Después de 20 años, el ejército uruguayo reconoció que mató a más de una veintena de presos políticos que habían sido traídos al país desde la Argentina en el llamado segundo vuelo de la muerte en octubre de 1976. Lo reconoció el comandante en jefe del ejército, Carlos Díaz, a Tabaré Vázquez, según informó el secretario de la Presidencia, Gonzalo Fernández, el martes a la noche. Según publicó ayer el diario uruguayo La República, el jefe castrense no especificó la identidad de los detenidos, ni cuántos había. Tampoco detalló cómo ni cuándo los mataron, ni dónde enterraron sus cuerpos.

El informe de Díaz confirmó lo que ya había revelado la fuerza aérea, el año pasado en uno de sus informes sobre los crímenes ocurridos durante la dictadura. El arma dirigida por el teniente general Enrique Bonelli había afirmado, en agosto del año pasado, que dos vuelos clandestinos habrían trasladado prisioneros políticos desde el aeropuerto Jorge Newbery al de Carrasco, en la otra orilla del Río de la Plata –incluso, Bonelli admitió haber viajado como copiloto en el primero–. “Me imagino que la Fiscalía pedirá que se cite a Díaz y a los otros miembros del ejército involucrados para que expliquen por qué no hablaron el año pasado cuando la fuerza aérea reveló que había habido un segundo vuelo”, pronosticó uno de los coordinadores del Serpaj uruguayo, Guillermo Paysee, en diálogo con este diario.

El defensor de derechos humanos recordó que en el informe entregado por Bonelli se aseguraba que, luego de aterrizar en Uruguay, la fuerza aérea había dejado a los prisioneros en manos del ejército. La fuerza dirigida por Díaz no lo mencionó en ninguno de los informes que le entregó a la Presidencia. Ahora, casi un año después, el jefe del ejército decidió reconocer la masacre de “entre 21 y 23 prisioneros”. Pero la información llega con cuentagotas cuando se trata de los militares uruguayos. Díaz sólo le dio un “informe oral” a Tabaré, en el que básicamente reconoció el vuelo, dio un número aproximado de los pasajeros y confirmó que todos están muertos. El jefe militar, según Fernández, se comprometió a dar más detalles en un informe escrito, aunque no se sabe cuándo lo entregará.

Los efectos judiciales del reconocimiento de esta masacre no sólo alcanzarán a los sectores castrenses. El abogado defensor de dos militantes de izquierda desaparecidos y que, presuntamente, habrían estado en el segundo vuelo clandestino que partió de la Argentina destacó la responsabilidad que les cabe a los gobiernos democráticos anteriores. “Es obvio que todo esto se sabe y es obvio que está en silencio. De modo que sigue siendo encubrimiento en la medida en que no aparezcan las 210 personas que permanecen desaparecidas”, le dijo el abogado Pablo Chargoñia al diario La República. Para Paysee el reconocimiento de esta responsabilidad política también es importante. “Ha habido gobiernos que no han investigado ni procesado a aquellos que hicieron posibles hechos como el de 1976”, afirmó el dirigente de Serpaj.

Para Paysee, la existencia de los vuelos es una prueba más de que las dictaduras de la región actuaron en forma coordinada para secuestrar y asesinar. El traslado de prisioneros políticos de un aeropuerto federal argentino a uno uruguayo no sólo confirma el Plan Cóndor, sino que además demuestra que las máximas autoridades de los países estaban al tanto de lo que sucedía. Por eso el Serpaj, junto con otras organizaciones de derechos humanos, presentó una denuncia en mayo pasado contra los mandos militares, civiles y policiales del gobierno dictatorial. Esta causa permitirá, por primera vez, llevar a los dirigentes políticos y castrenses del período de facto ante la Justicia.