Cuando falta poco más de un mes para las elecciones de la Asamblea Constituyente, considerada por Evo Morales “de las más importantes de la historia”, la posibilidad de reelección del presidente –actualmente prohibida– ha comenzado a marcar el ritmo del baile preelectoral. La oposición de derecha rechazó de inmediato la iniciativa atribuida al actual mandatario indígena y apoyada por parlamentarios y candidatos del Movimiento al Socialismo (MAS). Jorge Lazarte, del centrista Unidad Nacional, opinó que los procesos de reelección siempre han concluido mal y señaló que siempre los gobernantes utilizan los resortes y recursos del Estado para ser reelegidos. En tanto, el postulante del MAS por Santa Cruz, Carlos Romero, declaró que se planteará la reelección “por las circunstancias que atraviesa el país, porque se requiere diseñar políticas públicas para reconstruir un Estado que ha colapsado y para eso se necesita una gestión de mediano plazo”.

Pese a estas declaraciones, fuentes del partido de gobierno indicaron a Página/12 que la propuesta masista hacia la Constituyente, que será difundida mañana en el acto de inicio de campaña en la región cocalera del Chapare, y que incluye el Estado laico y la posibilidad de revocar todos los cargos públicos por voto popular, no menciona la reelección del presidente. Más bien, la estrategia oficial parece consistir en esperar que la asamblea, en caso de ser hegemonizada por la izquierda indígena, como se espera, haga su “operativo clamor” para que Morales se postule a un segundo mandato que, en caso de triunfar, alargaría a diez años su permanencia en el Ejecutivo. La actual Constitución Política del Estado, en su artículo 87, señala que “el presidente puede ser reelecto por una sola vez después de transcurrido un período constitucional”.

Morales anunció ayer cambios en la Ley de Pensiones con participación activa de los sectores sociales, quienes elaborarán la nueva norma que sustituirá a la vigente impuesta por el Banco Mundial y el FMI. La ley ha sido resistida por los sectores sociales desde que se instauró, en 1996. La próxima semana se elaborará la propuesta que irá al Congreso.

Si antes de las elecciones de diciembre pasado los sectores acomodados temían un gobierno “débil”, que retrotrajera al país a los convulsionados años ’80, hoy opera el miedo invertido: que el indígena que mostró “mano dura” con todos los que intentaron presionarlo con medidas de fuerza en sus primeros cien días de gobierno (maestros, médicos, transportistas que no quieren emitir facturas, etc.) ahora intente perpetuarse en el poder. Y esa imagen es potenciada por la alianza estratégica que el gobernante está profundizando con Cuba y Venezuela. Esta noche arribará a La Paz Hugo Chávez, quien mañana se trasladará al Chapare para firmar acuerdos de cooperación en materia energética, cultura, deportes, microcrédito, producción y minería. También se incluye la elaboración de harina de coca en el marco del ALBA y el Tratado de Comercio de los Pueblos, visualizados como una alternativa a los TLC con Estados Unidos. Uno de los aspectos más importantes es el de la integración energética: el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Jorge Alvarado, adelantó que en el área de hidrocarburos se firmarán convenios para trabajar con Petróleos de Venezuela (Pdvsa) por más de 1000 millones de dólares. Esta cifra se acerca a los planes de inversión suspendidos por la brasileña Petrobras tras el decreto de nacionalización y su ocupación por las Fuerzas Armadas bolivianas. Con la estatización de las acciones de las petroleras capitalizadas en manos de AFPs, YPFB se transformó en la tercera petrolera del país, después de Petrobras y Repsol.

Ayer empezaron a circular afiches y remeras donde se ve a Fidel, Chávez y Evo con la leyenda “Juntos por la patria grande”. Y el acto de mañana en Shinaota, aunque sin Castro, parece generar más expectativa que la Constituyente. La experiencia venezolana parece primar: de lo que se trata es de constitucionalizar y “blindar” los cambios impulsados por el actual gobierno nacionalista.