La ministra de Economía, Felisa Miceli, cuestionó ayer duramente a las prepagas que el lunes anunciaron aumentos de entre 20 y 23 por ciento en la cuota de sus afiliados. “No vamos a permitir que se produzcan, porque ningún insumo dentro de la estructura de costos de este sector da como resultado subas superiores al 20 por ciento”, aseguró Miceli en la Casa Rosada luego de reunirse con el presidente Néstor Kirchner. La rápida reacción del Gobierno no sólo busca desalentar a las prepagas sino enviar una clara señal al conjunto de los empresarios para que la presión de estas compañías no sea vista por otros sectores como la punta de lanza que habilite una espiral de reclamos.

Miceli remarcó las acciones llevadas adelante durante el año para mantener los precios en un nivel “apropiado” y luego agregó que no tolerarán “que una vez más en la Argentina sectores particulares pretendan establecer sus intereses por encima del bien común; usaremos todas las medidas que estén a nuestro alcance para evitarlo”, “a partir del 1º de enero no se introducirán los incrementos que reclaman las empresas de medicina privada”.

Las asociaciones de consumidores también criticaron el aumento. Sandra González, titular de la Asociación de Deudores y Consumidores, aseguró que “es un disparate, porque ya se produjo una suba en enero y algunas incrementaron los precios a mitad de año”. Por su parte, Susana Andrada, presidenta del Centro de Educación al Consumidor, calificó el aumento como “abusivo”. En la actualidad, la medicina privada tiene tres millones de afiliados, el ocho por ciento de la población, en su mayoría de clase media y alta.

Pese a la reacción oficial, las prepagas mantuvieron su postura. Por su parte, los representantes del sector prestacional que nuclea a clínicas, sanatorios y ambulancias se reunieron ayer con el ministro de Salud, Ginés González García, y con el superintendente de Servicios de Salud, Héctor Capaccioli, y ratificaron que su intención es aplicar un ajuste del 30 por ciento. Juan Carlos Ruiz, titular de la Federación de Emergencias Médicas, que nuclea a los ambulancieros, aseguró a Página/12 que “el ministro García nos pidió más tiempo, pero nosotros no podemos seguir esperando. Vamos a lanzar una campaña de afiches y el próximo martes realizaremos una marcha de protesta con ambulancias desde la Superintendencia de Salud al Ministerio”.

En el Gobierno estaban dispuestos a tolerarles a las prepagas una suba cercana del ocho por ciento. Esa es la cifra que se venía manejando en las reuniones que mantuvo el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, con las empresas. Sin embargo, el anuncio de una suba superior al 20 por ciento exasperó al presidente Kirchner y abrió un signo de interrogación sobre el futuro de la negociación. Fuentes de Economía aseguraron a Página/12 que la intención es seguir conversando, pero antes esperan que las empresas den marcha atrás con el anuncio. Si no lo hacen, aseguran que las presionarán con la Ley de Emergencia Económica, la Ley de Abastecimiento que Moreno agitó contra las petroleras y la Ley de Defensa del Consumidor que permite sancionar a las compañías si la información que presentaron para justificar el aumento de precios no es veraz.

Más allá de las amenazas, en los hechos, el Gobierno no tiene herramientas legales para fijarle un tope a la suba anunciada por las prepagas, porque los contratos son considerados como un acuerdo entre privados. En los últimos dos años se presentaron al menos cuatro proyectos de ley para sancionar un marco regulatorio que aumentara el control sobre el sector, pero ninguno prosperó.

El conflicto generado por el aumento en el precio de la medicina prepaga no es un tema nuevo para el Gobierno. En enero de 2004 las compañías anunciaron subas de entre cinco y 15 por ciento que no pudieron ser evitadas pese a la resistencia oficial. En ese momento, la entonces subsecretaria de Defensa del Consumidor, Patricia Vaca Narvaja, declaró que “se va a trabajar rápidamente en una regulación para no dejar librados a millones de consumidores a la discrecionalidad de las decisiones que tome cada una de las empresas”. Pedro Busetti, titular de la asociación de consumidores Deuco, recordó a Página/12 que “en esa ocasión tuvimos varias reuniones con Vaca Narvaja y con el superintendente de Servicios de Salud, pero el Gobierno cedió a la presión de las empresas”. Desde entonces, la misma discusión sobre los aumentos se repite todos los años.