“La decisión de haber desplegado un operativo de tales dimensiones recayó en el poder político, y la policía lo puso en práctica. Esa represión de carácter ilegal desató una cacería humana que produjo cinco muertes y la tentativa de dar muerte a cientos de personas con el único objetivo de dar oxígeno a un gobierno languideciente.” Con argumentos como éste fue solicitada la elevación a juicio oral de la parte de la causa sobre la masacre del 20 de diciembre de 2001 referida a las responsabilidades políticas. Uno de los querellantes pidió a la jueza federal María Servini de Cubría que permita el juzgamiento del ex secretario de Seguridad Enrique Mathov, el ex jefe de la Policía Federal Rubén Santos y los ex jefes policiales Norberto Gaudiero y Raúl Andreozzi. Además, requirió que el ex presidente Fernando de la Rúa sea indagado y procesado por tentativas de homicidio y lesiones, delitos por los que nunca tuvo que dar explicaciones. Sólo fue acusado por incumplimiento de los deberes de funcionario, pero le dictaron falta de mérito.

En un extenso escrito presentado ayer en el juzgado de Servini de Cubría, el abogado Rodolfo Yanzón, en representación de un grupo de heridos, pidió que la magistrada propicie el proceso de juzgamiento oral y público de Mathov, Santos, Andreozzi y Gaudiero, por los hechos por los que fueron procesados: cinco homicidios, vejámenes diversos, doscientas veintisiete lesiones, más de ochenta producidas con munición de guerra.

Como consecuencia de la represión desatada tras la declaración del estado de sitio, el 19 de diciembre de 2001, un grupo de diputados nacionales presentó una denuncia ante la Justicia federal. Servini de Cubría dispuso dividir la investigación y delegó el análisis de los hechos de muertes, tentativas de homicidio y otros delitos cometidos el 19 y 20 de diciembre en los fiscales federales Luis Comparatore y Patricio Evers. En sus manos retuvo la investigación de la actuación desplegada por las autoridades del Poder Ejecutivo Nacional y por los oficiales jefes de la Policía Federal, la cadena de mandos y las órdenes impartidas. Esas directivas “desencadenaron los múltiples crímenes cometidos por agentes estatales en diversos lugares de la ciudad de Buenos Aires, entre los que cabe destacar las muertes, lesiones y detenciones arbitrarias e ilegales”.

En marzo la Cámara Federal instó a la jueza a hacer la elevación a juicio, en la misma resolución con que había ordenado que cuatro policías volvieran a la cárcel por el asesinato de Alberto Márquez, y las lesiones de Martín Galli y Paula Simonetti. La causa por la masacre del 20 de diciembre fue dividida, en teoría, para agilizarla. Sin embargo, sólo están presos esos cuatro uniformados y las responsabilidades políticas pueden desdibujarse si no se concreta pronto el juicio oral. “No se tiene noticias de que algún agente policial se haya opuesto a la masacre. Las conductas fueron llevadas a cabo en bloque y colaboración. No hubo desmanes solitarios ni excesos, sino un accionar concertado bajo una fuerza que tenía el monopolio de la violencia”, fue otro de los razonamientos de Yanzón.