Las primeras dos semanas de gobierno de Evo Morales estuvieron cargadas de gestos, más o menos simbólicos, para reforzar la idea de “vuelta de página” con la que la izquierda quiere comenzar su gestión. A las tres ceremonias de asunción –incluida la más ritual, en Tiahuanacu– le siguió el nombramiento de la ex empleada doméstica –durante 18 años– Casimira Rodríguez a cargo de la cartera de Justicia –“antes era un lugar sólo de abogados, ahora también estamos los movimientos sociales”–, la designación del ex cocalero Felipe Cáceres como nuevo zar antidrogas y de un indigenista “duro”, David Choquehuanca, a cargo de la Cancillería. “Los diplomáticos deberían hablar quechua o aymara”, dijo poniendo los pelos de punta de las exclusivas “elites” diplomáticas, a las que amenazó con cerrarles la Academia Diplomática “por ser excluyente”.

Además, el presidente Evo Morales cumplió con la rebaja de salarios –57 por ciento para el presidente, que ganará menos de 2000 dólares y 50 por ciento para los parlamentarios– e impuso un ritmo de trabajo marcial: entra al Palacio a las 5 de la mañana y, a veces, antes. Y, en un gesto inédito, llevará a vivir a la residencia presidencial de San Jorge al vicepresidente y a los presidentes de ambas cámaras para “trabajar 24 horas por día”. Por otro lado, Morales removió a toda la cúpula militar y se saltó dos promociones sospechadas de haber participado en la polémica entrega de 28 misiles chinos HN-5 a Estados Unidos; nombró a un activista de derechos humanos, Sacha Llorenti, como embajador en Washington “para traer a Gonzalo Sánchez de Lozada” (para que responda por los 60 muertos de octubre de 2003) y está preparando una ley de convocatoria de la Asamblea Constituyente que “garantice” mayoría para los movimientos sociales e indígenas para “refundar” Bolivia.

Sin embargo, no todo será una “taza de leche” ni un camino lineal hacia el cambio. Los pasos del nuevo gobierno muestran las dificultades para resolver la ecuación entre utopía y realpolitik que ya debieron enfrentar otros gobiernos de izquierda que quisieron “cambiar el mundo desde el poder”. Evo Morales, con la cintura negociadora desarrollada en su actividad como sindicalista cocalero, lo sabe bien. Además, los movimientos sociales y sindicales están lejos de la imagen idealizada con que por momentos se los ve en el exterior.

A modo de ejemplo: el nuevo ministro de Trabajo, Santiago Gálvez Mamani, es un obrero, dirigente de la Federación de Fabriles que está a favor del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Los fabriles realizaron incluso una masiva marcha, en alianza con los empresarios textiles el 23 de octubre pasado, que llegó hasta las puertas de la embajada estadounidense en reclamo de la firma del TLC, muchos de cuyos participantes provenían de la “combativa” ciudad de El Alto. Y, paradójicamente, el gobierno tiene como aliado “anti TLC” a un sector de los exportadores cruceños, principalmente de soja y, para consolidar esa alianza, se perfilan, por ejemplo, acuerdos con Venezuela y Libia para exportar soja y azúcar.

También el gobierno intentaría una alianza con sectores del capital “insolente”. La presencia en el gabinete del millonario “de izquierda”, Salvador Ric Riera, hijo de catalanes republicanos exiliados, iría por ese camino. Ric, que declaró un patrimonio personal de 40 millones de dólares, es un outsider entre las corporaciones empresariales cruceñas, y con su designación se busca, según una fuente cercana al gobierno, un acercamiento con sectores corrientemente perjudicados en las licitaciones financiadas por organismos financieros internacionales, por ejemplo, parte de la industria de la construcción made in Bolivia. También hay algunas “manchas” en el nuevo gabinete: uno de los ministros más cuestionados es el titular de Defensa, Walker San Miguel, “cupo” de alcalde paceño Juan del Granado, que se desempeñó como síndico de varias privatizaciones y parte del directorio del Lloyd Aéreo Boliviano, propiedad del empresario filomafioso Ernesto Asbún.

Para muchos, uno de los temas que definirá el rumbo del gobierno socialista será la licitación del Mutún –principal reserva de hierro y manganeso de Bolivia–, reclamada por los sectores empresariales cruceños y codiciada por varias empresas transnacionales. Morales se comprometió a dar luz verde a la licitación y sectores duros del gobierno como el ministro de Hidrocarburos, Andrés Soliz Rada, se opondrían, reclamando la modificación previa del Código de Minería. También se espera una definición sobre el tipo de “nacionalización” petrolera que impulsará la nueva administración.

La realidad es que, más allá del discurso soberanista del nuevo gobierno, muchos de sus proyectos deberán ser financiados por la cooperación internacional (“En mi viaje aprendí que ser un buen presidente es hacer buenos negocios”, dijo Morales a la vuelta de su gira mundial). Y el “capitalismo andino” propuesto por el vicepresidente Alvaro García Linera no deja de emparentarse al “capitalismo nacional” de antaño.