La sucesión en el Ministerio de Minas y Energía ya está casi solucionada. El Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) ya le comunicó al presidente Luiz Inácio Lula da Silva su candidato y todo indica que el líder petista estaría satisfecho con el reemplazo, el actual secretario de Planificación de esa cartera, Márcio Zimmermann. En el Planalto deberían haber suspirado, como quien se saca un gran peso de encima. Sin embargo, el gobierno sigue preocupado y no es para menos. La Policía Federal está avanzando en su investigación sobre el esquema nacional de licitaciones de obras públicas fraudulentas, que ya dejó a 48 dirigentes políticos y empresarios procesados, y en los próximos días podrían haber más sorpresas. Una de ellas, adelantaba ayer la prensa brasileña, podría involucrar al presidente del Senado, Renan Calheiros, otro hombre de la primera línea del PMDB.

La dirigencia política está nuevamente bajo la lupa en Brasil. Hace unas semanas casi ningún legislador o funcionario hubiera salido a defenderse ante un rumor o una información que lo afectara sólo tangencialmente. Sin embargo, en estos días todo debe ser desmentido porque todos pueden estar siendo investigados por la Policía Federal. Explotando esta psicosis política, el diario paulista Folha publicó ayer parte de la lista de los destinatarios de los regalos de Navidad de la constructora y eje de todo este escándalo, Gautama. Esta empresa era la beneficiaria de millonarias licitaciones públicas, que muchas veces eran aprobadas con considerables sobreprecios o, aun peor, no se traducían en obras. Decenas de legisladores y funcionarios de bajo nivel salieron apurados a explicar que sólo habían recibido una agenda o un portalápices, pero nunca algo muy importante.

El mismo periódico también adelantó que la policía estaría investigando al presidente del Senado, quien también recibió un regalo de Navidad de la empresa constructora, por haber facilitado la liberación de más de 20 millones de dólares del estado de Alagoano para la construcción de una represa, que casualmente dirigía Gautama. La policía habría llegado a Calheiros a través de su hermano, el diputado nacional, también por el PMDB, Olavo Ca-

lheiros. Según varias conversaciones teléfonicas –que todavía no fueron difundidas ni confirmadas por la policía– el dueño de Gautama, Zuleido Veras, habría discutido con sus empleados sobre la enmienda que permitió la liberación de los fondos, una iniciativa impulsada por el diputado Calheiros.

Las pruebas contra el presidente del Senado, de confirmarse, son sólo circunstanciales. Sin embargo, no se necesitó mucho más para hacer caer a su correligionario y ex ministro de Minas y Energía, Silas Rondeau. Este último había quedado involucrado en el escándalo de coimas tras difundirse un video en el que se veía a uno de sus asesores entrando en su oficina junto con una empleada de Gautama y un sobre. Según la policía, en el sobre había 50 mil dólares. Ayer su ex asesor, Ivo Almeida Costa, declaró ante la Justicia y aseguró que no había dinero.

En el Congreso, en tanto, las cosas no estaban menos tensas. Después de dos días de intensas negociaciones la oposición, con una ayudita de algunos aliados del gobierno, consiguió el apoyo necesario para instalar una Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI). En la Cámara baja, hasta anoche no habían alcanzado los 171 votos que necesitan. El diputado del izquierdista Partido Popular Socialista, Augusto Carvalho, aseguró que todavía hay margen para negociar, por lo que en los próximos días podrían conseguir los 18 apoyos que les faltan. El gobierno de Lula hará lo posible para que esto no suceda. La última vez que la oposición logró instalar una CPI fue durante el megaescándalo del mensalao, que arrastró consigo a dos de sus principales ministros, José Dirceu y Antonio Palocci.