Al borde del fracaso, la Asamblea Constituyente boliviana decidió ampliar su plazo por cuatro meses, hasta diciembre. A un año de la elección de asambleístas y de la votación por el referéndum autonómico vinculante a la Asamblea, Bolivia vivió un día de marchas en Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija y de expectativa de lo que sucedía en Sucre con la plenaria de la Constituyente.

Mientras en las cuatro provincias autonomistas se firmaba un pacto para defender lo ganado en las urnas, en el escenario de la Asamblea la discusión se centraba en si el nuevo plazo será suficiente. Algunos, como el izquierdista Juan Zubieta, consideraba que era una irresponsabilidad determinar una prórroga con fecha fija y pedía imitar a Ecuador y no poner plazos a los acuerdos de los asambleístas. Otros, como el emenerrita Guillermo Richter, el centrista Samuel Doria Median y el derechista Hugo Oliva, aseguraban que de nada servirá este nuevo plazo si todos los partidos políticos no deponían sus intereses y se comenzaba a consensuar lo que es mejor para el país.

Sin embargo, “lo que es mejor” no es un criterio unánime en Bolivia. Por un lado, la derecha defiende el modelo de Estado social y democrático de derecho, mientras el oficialista Movimiento al Socialismo y sus aliados de izquierda se perfilan por un Estado plurinacional, con reconocimiento a los derechos colectivos sobre los individuales.

Otro punto que traba los acuerdos y que se hizo presente ayer en la plenaria de Sucre es cuál será la sede de los poderes. Mientras La Paz marchó ayer por quedarse con la sede de la presidencia y el Congreso y por traer la Corte Suprema a El Alto, en Sucre quieren ser capital plena y conseguir para su jurisdicción los 200.000 empleos que genera el Estado boliviano.

Pero mientras la Asamblea Constituyente definía su ampliación, en las provincias en las que el referéndum autonómico ganó el Sí, se celebraba un año de esta victoria. Si bien las marchas de festejo no congregaron al millón de personas de los cabildos del 15 de diciembre pasado, sí hubo movilizaciones multitudinarias en Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando.

En las cuatro capitales se leyeron los proyectos de estatutos departamentales que debieran regir si la Constituyente logra redactar una nueva Constitución. En éstos se establece las formas de gobiernos, otorgándole a cada provincia autonómica capacidad legislativa en el ámbito de sus atribuciones y restringiendo al resto de los pedidos autonómicos al interior de cada provincia.

Sin embargo, los puntos que más polémica causan no es la cualidad gubernativa sino la decisión de que el gobierno autónomo tenga la posibilidad de coordinar con el nivel central las migraciones masivas. Esto, desde el gobierno de Evo Morales, es leído como la intención de la media luna de pedir pasaporte al resto de los bolivianos, mientras que las regiones del Sí aseguran que la única intención es coordinar la forma en la que el Estado planificará los movimientos de gente para asegurar que esa carga no caiga sólo sobre los hombros gobiernos locales.

Desde el Comité Cívico de Santa Cruz también surgió ayer la amenaza de condenar a los que no están de acuerdo con la autonomía votada hace un año a una especie de muerte civil. Esta amenaza fue recibida como propia por los asambleístas del partido oficialista, Movimiento al Socialismo, que aseguran que no están en contra de la autonomía, sino que quieren también escuchar el pedido autonómico de las 36 etnias que habitan el territorio boliviano.