Desde Santiago, donde espera se resuelva la demanda de la Justicia peruana para extraditarlo, el ex presidente Alberto Fujimori (1990-2000), mueve sus fichas en Lima para negociar su impunidad por los delitos de corrupción y violaciones a los derechos humanos de los que está acusado. Y ha ganado terreno. Los doce congresistas que ha colocado en el Parlamento le han dado esa capacidad negociadora. Por ahora, Fujimori parece tener razones para respirar más tranquilo. Es que el proceso anticorrupción, iniciado el año 2000 luego de su caída, ha sufrido en las últimas semanas una sucesión de duros golpes que amenazan su continuidad.

Desde que asumió el poder, en julio último, el presidente Alan García, que en la segunda vuelta de las elecciones recibió el apoyo de Fujimori, no ha hablado una sola vez de la extradición del ex presidente. El tema ha desaparecido de la agenda del gobierno. Pero no sólo hay silencio del lado del oficialismo, también hay acciones que apuntan en la dirección de terminar con el proceso anticorrupción. El gobierno ha descabezado la Procuraduría Anticorrupción y ha nombrado nuevo procurador a un cuestionado personaje, Carlos Briceño, que hace unos días debutó en el cargo nada menos que asegurando que los cuadernillos de extradición de Fujimori están mal elaborados. Una declaración que la defensa de Fujimori fue la primera en celebrar.

Iván Montoya, el procurador adjunto que estaba encargado del proceso de extradición de Fujimori, ha renunciado denunciando que el gobierno de García no tiene interés en la extradición de Fujimori. De otro lado, el gobierno ha desactivado dos organismos estatales que tenían como objetivo apoyar el proceso de extradición. En el Congreso, el oficialismo, junto a la derechista Unidad Nacional, ha respaldado al abogado de Fujimori, Rolando Souza, para que asuma la presidencia de la Comisión de Relaciones Exteriores, y a Keiko Fujimori, la hija del extraditable ex presidente, para que presida la Liga Parlamentaria de Amistad Perú-Chile. Dos cargos desde los cuales el fujimorismo busca influir para evitar que Chile otorgue la extradición de su líder. El gobierno peruano se ha desentendido del asunto argumentando que es un tema exclusivamente judicial y no lo ha planteado durante los diálogos diplomáticos con el gobierno de Chile.

“Decir que la extradición de Fujimori es un tema exclusivamente judicial en el cual el gobierno no debe intervenir, como señala el actual gobierno, es una falacia. Si la extradición no es impulsada activamente por el gobierno la perderemos”, advierte Antonio Maldonado, ex procurador anticorrupción, que abandonó el cargo, denunciando falta de apoyo, luego de iniciado el nuevo gobierno de García. “La extradición de Fujimori era de altísima prioridad hasta el 28 de julio (día del cambio de gobierno). Con esa prioridad se reivindicaba el deber del Estado de castigar la corrupción y las violaciones a los derechos humanos. Ahora la extradición de Fujimori ha dejado de ser una prioridad”, denuncia Maldonado.

“Es evidente que el gobierno quiere detener la lucha anticorrupción y establecer una cultura de impunidad. Al fin y al cabo, García ha logrado salvarse de los juicios en su contra (por corrupción y violaciones a los derechos humanos, igual que Fujimori) por vicios de forma en los procesos que anularon el fondo y por la prescripción de los delitos. Me pregunto si en este ambiente contrario a la lucha contra la corrupción no sería mejor que Fujimori fuera expulsado a Japón por unos años más en lugar de ser traído al Perú”, le dijo a Página/12 el periodista Gustavo Gorriti, columnista de la revista Caretas.