horas una manifestación en contra de la decisión del Tribunal Superior y en demanda del “cumplimiento de la Constitución”. Y dentro del peronismo se desató una interna entre aliados a Colazo y fieles a Cóccaro que llegó incluso al Congreso nacional (ver aparte).
Aun cuando se mostraron dispuestos a acatar su decisión, quienes habían votado la suspensión de Colazo criticaron al Tribunal Superior. “La resolución plantea una colisión entre el Poder Judicial y el Legislativo”, advirtió Cóccaro. El también peronista Carlos Saladino fue más allá y sugirió la posibilidad de que exista un “cohecho entre el Gobierno y los miembros de la Corte” y adelantó que impulsará el enjuiciamiento de los magistrados que la integran.