El desarrollo de la energía nuclear anunciado por el gobierno de Lula da Silva debe entenderse en el marco de una política que Brasil viene desarrollado desde hace décadas. Pese a las críticas, muchas de ellas fundadas, el vecino del Norte encaró el dilema energético con un desarrollo inédito de biocombustibles, una empresa estatal rectora (Petrobras) y el siempre riesgoso potencial atómico.

El presidente Lula dio luz verde a la construcción de Angra 3, la tercera central nuclear, abandonada hace más de 20 años y que costará 3600 millones de dólares en más de cinco años. Además, se prevé concluir el programa nuclear de la Marina brasileña, que implica la fabricación de un submarino y la conclusión del ciclo del uranio para producir energía nuclear. La iniciativa ya pasó una primera instancia: el Consejo Nacional de Política Energética aprobó hace un mes reiniciar la construcción de la planta, a pesar de la oposición de la ministra de Ambiente, Marina Silva, quien alegó que “las centrales nucleares generan problemas con los residuos”. El proyecto Angra fue lanzado en los años ’70, cuando Brasil tomó distancia estratégica de Estados Unidos –que estaba en contra de los desarrollos nucleares periféricos–. En la actualidad, están activas Angra I y Angra II, también en la localidad de Angra dos Reis, en Río de Janeiro.

Los que están a favor aspiran a que Brasil no sólo cuente con una fuente de energía, sino que se afiance como país que a la vez desarrolla y aplica tecnología. Brasil no escapa a las limitaciones en el campo energético: carece de suministro de gas por redes –el gas es siempre más barato– y la energía se concentra en el centro y sur (en las grandes ciudades). Le ha hecho frente en base a tres ejes centrales: la producción del etanol, la producción y exportación de petróleo por parte de Petrobras y el programa nuclear.

Varias organizaciones ambientalistas y sociales repudian la reanudación de la “aventura nuclear brasileña”, entre ellas, la brasileña SOS Mata Atlántica y las internacionales Greenpeace y el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), que combaten la destrucción del ecosistema de la costa suroriental de Brasil.

Juan Carlos Villalonga, director político de Greenpeace, señaló a Página/12 que esta gran inversión estatal muestra sus falencias. “La generación de energía nuclear es mucho más costosa comparándola con las fuentes convencionales. Más aún, con el desarrollo de energía renovable se duplicaría la generación de electricidad y sin riesgos”. Villalonga destaca que Brasil hizo una enorme experiencia energética con la crisis de 2001. “Si se introduce eficiencia en el uso energético se reemplaza cuatro veces lo que produciría Angra 3”. El ecologista explica cómo afecta al medio ambiente. “Lo nuclear no es sólo la planta, involucra todo un ciclo de riesgos. Al uranio que usan hay que enriquecerlo, lo cual es más riesgoso; además a los residuos nucleares hay que aislarlos y cuidarlos desde el punto de vista civil y militar: que no haya sabotajes o robos.” Claudio Sideral, también representante de Greenpeace, agrega otro dato. La ciudad fluminense de Angra dos Reis “no tiene un plan de evacuación” en caso de un hipotético accidente nuclear.

Estos grupos ambientalistas son apoyados por varios parlamentarios. El diputado Edson Duarte, del Partido Verde, califica el programa nuclear de “inseguro” y la construcción de Angra 3 de “inoportuna, equivocada, arriesgada y peligrosa”.

Lula no piensa así. Recientemente, el presidente calificó la energía nuclear de “limpia”, por lo que apoyó la construcción de la tercera central, con la que pretende diversificar al máximo la matriz energética brasileña. Según el gobierno, las obras podrían empezar este mismo año; la planta podría estar en funcionamiento en un plazo de cinco años, generando 1369 megavatios. Además de Angra 3, en el Planalto estudian desde hace meses un proyecto para construir entre cuatro y ocho nuevas centrales nucleares hasta el año 2030.