El gobierno venezolano dio marcha atrás en el acuerdo para nacionalizar a cuatro etarras, con el objetivo de evitar su extradición e indemnizar con más de 325.000 euros a otros dos que fueron entregados a España en 2002. El ministro venezolano de Asuntos Exteriores, Nicolás Maduro, garantizó al embajador español en Caracas, Raúl Morodo, que “no habrá indemnizaciones ni nacionalizaciones”. El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, ordenó revisar las causas judiciales contra los cuatro etarras a los que se ofreció hacerse venezolanos.

Zaragoza dictó una nota de servicio a los fiscales de la Audiencia Nacional para que revisen los casos que afectan a Eugenio Barrutiabengoa, Lorenzo Ayestarán, Jesús Ricardo Urteaga y Miguel Angel Aldana, a quienes las autoridades venezolanas ofrecieron nacionalizarse para evitar su extradición. En dicha nota, el fiscal jefe ordena solicitar a los jueces competentes “la reapertura de las causas al objeto de comprobar si han transcurrido los plazos de prescripción legalmente establecidos”. En caso negativo, agrega, los fiscales instarán “la práctica de las indagaciones necesarias para solicitar la localización, indagación y extradición” de los cuatro etarras.

Las fuerzas de seguridad implican a los cuatro miembros de ETA en al menos 23 asesinatos, cometidos a finales de los setenta y primeros de los ochenta, incluido el del dirigente de UCD Jaime Arrese, en 1980.

Respecto de Sebastián Etxaniz y Juan Víctor Galarza, a quienes el gobierno de Caracas se habría comprometido a indemnizar con más de 325.000 euros, por la supuesta ilegalidad de su entrega a España en 2002, el fiscal Zaragoza anunció que, si se confirma que han cobrado, estudiará reclamar el dinero para hacer frente al pago de la responsabilidad civil a la que fueron condenados.

Etxaniz cumple actualmente una pena de más de 185 años de prisión como ex miembro del comando Vizcaya, mientras que Galarza salió en libertad tras seis años de cárcel por colaboración con banda armada. La difusión del acuerdo entre las autoridades venezolanas y los abogados de los etarras provocó ayer una movilización diplomática del gobierno español y una repulsa casi unánime de las fuerzas políticas.