La interminable agonía de un condenado a muerte obligó al estado de Florida a suspender todas las ejecuciones, al tiempo que un juez de California estimó que provocar la muerte por triple inyección viola la Constitución de Estados Unidos. En la noche del miércoles, atado a la tabla de ejecución, Angel Nieves Díaz, de 55 años, proclamaba, una vez más, su inocencia. Después de que las autoridades le suministraron los productos mortales, la reacción del condenado no fue la esperada. En lugar de morir en algunos minutos, Díaz hacía gestos de dolor, se estremecía y luchaba por respirar, antes de iniciar convulsiones y morir tras más de media hora. ¿El problema? Las agujas estaban demasiado clavadas y el veneno fue inyectado fuera de sus venas.

La inyección mortal consta de tres químicos. El primero adormece a la víctima, el segundo la paraliza y el tercero detiene su corazón. El debate sobre el potencial sufrimiento de los condenados comenzó el año pasado, cuando un estudio reveló que ciertos cadáveres presentaban dosis muy leves de sedantes, dejando suponer que el condenado estuvo consciente durante la administración de los otros dos productos, extremadamente dolorosos. Al igual que otros condenados, Díaz había presentado un recurso para protestar contra este método de ejecución. Dicho pedido fue rechazado por la Justicia de Florida.

Pero ante la muerte de Díaz, el gobernador del estado, Jeb Bush, se vio obligado a dictar la suspensión de las ejecuciones y a crear una comisión investigadora que deberá presentar sus conclusiones el 1º de marzo sobre el procedimiento de la inyección mortal y su aplicación en las prisiones del estado. Asimismo, un juez federal a cargo del recurso presentado por Michael Morales, un condenado en California, consideró el viernes que el procedimiento utilizado en ese estado violaba la disposición de la Constitución de Estados Unidos que prohíbe cualquier trato cruel e inhumano.

“El procedimiento, especialmente el empleo de los dos últimos venenos, presenta el riesgo desproporcionado de ver al condenado pasar por un sufrimiento extremo”, denunció el juez Jeremy Fogel después de meses de consultas y cinco jornadas de audiencias en septiembre. Tras afirmar que no estaba llamado a pronunciarse sobre el fondo de la cuestión de la pena de muerte, ni sobre el uso de inyecciones en las ejecuciones, el juez estimó que las ejecuciones deben continuar con otro protocolo, por ejemplo empleando sólo una dosis masiva de sedante. “La práctica de la inyección no funciona, pero puede ser corregida”, explicó el juez.

En otros estados, como Missouri, Kentucky y Dakota del Sur, recursos similares provocaron la suspensión de las ejecuciones, ya que las soluciones propuestas por los tribunales fueron rechazadas por los médicos que deben intervenir en esos procedimientos. Sin embargo, los argumentos de los detractores de la triple inyección no han convencido a los tribunales de Texas, donde 24 condenados fueron ejecutados este año. Ante tal disparidad en las decisiones judiciales, es posible que el debate sobre las ejecuciones se instale en la Corte Suprema estadounidense.