Durante casi dos años el proyecto descansó mansamente. Ayer Cristina Fernández de Kirchner representó ante la Comisión de Asuntos Constitucionales la misma iniciativa de juicio por jurados que había conseguido dictamen favorable el 30 de noviembre de 2004. La senadora señaló que tomó el proyecto que en su momento había impulsado el riojano Jorge Yoma porque tenía consenso y para que “fuera disparador de una discusión futura”. La senadora Kirchner adelantó su intención de que el tema logre media sanción favorable antes del fin de las sesiones ordinarias de este año.

Finalizada la reunión de la comisión, ninguno de los legisladores consultados explicó los motivos que llevaron a que el tema nunca llegara al recinto de la Cámara alta. Eso sí, varios recordaron que la semana pasada el ex ministro Roberto Lavagna presentó la iniciativa como parte de un eventual programa de gobierno si llegara a ser presidente.

El estado parlamentario del proyecto caducó el pasado 10 de diciembre de 2005, cuando la Cámara alta renovó un tercio de sus integrantes. Los nuevos senadores sumarán sus puntos de vista y seguramente también se repetirán algunas viejas discusiones. Cuando se trató el tema en 2004, el riojano Jorge Yoma había impulsado un seminario en el que incluso se estudió la experiencia del sistema en otros países. En aquel momento los radicales habían mostrado cierto recelo con la iniciativa. A diferencia del criterio del oficialismo, los senadores de la UCR se inclinaban por un jurado mixto en el que se mezclaran legos y profesionales.

Al margen de este punto, otra de las cuestiones que no son enunciadas públicamente, pero que son tenidas en cuenta por los legisladores, es el costo de implementar el juicio por jurados. Un legislador del oficialismo que recordó ayer que en España cada día de un juicio por jurados cuesta unos tres mil euros. Y en Estados Unidos, unos cinco mil dólares diarios.

Aunque la iniciativa figura en la redacción de la Constitución de 1853, todavía no logró ser implementada. El proyecto estipula que se utilizará para los delitos que contemplen penas mayores a los ocho años de prisión. El proceso afirma en su artículo dos que se empleará en los delitos contemplados en el Código Penal. Los jurados calificarán los hechos pero será un juez el que imponga las penas. La investigación estará a cargo de un juez de instrucción.