La Justicia española le propinó ayer un duro golpe al aparato político del grupo separatista vasco ETA. El tribunal de la Audiencia Nacional dictaminó que 47 de los 52 procesados por pertenecer a agrupaciones y fundaciones cercanas al entorno etarra forman parte “del corazón” de la organización terrorista, sentando de ese modo un precedente de gran importancia respecto del resto de los procesos judiciales que se han abierto en los últimos años para tratar de acorralar a la rama política de los independentistas.

En la sentencia de más de trescientas páginas que establece más de 500 años de prisión repartidos entre los procesados sostiene que organizaciones como EKIN, KAS y KAKI, con extendida presencia en las ciudades y pueblos del País Vasco, forman parte de “las entrañas” de la organización separatista, a la vez que asociaciones como la Fundación Joxemi Zumalabe pueden considerarse colaboradoras del grupo armado. El dictamen se conoce pocos días después de que la Justicia española estableciera que las populares Herriko Tabernas, bares en los que suelen encontrarse los simpatizantes etarras, no pueden ser acusadas por formar parte de la banda.

Entre los fundamentos de la sentencia resalta el apartado en el que los jueces de la Sección Tercera de la Sala Penal, después de analizar miles de documentos confiscados a militantes de ETA apresados por las fuerzas de seguridad, concluyen que la banda ordenó a sus agrupaciones cercanas mantener la máxima presión social durante la larga tregua que los separatistas establecieron con el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Según los magistrados, ésta es una de las pruebas más contundentes de que las asociaciones con simpatías independentistas no actúan por sí mismas, sino bajo los dictados políticos y organizativos de la organización terrorista.

La sentencia, largamente esperada –el juicio había comenzado el 21 de noviembre de 2005 y es el más extenso de los celebrados contra el aparato político etarra–, llega en un momento en el que se están calentando los motores para la campaña electoral de cara a las elecciones del próximo 8 de marzo y ha sido bien acogida por el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, que se jacta de haber protagonizado la Legislatura con menos muertos por causa del terrorismo desde el retorno de la democracia.

A su vez, esta condena que ha afectado desde abogados de presos etarras hasta periodistas vinculados con el diario independentista Eguin señala también un verdadero punto de inflexión en el seno de la organización vasca, que pasa sin lugar a dudas por sus horas más bajas en el último cuarto de siglo. Acosada policial y políticamente, ETA no ha hecho más que profundizar su debilidad después de la ruptura tempestuosa de la tregua sin previo aviso, con el atentado producido en el estacionamiento del aeropuerto de Barajas el 30 de diciembre de 2006, que causó la muerte a dos ciudadanos ecuatorianos y que produjo un gran desconcierto entre sus propios simpatizantes civiles.

A lo largo del último año la profundización de la colaboración entre fuerzas policiales españolas y francesas se dejó sentir en el aparato logístico y militar etarra que perdió a varios lugartenientes. Para empeorar aún más las cosas, la banda intentó sin éxito en los últimos doce meses provocar un atentado de gran envergadura y en las pocas oportunidades en las que logró sus objetivos lo hizo con explosivos de baja potencia y sin causar víctimas civiles.

Esta sentencia pasará a formar parte, como no puede ser de otra manera, del áspero debate electoral en torno de la lucha antiterrorista que se anticipa entre los socialistas y la oposición de derecha encarnada por el Partido Popular. El PP se manifestó ayer conforme con la decisión de la Justicia, en contraposición con la postura adoptada por el Partido Nacionalista Vasco, que gobierna la región, que consideró el proceso como un paso más en el camino de la Justicia hacia “el descrédito” al dar pie a juicios que se llevan a cabo más por motivos “políticos” que legales.