El ex dictador guatemalteco Efraín Ríos Montt, acusado de delitos de lesa humanidad durante la guerra civil (1960-1996), fue elegido diputado en las elecciones generales del domingo, lo que le asegura inmunidad jurídica por los próximos cuatro años. Según datos oficiales, el socialdemócrata Alvaro Colom superó por menos de cinco puntos porcentuales al derechista Otto Pérez Molina, pero ambos deberán dirimir en la segunda vuelta electoral, el 4 de noviembre próximo, quién de los dos será el presidente de Guatemala para el período 2008-2012.

Colom, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), reunía 28,37 por ciento de los votos válidos contra 23,70 por ciento de Pérez Molina, del Partido Patriota (PP), cuando sólo faltaba relevar 2,95 por ciento de los centros de votación, informó el Tribunal Supremo Electoral (TSE). El escaso margen de mesas por computar no influirá decisivamente en los resultados finales, por lo que Colom y Pérez Molina, ambos opositores, deberán enfrentarse en el ballottage.

La calidad de parlamentario le confiere a Ríos Montt una inmunidad jurídica durante el período para el que fue electo. “Ese mecanismo de impunidad no le funcionará”, aseguró Benito Morales, abogado de la Fundación Rigoberta Menchú, que dirige la acusación en contra de Ríos Montt y otros seis ex altos cargos guatemaltecos. Morales descartó que vaya a detenerse el proceso que se tramita ante la Justicia española por los delitos de genocidio, terrorismo de Estado, asesinatos y torturas en contra de la población indígena, durante la pasada guerra interna que vivió Guatemala entre 1960 y 1996.

Hubo una serie de disturbios en el país protagonizados por grupos disconformes con los resultados de las votaciones municipales del domingo. Los disturbios más serios se registraron en el municipio de Tucurçu, donde los manifestantes quemaron urnas, la municipalidad y destruyeron dos vehículos de la policía y un banco privado. En los enfrentamientos murió un civil en circunstancias no establecidas. Según el vocero de la Policía Nacional Civil, un total de 34 personas han sido detenidas durante los incidentes, que han dejado un sinnúmero de heridos por golpes. La mayoría de los casos se debe a la reelección de los actuales alcaldes con la supuesta compra de votos y la manipulación de los resultados. Fuentes del Tribunal Supremo Electoral (TSE) explicaron ayer que están a la espera de las actas oficiales y que los disconformes tienen un plazo de cinco días para impugnar las votaciones.