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Economistas y fundaciones que se erigen en palabra autorizada en materia de liberalismo económico han empezado a criticar el proyecto que ofrece, precisamente, libertad al afiliado para destinar su aporte al sistema previsional que quiera. Pese a los conocidos antecedentes sobre el largo trecho que los separa del discurso al hecho, igualmente no deja de ser llamativo. Argumentan que se pone en riesgo la solvencia fiscal intertemporal, advierten que se está contaminando el régimen de capitalización, aseguran –sin respaldo técnico– que el jubilado privado con 30 años de aportes recibirá un haber superior al estatal, cuestionan la asignación de indecisos en el sistema de reparto porque suponen que el trabajador carece de información necesaria para tomar una decisión correcta y critican el tope de la comisión del 1 por ciento del salario porque tendrá como efecto reducir la competencia entre las AFJP, como si ahora ésta existiera. Concluyen que el régimen de AFJP aún no ha alcanzado su madurez y, por lo tanto, no se puede evaluar sus resultados. Sin esperarlos, se quejan, se impulsa una reforma que constituye el primer paso para su reversión. Como no es aconsejable aguardar la debacle para realizar una evaluación del sistema, la experiencia chilena resulta un faro inestimable en ese objetivo. Las administradoras del dinero previsional de los trabajadores trasandinos, denominadas AFP, ya acumulan una vigencia de 26 años (empezó en 1981), casi la misma cantidad de años de aportes (30) de un empleado regular para estimar el monto del haber futuro. Es un modelo que ya alcanzó su madurez para extraer conclusiones. Se trata de un indispensable espejo para evitar lamentos más adelante. Y, en especial, constituye el argumento más contundente para demostrar que las promesas de las AFJP son una excelente campaña publicitaria.

El fracaso de las AFP chilenas en el objetivo de brindar una prestación digna y amplia a los trabajadores impulsó al gobierno de Michelle Bachelet a presentar una reforma previsional. Esta fue ofrecida como la piedra angular de la red de protección social de su gestión y uno de los proyectos de mayor relevancia social promocionado por un gobierno de la Concertación. Sin tocar el esquema básico de pensión manejado por el sector privado, la iniciativa permitirá que las personas mayores de 65 años que no consiguieron durante su vida activa reunir fondos para una jubilación mínima gozar de una pensión, que otorgará el Estado. Ese haber será un beneficio para la mayoría de la población. De esa forma, pese a que para Chile la reforma Bachelet es un avance considerable, se cristalizará el modelo de capitalización para un tema tan sensible como el previsional pero ahora con un Estado subsidiario en los márgenes del mercado no rentable para el sector privado. Parecido al esquema que se consolidará en Argentina.

Para elaborar esa reforma, el gobierno de Bachelet reclamó y recibió decenas de informes de los principales actores económicos y políticos de la sociedad chilena que se concentraron en lo que se denominó la Comisión Marcel. Uno de ellos fue preparado por el Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo (Cenda), entidad que ha realizado sólidas evaluaciones y proyecciones sobre el sistema previsional privado. Para analizar las perspectivas de las AFJP argentinas vale detenerse en las consecuencias del desarrollo de las AFP, más que en las particularidades de la reforma Bachelet. Las cifras brindadas por esa investigación son impactantes después de más de 25 años de régimen privado:

- Alrededor de 100 mil chilenos alcanzan por año la edad de jubilarse.

- De ese total, unos 50 mil todavía siguen siendo atendidos por el sistema público por el período de transición entre un régimen y otro.

- De los restantes 50 mil, más de la mitad descubre que los fondos acumulados en las AFP no les alcanzan para recibir la pensión mínima, y tampoco tienen los aportes requeridos para conseguir la garantía estatal (20 años de contribuciones).

- Aquellos que están alcanzando la edad de jubilar, la mayoría se encuentran con que sus pensiones de AFP son menos de la mitad de las que obtienen sus colegas de similar edad y remuneración, que lograron permanecer en el sistema antiguo (por ejemplo, los militares. Pinochet creó las AFP, pero no para sus filas).

- Un ejemplo: una mujer que ha cotizado sin pausa a partir de 1981 por la remuneración tope imponible de 60 UF puede aspirar, al cumplir 60 años, a una pensión de 460.000 pesos chilenos mensuales (unos 2900 pesos argentinos). De haber permanecido en el sistema antiguo, dicha mujer se habría jubilado con la pensión pública tope, que actualmente es de 880.000 pesos chilenos mensuales (alrededor de 5600 pesos argentinos).

- El daño previsional por el cambio al sistema de AFP es considerable. Y ése es el caso de una persona que ha cotizado sin pausa y por el tope –menos del uno por ciento de los afiliados se encuentra en esa situación–. Es fácil imaginar cuál es el daño de quienes han cotizado por montos inferiores y con períodos sin realizar aportes.

- El 96,5 por ciento de los trabajadores chilenos está afiliado como asalariado en relación de dependencia. En promedio cotizan menos de 5 meses por año. Quienes aportan regularmente todo el año son menos del 11 por ciento del total. Los independientes estables son el 3,5 por ciento.

- Las estadísticas de afiliados de AFP muestran que la fuerza de trabajo chilena rota constantemente entre lapsos de trabajo asalariado de corta duración (menos de cuatro meses en más de la mitad de los casos), trabajos informales y período de desempleo.

- Más de la mitad de los afiliados son mayores de 36 años y aportan menos de 4,2 meses por año. A ese ritmo, van a acumular menos de 184 aportes al cumplir la edad de jubilarse y, por lo tanto, no van a tener derecho a la pensión mínima estatal (se requiere 240 aportes). Aquí interviene la reforma de Bachelet para asegurarles un ingreso básico.

- En esas condiciones, más de la mitad de la fuerza de trabajo chilena –3,5 millones de personas– no tiene cobertura digna de parte del sistema de AFP, como no sea retirar los magros ahorros acumulados pese a la espectacular rentabilidad promedio anual desde su creación (poco más del 10 por ciento). Esta conclusión ha sido confirmada por estudios recientes de la Superintendencia de AFP e incluso por la propia Asociación de AFP.

- En números gruesos, el balance de la privatización del sistema previsional chileno es el siguiente:

1. Entre 1990 y 2005 se les ha descontado 23 billones de pesos chilenos a los salarios, equivalente al 40 por ciento del PIB de 2005.

2. En ese lapso, las AFP pagaron pensiones y otros beneficios por 4,4 billones de pesos, monto financiado con subsidios fiscales –principalmente por bonos de reconocimiento por los aportes realizados al sistema antes de la reforma de 1981–.

3. Poco más de 5 billones de pesos fueron a parar a los bolsillos de las AFP y sus compañías de seguro relacionadas, en forma de comisiones.

4. El resto, unos 14 billones, más la renta ganada en ese período, conforman los fondos de pensión.

5. Ese dinero lo manejan apenas seis empresas vinculadas a bancos. Gran parte de esos fondos fueron invertidos en doce grandes conglomerados privados, entre ellos los dueños de las propias AFP, y en ocho fondos de inversión en el extranjero. Ese capital fue integrado a través de compra de paquetes accionarios, entre otras formas.

Así se ha diseñado el colmo del capitalismo. La fuerza de trabajo no sólo sirve para la reproducción del capital, sino que el propio dinero previsional de los trabajadores es utilizado para la generación del capital.

Conociendo en detalle el saldo de la experiencia chilena con la jubilación privada, romper el espejo no traerá mala suerte.