El Senado estadounidense votará hoy el extensamente debatido proyecto de ley sobre inmigración. Con la aprobación de una enmienda que castigará con multas de hasta 20.000 dólares a los que contraten a indocumentados, los senadores están listos para dar luz verde a un conjunto de medidas que abren la puerta de la legalización a millones de personas y que refuerzan la vigilancia en las fronteras.

Como dijo el líder republicano del Senado, Bill Frist, “el problema es demasiado grande, con millones de personas que pasan la frontera y con cientos que mueren cada año, y no podemos darle la espalda y no hacer nada”. Frist predijo una aprobación de la ley “no abrumadora, pero muy clara”. Lo difícil vendrá después, cuando se abra el proceso negociador para conciliar el texto con el que la Cámara de Representantes aprobó en diciembre, basado sólo en vallas y castigos y carente de fórmulas para resolver la situación de los 12 millones de indocumentados y ordenar el flujo migratorio. En el proyecto que se vota hoy se prevé la ampliación de las vallas hasta casi 600 kilómetros, la mitad de lo que figura en el texto de la Cámara, y el refuerzo de la vigilancia en la frontera, pero también un plan de legalización con condiciones del 80 por ciento de los indocumentados.

El asunto es complejo –aspectos de seguridad, económicos, xenofóbicos, etc.– y el debate está condicionado por las legislativas de noviembre. En los estados en los que la discusión está dominada por el miedo a la invasión de inmigrantes es difícil que los congresistas, republicanos y demócratas, eviten la demagogia. Sólo una intervención del presidente permitiría un compromiso, pero Bush –que simpatiza con la ley del Senado y que guiñó un ojo a los duros enviando 6000 soldados a la frontera– está en su peor momento.