Complot sí, complot no. Denunciar conspiraciones ya es un deporte de la política nacional. El Gobierno volvió a elegir esa fórmula para explicar la batalla de San Vicente. “Estoy convencidísimo de que los incidentes fueron armados para perjudicar al Presidente”, aseguró el ministro del Interior, Aníbal Fernández. “El financiamiento de la gente que fue a ese lugar fue pagado por alguien. Tenemos claro de dónde salió, cuál era el objetivo, cómo se manejaron ese tipo de cosas. Los palos estaban todos cortados de la misma manera”, argumentó. La misma explicación repitió el ministro de gobierno bonaerense, Florencio Randazzo. La idea de la conjura ya había sido desechada por el juez y la fiscal, César Melazo y Leyla Aguilar. Ayer, el juez insistió con lo mismo. El titular de la UCR, Roberto Iglesias, y su probable candidato, Roberto Lavagna, coincidieron con esa lectura y acusaron al Gobierno de eludir responsabilidades.

Como sucede cada vez que hay un contrapunto con la Justicia, fue el ministro del Interior quien se ocupó de exponer la posición del Gobierno. “Tenemos elementos más que suficientes para demostrar que la vocación ha sido perjudicar al Presidente”, dijo Fernández. Enseguida enumeró elementos que citó como pruebas. Habló de la “financiación”, de que “los palos estaban todos cortados de la misma forma”, y también mencionó el alcohol y la cocaína que habrían circulado en San Vicente.

Con palabras calcadas, Randazzo también consideró probado que hubo un complot. “No hay dudas de que hubo una intención manifiesta de perjudicar al Presidente. Con objetivos ocultos, tenían preparado generar los disturbios. ¿Quiénes llevaron a los barrabravas, por qué fueron armados con palos, quiénes les pagaron?”, se preguntó Randazzo en diálogo con Página/12. Ante la consulta sobre si Hugo Moyano formaba parte del presunto complot, Fernández evitó dar precisiones. “Hasta este momento no le puedo decir que sea parte del complot”, se limitó a contestar.

El ministro también cargó contra el juez y la fiscal, quienes habían restado importancia a la teoría de la conspiración. “Tienen que investigar, trabajar y hallar culpables, más que opinar en términos políticos”, cargó. No era la primera vez que Fernández cuestionaba a jueces que hicieron declaraciones críticas. Así sucedió con el juez Melazo y también, hace unos meses, con la jueza Mirta Guarino, quien había dicho que debía poner bajo amparo judicial toda la infancia y adolescencia de Moreno por la pobreza que hay en esa localidad.