Mientras se daban los primeros pasos más o menos firmes hacia la distensión del conflicto en Oaxaca, mediante el diálogo entre la Asamblea Popular de Pueblos de Oaxaca y la Secretaría de Gobernación, un profesor fue asesinado la noche del jueves y se registraron enfrentamientos en algunos municipios del Estado.

El jueves por la noche, parecía que por primera vez en meses de negociaciones las partes se acercaban a un acuerdo: la Secretaría de Gobernación ofreció remover a la procuradora de Justicia y al jefe de la policía de Oaxaca –que “no garantizan” la seguridad de la APPO– a cambio de que el movimiento entregue de forma simbólica la capital del Estado, permitiendo el libre tránsito de las personas y devolviendo edificios públicos y privados que mantienen en su poder, sin cancelar su derecho a manifestarse sin afectar a terceros.

También tendría que permitir el relevo de la policía estatal por elementos de la Policía Federal Preventiva –integrada mayoritariamente por ex militares–, la cual quedaría bajo el mando civil de un subsecretario de Gobernación. Y lo más importante: Gobernación canalizaría al Senado de la República y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la demanda central de los manifestantes: la desaparición de poderes en Oaxaca, que implicaría la remoción del gobernador priísta Ulises Ruiz.

La APPO y los maestros de la sección sindical 22 calificaron la oferta como un “cambio de actitud” de las autoridades federales, que habían sostenido a toda costa al gobernador Ruiz. Sin embargo, el oficialista Partido Acción Nacional le ha dejado claro al gobierno de Vicente Fox que la salida de Ulises Ruiz es el “costo menor” para solucionar un conflicto que mantiene a Oaxaca en la absoluta ingobernabilidad desde hace más de cuatro meses. De ser así, Gobernación operaría políticamente para allanar una salida constitucional al conflicto que ha postrado a Oaxaca desde hace más de cuatro meses. La APPO ofreció dar respuesta el próximo lunes al nuevo ofrecimiento federal, pero anunció que no retiraría de la mesa de negociación su demanda principal. Ese mismo lunes arribarán a la Ciudad de México más de 3 mil manifestantes que marchan a pie desde hace días desde Oaxaca.

Pero también pareciera que hay quienes no desean una solución pacífica, y mientras una parte de la iniciativa privada y del priísmo local insiste en que el gobierno federal debe ordenar una intervención militar, algunos operan para sabotear las negociaciones mediante la provocación de enfrentamientos en el municipio de Salina Cruz y en la capital del Estado, donde fueron agredidos varios maestros. Ayer, un comandante policíaco fue retenido por opositores en el municipio de Zaachila, cuando encabezaba un operativo con 100 elementos para recuperar el Ayuntamiento de ese lugar, que se encuentra tomado desde el pasado 7 de julio. La emisora de radio La Ley, ocupada por la APPO desde hace meses y desde la cual transmite información y arengas, comenzó a recibir interferencia desde la tarde del jueves, y su señal ha dejado de escucharse en varios puntos de la capital y del Estado.

El más cruento suceso fue el asesinato del profesor Jaime René Calvo Rendón, un disidente del magisterio que fue degollado la noche del jueves cuando se dirigía a una asamblea de maestros que se opone al movimiento de la sección 22. La APPO se deslindó de este crimen y aseguró que era parte de un complot orquestado por el gobierno estatal para sembrar el terror entre la población de Oaxaca y forzar la represión militar. Ayer denunció que el gobernador Ruiz habría contratado a sicarios para ejecutar a líderes del movimiento, exacerbar la ingobernabilidad y justificar la intervención de fuerzas federales.

En cualquier caso, los días parecen contados para el gobernador Ulises Ruiz, quien parece haber perdido el apoyo del gobierno panista de Vicente Fox y luce como pieza sacrificable para no heredar una crisis a su sucesor Felipe Calderón. “El gobierno federal no apuntala al gobernador, no puede. Nosotros no vamos a apoyarlo, vamos a apoyar a la ciudadanía”, dijo el secretario de Gobernación, el ultraconservador Carlos Abascal, a los dirigentes de la APPO y del magisterio en el encuentro a puerta cerrada del pasado jueves.