Gonzalo Sánchez de Lozada, ex presidente de Bolivia y bautizado como el carnicero de El Alto desde la masacre de octubre de 2003, fue declarado rebelde de la Justicia boliviana y se realizarán los trámites ante Interpol para que sea detenido en Estados Unidos y luego extraditado a Bolivia. La declaratoria se realizó a través de un edicto de prensa publicado el jueves en el periódico paceño La Razón y, con una conminatoria similar que aparecerá en una semana, el otrora todopoderoso empresario minero será oficialmente un prófugo. La imputación y pedido de captura también serán efectivos para dos de sus ministros, Carlos Sánchez Berzaín y Jorge Berindoague, titulares de las carteras de Gobierno (Interior) e Hidrocarburos al momento de la fuga de Sánchez de Lozada. Ellos también viven en Estados Unidos.

Según Mario Uribe, fiscal general de Bolivia, con la publicación en medios de circulación nacional es suficiente para concluir con el trámite de declaratoria en rebeldía de Sánchez de Lozada, sin embargo han pedido una cotización a The Washington Post para editar un documento de 60 páginas que argumenten los motivos que tiene el Estado boliviano para exigir la presencia del hombre que gobernó el país en dos períodos: 1993-1997 y 2002-2003. Sánchez de Lozada no es el único ex presidente boliviano que tiene que enfrentar un juicio de responsabilidades. Todos los mandatarios vivos del último período democrático se encuentran en la misma situación: Jorge Quiroga, Carlos Mesa, Eduardo Rodríguez Veltzé, además de Jaime Paz Zamora.

El juicio contra Sánchez de Lozada ha cobrado un nuevo impulso desde que cambiaron los encargados de llevarlo adelante. El fiscal Uribe reemplazó de manera interina al renunciante Pedro Gareca y el presidente Evo Morales nombró, sin pasar por el Congreso como indica la legislación boliviana, a cuatro ministros de la Corte Suprema de Justicia para completar sus 12 miembros titulares. Uno de ellos es Carlos Villaroel, presidente de la Sala Penal Primera, que ha propiciado la declaratoria en rebeldía de Sánchez de Lozada.

En realidad, gran parte de las relaciones diplomáticas entre Bolivia y Estados Unidos están basadas en la captura y extradición de Sánchez de Lozada y sus dos ministros. Morales designó a Gustavo Guzmán como embajador en Estados Unidos, un periodista que durante todo 2003 tuvo éxito en denunciar los crímenes de Sánchez de Lozada a través del semanario Pulso. Sin embargo, no será fácil traer al ex mandatario al país. Sánchez de Lozada ha pasado la mayor parte de su vida en Estados Unidos y era ciudadano de dicho país hasta que asumió por primera vez la presidencia boliviana. Ahora permanece en su territorio gracias a una visa de estudiante de su esposa y disfruta de la hospitalidad de la sociedad de Maryland y constantemente es fotografiado en actos de universidades y fundaciones importantes.

En Bolivia, lo esperan los familiares de 67 personas fallecidas y más de 200 heridos que dejó el octubre negro, durante la llamada Guerra del Gas. En 2003, la población del El Alto decidió sitiar La Paz exigiendo la nacionalización de los hidrocarburos y que se convoque a una Asamblea Constituyente, pero Sánchez de Lozada, aconsejado por su mano derecha, Sánchez Berzaín, sacó el ejército a las calles, que no dudó en utilizar sus armas de guerra para masacrar al pueblo. Luego de 17 días de enfrentamientos en las calles y manipulación de los medios oficiales, Sánchez de Lozada presentó su renuncia mediante una carta al Congreso, que posesionó a Carlos Mesa como nuevo mandatario en el preciso momento en que el vuelo comercial de American Airlines despegaba desde Santa Cruz hacia Miami con Sánchez de Lozada y sus ministros a bordo. Desde ese momento, las viudas y los mutilados añoran su presencia, para que acompañe al dictador Luis García Meza en la cárcel de Chonchocoro.