Después de cuatro meses y 17 días en los que se sucedieron 57 largas sesiones de más de ocho horas cada una, ha quedado finalmente visto para sentencia ayer en Madrid el megajuicio que se sigue contra los acusados de haber perpetrado los atentados del 11 de marzo de 2004, que costaron la vida a 191 personas y dejaron 1841 heridos en la capital española. Los 28 procesados del que se considera el mayor atentado realizado por el terrorismo islámico en suelo europeo tuvieron ayer la última palabra para intentar convencer al tribunal de su inocencia. El largo juicio oral, fruto de una investigación de más de tres años, sirvió para desmontar la teoría conspirativa que fogonearon durante todo este tiempo los medios de comunicación ultraconservadores en coordinación con el opositor Partido Popular, en la que se intentaba demostrar que detrás del brutal ataque se hallaba también la mano del grupo separatista vasco ETA. Se espera que la sentencia definitiva se haga pública en octubre.

El juicio fue seguido desde el primer día con mucha expectación por la opinión pública a través de los medios de comunicación tradicionales y también a través de Internet, donde se generaron miles de foros de aficionados al proceso que discutieron con gran conocimiento de causa todos los aspectos polémicos, que por cierto no fueron pocos. Los 309 testigos que fueron desfilando, 117 de ellos miembros de los cuerpos de seguridad del Estado, y los 71 peritos implicados en el esclarecimiento del caso fueron permitiendo reconstruir paso a paso la compleja trama de los atentados realizados al parecer por un grupo de islamistas contrarios a la participación de España en la guerra de Irak, al que un puñado de españoles vinculados al tráfico de drogas y frecuentadores de los bajos fondos suministró los explosivos que fueron ocultados en las mochilas que destrozaron los cuatro trenes.

Fue precisamente en torno del origen de estos explosivos que se intentó construir la famosa teoría que involucraba a ETA en el ataque islámico. Según las primeras pericias practicadas por las fuerzas policiales poco después del ataque, el atentado se realizó con un tipo especial de dinamita llamada Goma 2 ECO, que habría sido robada de una mina en Asturias por los cómplices españoles de los terroristas. Ante la fuerte presión mediática para que se realizaran nuevamente las pericias, el tribunal intentó que se confirmara que ésta había sido la dinamita utilizada, pero no fue posible. El paso del tiempo había borrado los componentes de los objetos utilizados para las pruebas. ETA jamás utiliza GOMA 2 ECO en sus ataques, razón por la cual determinar que éste era el ingrediente utilizado en la fabricación de las bombas se volvió un punto central en el proceso.

Pero aunque estas pericias no fueron posibles, la multitud de testimonios que involucran a los acusados y que permiten reconstruir la trama del ataque ha despejado cualquier duda que pueda existir acerca de la colaboración de los separatistas vascos con los islamistas. Un punto de vista que no comparten algunas de las asociaciones de víctimas del terrorismo, como la ultraconservadora AVT, que fue admitida como parte civil acusadora en el juicio a pesar de que representa a afectados por el terrorismo etarra. Sus abogados intentaron sembrar la sospecha de la participación de ETA más que culpar a los procesados, lo que motivó más de un reproche del juez Javier Gómez Bermúdez, presidente del tribunal, que les recordó que estaban allí como acusadores y no como abogados defensores.

La presión por demostrar que ETA estaba detrás de los ataques tuvo su punto culminante cuando fue llamado a declarar el ex director general de la Policía Agustín Días de Mera, del gobierno de José María Aznar. Su testimonio fue el único, de un total de 117 policías, guardias civiles y agentes secretos, que relacionó a ETA con el ataque. El resto de las fuerzas de seguridad dio por descartada esta hipótesis.

La presión mediática se hizo tan insoportable que el tribunal convocó a declarar a expertos policiales en terrorismo etarra para que dieran por cerrada esta posibilidad, y llegó a saturar a la fiscal del caso, Olga Sánchez, que en una oportunidad arremetió contra los periodistas que difundían la teoría conspirativa acusándolos de “no estar a la altura de su profesión”, lo que motivó que el tribunal la reprendiera por excederse en sus funciones.

Ahora queda en manos de los tres jueces que componen el tribunal dictar una de las sentencias más esperadas por la sociedad española, que jamás había sido golpeada por un atentado de tal magnitud. La importancia jurídica y política de esta sentencia se dejará sentir aún con más fuerza en octubre, cuando se presume que se haga pública, ya que será el momento en el que los partidos políticos locales comenzarán a lanzarse de lleno a la campaña por las próximas presidenciales de marzo, en las que este atentado estará, con toda seguridad, muy presente.