En esa cárcel por la que han pasado los más grandes capos colombianos del narcotráfico, doña Marina miró a los ojos a Ramón Isaza, pero él no pudo hacer lo mismo. Isaza era el comandante del bloque de las autodefensas (paramilitares o paras) que desapareció a su hijo Ramiro, de 20 años, en Doradal, un pueblo a cuatro horas de Medellín. Ella y otras madres de hombres y mujeres desaparecidos por los paras desde la década del ochenta –cuando nacieron en Colombia los grupos paramilitares como una fuerza para defender a los terratenientes de los secuestros y las extorsiones de la guerrilla– consiguieron entrevistarse con los líderes de las autodefensas el viernes 19 de enero. Isaza dijo esa mañana que sabía de lo que Marina estaba hablando, cuando ella tomó la palabra y contó cómo, dónde y cuándo fue que perdió a su hijo. La señora no sabe por qué Ramiro está desaparecido, como otros tanto miles de desaparecidos por los paras, ni mucho menos dónde está vivo o muerto, y eso fue lo que le preguntó a Isaza.

El jefe paramilitar estaba sentado junto a algunos de los más grandes asesinos intelectuales y materiales de Colombia, todos ex comandantes de bloques de autodefensas: Salvatore Mancuso, Don Berna (también conocido como Adolfo Paz), Don Cuco y El Alemán. Todos compartían la experiencia de tener frente a sus ojos, por primera vez, reunidas, a las mamás de los jóvenes, hombres, mujeres y niños que habían ordenado asesinar o desaparecer. Ahí estaban de las Madres de La Candelaria Línea Fundadora, que cada miércoles se reúnen en el parque principal de Medellín a reclamar la aparición con vida de sus seres queridos. “¡Los queremos vivos, libres y en paz!” gritaron ese viernes en la cárcel de Itagüí, como gritan cada miércoles en el parque.

Con la angustia de Marina, crecía el debate en Colombia por la trasmisión televisada de las confesiones de los paras. Los 31.671 guerreros de las autodefensas están desmovilizados y se acogieron a la Ley de Justicia y Paz gracias a la cual, de confesar sus crímenes, tendrán penas de cárcel leves.

Pero los ex jefes de las autodefensas rechazaron la decisión de publicar sus declaraciones y pidieron que, de ser transmitidas se hicieran en diferido, no en directo. La Fiscalía aprobó el aplazamiento de la transmisión del testimonio de Salvatore Mancuso, el primero en llegar a juicio, que estaba prevista para el 25 de enero. El presidente de la República, Alvaro Uribe Vélez, dijo a los medios que si los desmovilizados salen por la tele estarían obligados, más que antes, a contar la verdad.

Esta semana la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación anunció que es un hecho la transmisión, pero las reglas del juego siguen en discusión: ediciones, cortes, horarios. Y todavía no se anuncia cuándo será la próxima declaración, en la que Mancuso continuará dando su versión libre sobre los crímenes cometidos por él y sus hombres ahora desmovilizados. El país espera que, además de contar dónde están los desaparecidos, los paras expliquen cómo fue que infiltraron la política colombiana desde el Congreso de la República hasta las alcaldías y concejos municipales, cuál es su relación con el Ejército Nacional y cómo se planearon las más grandes masacres de civiles en el país. Además, se espera conocer cuáles son sus riquezas, dónde están sus bienes y cómo es el negocio de la coca.

Los paras no respondieron ninguna pregunta ese día en la cárcel. Cuando Marina le mostró la foto de su hijo, Ramón Izasa dijo que sabía quién era y le pidió a la madre que regresara la semana siguiente, también viernes, para contarle qué había pasado con él. “En el minuto que ese señor me dijo eso sentí un poco de alegría, pero también empecé a estar triste de pensar que a mi hijo le pasó lo peor”, le contó Marina a Página/12, en medio de un llanto seco, un sol de verano, y envuelta en ropas coloridas.

Era ya un miércoles de encuentro para las madres, en el atrio de la parroquia La Candelaria, pleno centro de Medellín. Esperaban por el director de la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía, Luis González, que recibía, por primera vez en la historia del país, una denuncia colectiva de 102 casos de colombianos desaparecidos por grupos de autodefensa. González, micrófono en mano, dijo que las víctimas de grupos al margen de la ley tienen el derecho de informar a la Fiscalía que lo son, sin costo alguno, y con el fin de empezar a esclarecer la verdad. Las señoras se entusiasmaron. “Esta entrega colectiva busca, además, tener un impacto político como símbolo en la búsqueda de los desaparecidos”, le dijo a Página/12 el abogado de la Corporación Caminos de Esperanza Madres de la Candelaria, Edwin Uribe.

La esperanza de las víctimas es grande, pero muchos juegan con ella. Cuando llegó el esperado día Marina volvió a la cárcel pero el ex comandante para no le dijo nada. Nada. “Ese señor Isaza lo que hizo fue engañarme”, dijo Marina. Ojalá, agregó, que no pase lo mismo en los juicios por televisión.