Alvaro Uribe demostró ser a prueba de todo: escándalos de corrupción, presuntas vinculaciones con los paramilitares, elecciones fraguadas, la férrea oposición de las guerrillas, su controvertida e inapelable alineación con la Casa Blanca, su negativa a participar de los debates e “irregularidades” en las fuerzas militares, que van desde la tortura a soldados rasos hasta al dudoso asesinato de policías colombianos. A pesar de todo esto, los colombianos siguen considerándolo la mejor opción, por lo que el próximo domingo Uribe podría ser reelegido con un poco más del 54 por ciento. Su principal rival, el izquierdista Carlos Gaviria, no obstante, no pierde todavía la esperanza de forzar una segunda vuelta y, con ella, un frente opositor más amplio.

Este, definitivamente, no viene siendo un buen año para Uribe. En estos primeros cinco meses salieron a la luz más escándalos y denuncias que en los tres años y medio anteriores. Los últimos días no fueron la excepción. El martes pasado, diez policías antinarcóticos murieron en una ofensiva de militares colombianos al sudoeste del país. Ayer, los diarios locales resaltaban que casualmente se trataba de “los mejores” policías de esa área. Lo que en un principio fue calificado como “una falla” por el comandante del ejército, el general Mario Montoya, ayer fue puesto en duda por el propio vicepresidente, Francisco Santos: “Me parece muy grave, primero porque fue a plena luz del día; segundo, porque los señores iban identificados; tercero, porque no fue en un lugar apartado, sino a 500 metros de una carretera; cuarto, porque no quedó ni un sobreviviente”. Hace dos años, un episodio similar dejó siete policías y cuatro civiles muertos cerca de allí. Nunca se supo por qué dispararon los soldados.

Sin duda, el punto fuerte de la campaña y de la popularidad del presidente ha sido la desmovilización de gran parte de los grupos paramilitares. Este proceso es ampliamente criticado por los organismos de derechos humanos locales e internacionales y por la izquierda colombiana, porque implica una especie de amnistía encubierta. El gobierno de Uribe consiguió la adhesión de los principales “paras” –como se los conoce en Colombia– a partir de la aprobación de la Ley de Justicia y Paz, que brinda un resguardo legal a aquellos que opten por deponer las armas. Esto explica quizá por qué uno de los jefes paramilitares más temidos y que todavía no se ha desmovilizado, El Alemán, dijo el martes que Uribe es “uno de los gobernantes más patriotas” y llamó a apoyarlo el domingo.

Pero la conexión del uribismo con los “paras” es mucho más concreta. Meses atrás, durante la campaña para las elecciones parlamentarias –en las que el oficialismo reafirmó su hegemonía–, varios candidatos del Partido Conservador de Uribe tuvieron que ser expulsados de la lista electoral por sus comprobados vínculos con jefes paramilitares. Sin embargo, esta medida no fue suficiente para la oposición y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que lo continuaron tildando de “paramilitar”.

Tanto las FARC como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) no sólo han adoptado una postura inédita al no boicotear estas elecciones –a pesar de que las primeras no han cesado con los ataques a batallones o centrales de energía–, sino que además tomaron partido al instar por bloquear la reelección. “La guerra uribista no ha arreglado nada ni va a solucionar nada trascendente para el país, porque los incendios no se apagan con gasolina”, afirmaban las FARC en su último comunicado.