Miles de trabajadores uruguayos salieron a la calle ayer para defender al gobierno uruguayo del embate opositor que significó la huelga de tranporte que arrancó ayer. Se trató de la primera manifestación masiva en la historia de la central obrero uruguaya PIT-CNT a favor de un gobierno y durante cinco horas paralizó al país con proclamas en contra de “la amenaza golpista de la derecha” y a favor de las “medidas de distribución de la riqueza, como la rebaja del boleto escolar”. Así la central sindical cumplió con la promesa que había hecho el lunes de respaldar al gobierno en la puja con los sectores económicos concentrados. La consigna fue unánime: “No hay que ceder al chantaje de las patronales”. El paro no fue apoyado sólo por los sindicalistas. Legisladores del FA, como el senador Rafael Michelini; el secretario general del Partido Socialista, Eduardo Fernández, y autoridades de la Universidad de la República también participaron de la marcha que terminó con un acto frente al Congreso. La movilización estuvo acompañada por un paro nacional que tuvo un acatamiento casi total en los servicios públicos, algunas industrias y el sector de educación.

Al cierre de esta edición, el diálogo entre el gobierno uruguayo y las empresas de transporte de carga pendía de un hilo. Después de todo un día de reuniones y de tires y aflojes, Tabaré Vázquez aprobó una propuesta para terminar con el paro de camioneros que amenaza con estrangular el abastecimiento de bienes tan esenciales como combustibles y alimentos perecederos. Les propuso aumentar el porcentaje deducible del IVA del actual 7,9 por ciento al 8,2 por ciento. Con esto, el oficialismo busca contrarrestar el efecto que tuvo sobre el sector empresarial el incremento del precio del gasoil, recientemente aprobado para financiar un subsidio al transporte público. Anoche, los transportistas se encontraban reunidos intentando decidir qué responderán. Si aceptan la oferta, podrían suspender el paro mientras continúan las negociaciones hoy. Pero si la rechazan, el Ejecutivo decretará la esencialidad de los servicios, aunque todavía no determinó cuáles serán. Según altas fuentes del Ministerio de Transporte, esto podría significar que “el gobierno tendrá que poner empleados públicos e, incluso, policías a conducir los camiones para asegurar el funcionamiento de los servicios”.

El desabastecimiento se empezó a sentir ayer. La escasez de combustible fue el primer síntoma del paro de camioneros que comenzó el lunes pasado. En Montevideo, las estaciones de servicios temían quedarse sin nafta hoy a la noche, si la medida de las empresas de transporte de carga continuaba. En las zonas rurales del interior, lo que más faltaba, en cambio, era el gasoil. Según el presidente de la empresa petrolera estatal Ancap, Daniel Martínez, la expectativa alrededor de la huelga provocó que todos los automovilistas llenaran su tanque, lo que aceleró el proceso de desabastecimiento, especialmente en las ciudades. Sin embargo, todavía no se veían largas colas en las estaciones de servicios, una imagen que el gobierno del Frente Amplio (FA) quiere evitar.

Y como quiere evitarlo, ayer gran parte de la primera plana del gobierno estaba dedicada a encontrar una solución. Era imposible llevar cuenta de todas las reuniones que se realizaban en los ministerios y en la propia Casa de Gobierno. El presidente con Martínez, el titular de Ancap; las empresas de transporte de carga con legisladores oficialistas primero y con las autoridades del Ministerio de Transporte después; e importantes funcionarios de la cartera de Economía que se reunieron intermitentemente durante todo el día para buscar un lugar intermedio entre las demandas de la empresa y los cambios que vino realizando el gobierno.

El paro de los camioneros, que al cierre de esta edición ya llevaba casi dos días, fue la reacción de las empresas de transporte de carga al decreto presidencial para subir el precio del gasoil. El aumento producirá un fondo de 20 millones de dólares que estará destinado a financiar el nuevo subsidio del Estado al boleto de colectivo, un medio de transporte utilizado por un millón de uruguayos. La decisión, que emula a la política transportista en la Argentina, instantáneamente cayó mal a las empresas de camiones y a los productores agropecuarios, que incluso ya pedían una baja en el precio del combustible.

Tanto la Intergremial de Transporte Profesional de Carga Terrestre de Uruguay como la Asociación Rural ya estaban descontentas con el proyecto de reforma tributaria que Vázquez había enviado al Congreso y que actualmente está siendo tratado. Este nuevo marco legislativo homologará los aportes patronales de todos los sectores, lo que significará un aumento para las empresas de transporte de carga y también para los productores agroganaderos. En diálogo con Página/12, el presidente de la Asociación Rural, Fernando Matto, explicó que aunque no adhieran al paro de los camioneros, sí comparten sus demandas. Y advirtió: “De no contemplarse nuestras propuestas y continuar el diálogo inconducente con el gobierno, podríamos reiterar la gran movilización de 1999, cuando 30 mil productores marcharon a la capital”.

Hasta ahora, la situación más crítica se vivió en el puerto de Montevideo. Treinta camiones bloqueaban la salida de camiones, que debían trasladar unas 600 toneladas de pescado. La mercadería se había ido acumulando desde el día de ayer, cuando tampoco habían podido sacarla de la terminal. “El tema es grave, hay cargas de pescado a la espera de ser evacuadas del puerto y no pueden ingresar camiones frigoríficos o con hielo, porque el espacio para maniobrar es reducido”, explicó el vocero de la Administración Nacional de Puertos (ANP), Arturo Bustamante. Según recordó, nunca antes una huelga había puesto en peligro las mercaderías perecederas.

En el otro lugar donde se sintió la medida de fuerza de las empresas de transporte de carga fue en el Mercado Modelo –la versión uruguaya del Mercado Central–, en donde se registró ya desde temprano un leve desabastecimiento de frutas y verduras. Esto se debería no sólo al paro de los camioneros, sino a los piquetes que, según algunos medios uruguayos, estaban realizando los transportistas movilizados en las rutas nacionales. Aunque la situación todavía no alcanzó un nivel crítico, el gobierno sintió ayer más que nunca esa sensación de acoso que viene denunciando en los últimos días. Al paro de los camioneros se le suman las presiones y las advertencias de los grandes productores rurales, el principal grupo económico del país. Como si esto no fuera suficiente, hace varios meses que Vázquez y su gabinete están intentando solucionar un conflicto salarial entre las empresas y los trabajadores de los sectores lácteo y bebidas. Esto lleva a huelgas intermitentes, que frenan muchas veces los suministros y crean desabastecimientos leves pero recurrentes.