Treinta y un mil paramilitares desmovilizados y desarmados. Este es el resultado del proceso de paz que el gobierno de Alvaro Uribe publicita, por ejemplo, en su visita de ayer a Washington. Pero nada es tan sencillo en Colombia. Paralelamente al proceso de desmovilización, aparecieron nuevos grupos paramilitares –hasta el momento 22– que buscan ocupar las zonas abandonadas por los ex paramilitares, especialmente en el este y el norte del país. Según un informe de la Junta Nacional de Inteligencia colombiana, estas nuevas bandas conformarían una tercera generación de paramilitares, integrada por al menos 2500 hombres armados. Página/12 analizó este fenómeno con dos analistas colombianos que explicaron que estos nuevos grupos armados comparten una buena parte de la estructuras financieras, políticas y militares de las viejas organizaciones paramilitares supuestamente desmovilizadas.

El “reciclaje para”, como lo denominó la revista colombiana Cambio en su edición pasada, tiene sus orígenes en la desmovilización de uno de los principales bloques de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en el nordeste del país, que tuvo lugar en enero del año pasado. La Organización de Estados Americanos (OEA) destacó por primera vez este fenómeno hace tres meses, marcando diferencias con los grupos paramilitares anteriores. “Ya no usan camuflaje, pero mantienen el control sobre la población civil de la zona. Y hasta realizaron un empadronamiento para imponer cuotas de producción de coca”, decía el informe. El director del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, Manuel Alberto Alonso, considera que, a pesar de estas diferencias, esta tercera generación de paramilitares no es totalmente autónoma respecto de su predecesora. “El reciclaje para es la reorganización de algunos mandos medios y combatientes de base de lo que eran las AUC, que estaban desmovilizados”, explicó el analista colombiano.

Estas nuevas estructuras, aunque copian algunos aspectos, no son iguales a las dos primeras generaciones del paramilitarismo. Según Alonso, la primera generación se caracterizó por tener un fuerte vínculo con el ejército nacional y ser un movimiento principalmente reactivo, es decir, que buscaba controlar territorios para frenar el avance de la guerrilla. La segunda generación, en cambio, actúa como un ejército independiente y su objetivo es expansivo, ya que aspira a alcanzar todo el país.

La tercera generación es más comercial que política, señaló Jesús Balbín, director del Instituto Popular de Capacitación (IPC). “Están ligados a la mafia y no tienen un elemento político fuerte, aunque discursivamente mantienen la lucha antiguerrillera”, afirmó el sociólogo colombiano. Alonso coincidió con esta interpretación. “El paramilitarismo está ligado al narcotráfico y al crimen organizado”, aseguró. En un estudio titulado “La infiltración urbana de los señores de la guerra”, el investigador de la Universidad de los Andes de Bogotá, Gustavo Duncan, ya anunciaba esta asociación entre la mafia y los líderes paramilitares. “La irrupción masiva de redes mafiosas en las ciudades sólo ha sido posible por el apoyo logístico, militar y financiero recibido por los grupos de autodefensa desde el campo”, sostenía Duncan ya en 2005.

Los vínculos con los negocios ilegales son unas de las tantas herencias que los nuevos grupos armados reciben de sus antepasados. Para Alonso, los elementos mafiosos de la llamada tercera generación de paramilitares demuestran que en realidad la desmovilización de los paras no afectó a esta estructura económica paralela. “Lo que se está viendo actualmente es la articulación en torno de estos negocios”, sostuvo. Human Rights Watch advertía de este problema en un informe de enero del año pasado. “Para que se produzca una desmovilización genuina, es esencial que el gobierno investigue y ataque la estructura, las fuentes de financiamiento y las históricas fuentes de apoyo político y económico de estos grupos”, cuestionaba la organización estadounidense.

Esta no es la única deficiencia del proceso de paz que dirige el gobierno de Uribe. El surgimiento de nuevos grupos armados dejó en evidencia las graves falencias del proceso de desarme. El gobierno confió en que los líderes paramilitares entregarían todos sus armamentos, pero algunos confesaron a los medios locales que se guardaron parte de su arsenal ante la incertidumbre que creó el fallo de la Corte Suprema colombiana de mayo pasado, que limitó sustancialmente los beneficios prometidos por el gobierno durante las negociaciones.

Los analistas colombianos consultados destacaron la ausencia de una política de reinserción social para los desmovilizados. Según Alonso y Balbín, esta debilidad explica el surgimiento de esta tercera generación de paramilitares. Por ejemplo, de los 31 mil desmovilizados, sólo alrededor de 1500 han recibido ofertas de trabajo. “El gobierno debería presentar un proyecto de reinserción claro y global. Más que continuar desmovilizando personas, habría que ayudarlos a insertarse positivamente en la sociedad”, sostuvo Balbín. Alonso es más pesimista. No cree posible abortar el surgimiento de esta nueva generación de paramilitares, aunque sí se podría atenuar su crecimiento. Según él, el problema de los paramilitares ya excede a los paramilitares, y cualquier plan de paz debe incluir además soluciones para la guerrilla, el narcotráfico y la marginalidad.