“Hacía varios días que percibía que me estaban siguiendo. Eran las tres y media de la mañana cuando me desperté con el ruido de los vidrios de las ventanas que se quebraban y vi que estaban empujando la puerta de mi habitación. Me encañonó el comisario (Juan Ramón) Morales. Con él estaban (Alberto) Villar y (Luis) Margaride. Me sacaron a la terraza y la lluvia de puntapiés no terminaba más. Como yo tenía un taller de reparaciones de radios para hacerme un manguito, ahí mismo agarraron la punta de los cables y me picanearon. Me llevaron a Coordinación Federal y me siguieron picaneando durante dos semanas.” La pesadilla de Antonio Viana Acosta comenzó aquel 21 de febrero de 1974 y continuó. Estuvo tres meses cautivo en Buenos Aires y después el gobierno de Juan Domingo Perón lo mandó a Uruguay, su país de origen, donde la dictadura lo tuvo preso casi ocho años más, relató a Página/12. Su testimonio será presentado en la causa de la Triple A que instruye el juez Norberto Oyarbide como muestra de la coordinación represiva que antes del golpe de 1976 mantenían ambos países y como prueba de que ya entonces se cometían delitos de lesa humanidad.

“¡Sos tupa, sabemos que sos tupamaro y te venimos a llevar!”, recuerda Viana Acosta que le gritaba la patota que lo apresó, liderada por la propia cúpula de la Federal: su jefe, Villar, y el superintendente Margaride. Los escoltaban Morales y su yerno Rodolfo Almirón, ambos hombres clave de la custodia oficial, jefes operativos de la Triple A que habían sido ascendidos tres días antes a comisario inspector y subcomisario, respectivamente.

Entre el tumulto, Viana cuenta que advirtió que participaba de su captura “gente del comando de la Juventud Peronista de la República Argentina (JPRA)”, que lideraba Julio Yessi, mano derecha del ministro de Bienestar Social, José López Rega, quien movía los hilos de la organización terrorista. También vio, asegura, al general Miguel Angel Iñíguez, primer jefe de policía de Perón a su regreso del exilio. Iñíguez había participado en la masacre de Ezeiza, que desató la derecha peronista en la movilización que había ido a recibir al General el 20 de junio de 1973. Actuó allí como miembro del COR (Comando de Oficiales Retirados), una organización que luego se fusionó con la AAA.

El ex subcomisario Almirón fue descubierto en diciembre del año pasado por periodistas del diario español El Mundo en un pueblito de Valencia. Frente al hallazgo, el juez federal Norberto Oyarbide desarchivó la olvidada causa sobre la Triple A, originada en 1975. Le bastó revolver unos papeles para encontrar que había un pedido de captura contra Almirón librado en 1984, lo actualizó y pidió su extradición, que está en trámite. Había un pedido de detención idéntico contra Morales. A comienzos de enero, Morales fue visto bastante más cerca: estaba tomando aire en su balcón en Palermo. Ahora cumple arresto domiciliario. Oyarbide también imputó a Isabel Perón y detuvo a otro ex policía, Miguel Angel Rovira.

Como paso previo, el juez declaró que los crímenes de la banda parapolicial son delitos de lesa humanidad (imprescriptibles) por haber sido cometidos desde el aparato del Estado. La apelación de Morales sería resuelta en los próximos días por la Sala I de la Cámara Federal, que prepara un fallo que avalaría el criterio del juez. El testimonio de Viana Acosta sería un aporte clave para mostrar que el despliegue de la Alianza Anticomunista tuvo sustento estatal y colaboró con la dictadura uruguaya. Además, introduciría un caso de tortura concreto contado por un sobreviviente. El dirigente tupamaro vive actualmente en la barra del Chuy, en Uruguay. Ya se contactó con la fiscalía de Eduardo Taiano, que interviene en la causa, y enviará su relato a través de la abogada Liliana Mazea.

Caras inconfundibles

Viana tiene hoy 58 años. Había llegado a Buenos Aires en abril de 1973, para continuar su militancia en derechos humanos. “En Uruguay me tenían mangiado”, comenta. “Trabajaba junto con Zelmar Michelini, Enrique Erro y Juan José Chenlo. Fundamos la Junta Coordinadora Revolucionaria, que integraban el ERP, el Ejército de Liberación Nacional de Bolivia, los tupamaros uruguayos y alguna que otra organización. Queríamos difundir lo que pasaba en cada país ya que había una represión total a todos los movimientos políticos y revolucionarios de la región”, repasa.

A mediados de aquel año vio en los diarios que el Ministerio de Bienestar Social pedía voluntarios para trabajar como asistentes sociales. Y se anotó. “Era una forma de retribuir la hospitalidad que recibía”, explica. “Atendía, junto con otras treinta personas, a la gente de las villas que venía a pedir ropa, alimentos, querosén y ayuda de distinto tipo. Después firmaba los recibos. Me acuerdo que en una oportunidad tuvimos que asistir un parto que se precipitó en la espera.” Así pinta la cara amigable de la repartición donde había recalado, aunque en unos meses comenzó a ver la faceta demoníaca: “Hombres que entraban y salían con Itakas y FAL y a la vista, vestidos con camperas de cuero negras, eran una constante. Había una entrada por la calle Alsina 120, donde yo estaba, y los veía pasar todo el tiempo. Mis compañeros me explicaron que era la efervescencia de la ultraderecha peronista”.

Así fue como conoció, dice, a Morales y Almirón. Por eso no tardó en reconocerlos cuando lo fueron a buscar a su casa. Vivía en un hotel en Once, en Anchorena y Rivadavia, que administraba con un grupo de personas a modo de cooperativa. Desde varios días antes, cuando llegaba de trabajar, advertía en los alrededores “autos y rostros de personas que había visto en el ministerio”. Horas antes de que se lo llevaran había sido detenida su mujer, Estela Angela Barboza Silva, mientras hacía un trámite para su radicación.

“Margaride y Villar me torturaron en persona, en mi propia casa, con corriente eléctrica. Morales lo hizo en Coordinación Federal (organismo represivo de la policía). En los ojos, en la boca, en todo el cuerpo. Me interrogaban sobre el ERP, el MLN Tupamaros, querían datos, direcciones. En Coordinación fueron 15 días de tortura sin descanso dentro mismo de la celda”, reconstruye. Después fue trasladado a la cárcel de Devoto, luego pasó por Caseros y al final en una alcaidía. En el ínterin, a través de la hija de otro detenido y de un grupo de bolivianos que había sido liberado, hizo llegar un pedido de ayuda a los abogados de presos políticos Silvio Frondizi y Rodolfo Ortega Peña.

No tardaron en ir a verlo. Pero un día después de ese encuentro, el 4 de abril de 1974, Viana Acosta fue llevado a Aeroparque, donde varios policías de civil lo obligaron a subir a un avión de Pluna. En la escalinata del avión se reencontró con su mujer. “La vi muy mal y si podía disparar de al lado mío disparaba. Incluso le di una esquelita que ella rompió. Cortó toda comunicación conmigo desde entonces. Aquella esquela apareció después en la Dirección de Inteligencia uruguaya”, se entristece.

Ida y vuelta

Uno de los primeros en recibir a Viana en Montevideo fue un capitán del Servicio de Inteligencia, Pedro Enrique Buzó Troncoso, quien dos años antes le había jurado con cinismo al tener que liberarlo: “Vaya donde vaya lo vamos a ir a buscar”. “Te prometí y te cumplí”, le espetó esta vez mientras le sacaba la capucha. Después fue a parar al Batallón de Infantería 12 de Rocha y de allí al 11 en Minas, donde lo interrogó con ferocidad el jefe de la División IV del ejército, Gregorio Alvarez, sobre las actividades de la Junta Coordinadora Revolucionaria. En diciembre lo llevaron a lo que bautizó como el “mini Sheraton” del penal de Libertad, donde pasó siete años y medio. A esa altura, en Argentina, la AAA ya había matado a Frondizi y a Ortega Peña, entre otros cientos de casos que ahora integran la investigación judicial de Oyarbide.

La familia de Viana había aceitado contactos con la embajada de Suecia y la Cruz Roja. “Me soltaron por presión de la embajada sueca y me terminé yendo a vivir allí, donde volví a sentirme un ser humano”, cuenta. Volvió en 1995 con el plan de quedarse tres meses. “Tenía un juicio contra el Estado y quería hacerme cargo. Cuando me quise acordar llevaba nueve meses y mi compañera sueca me mandó el divorcio por fax. Y sí –se ríe– me divorcié por fax.”

El regreso lo puso en contacto con las investigaciones sobre violaciones a los derechos humanos. No logró hasta ahora que su país investigue su caso, pero consiguió por su cuenta documentación importante, que entregó a la Justicia uruguaya en una causa sobre desapariciones en Argentina. Se trata de un memorándum de la Dirección Nacional de Inteligencia D4 uruguaya que revela que su propia detención en Buenos Aires se efectuó por un pedido de información del Organismo de Coordinación de Operaciones Antisubversivas (OCOA) –del Plan Cóndor– y que un grupo de funcionarios viajó luego a Buenos Aires para recibir materiales que le habían sido incautados. “Yo creo que al final me mandó a secuestrar (el dictador) Juan María Bordaberry, que unas semanas antes se había reunido con Perón en la isla Martín García”, arriesga.

Viana Acosta vive ahora cerca de la playa. En los últimos siete años tuvo tres hijos y trabaja para organizaciones de derechos humanos, como Amnistía Internacional. “No tengo militancia política, pero sigo siendo tupamaro y lo seré hasta la muerte”, dice del otro lado del teléfono. Cuando se enteró de la reapertura de la causa sobre la Triple A, mandó cartas a la Cancillería argentina y a la Secretaría de Derechos Humanos, que le recomendaron presentarse en Tribunales. “Quiero ayudar a que se conozca una parte de la historia argentina que por alguna razón no fue contada. Me inspira un sentimiento de justicia, no de protagonismo. Es que la verdad tiene que salir a la luz.”