Con un cuerpo envenenado de por medio, el juez federal Sergio Torres ordenó ayer trasladar a una unidad bajo custodia del Servicio Penitenciario Federal a los oficiales de la Armada imputados por crímenes en la ESMA. El Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos tomó nota y al atardecer informó que el nuevo destino será un pabellón de la cárcel de Marcos Paz, la misma donde cumplen sus condenas Etchecolatz, Von Wernich & Cía. La medida, otro coletazo de la muerte del prefecto Héctor Febres, es reclamada por fiscales y querellantes desde la reapertura de la causa, en 2003. Los traslados terminarían de concretarse hoy mismo.

El 27 de diciembre de 2005 la sala II de la Cámara Federal le ordenó a Torres que los represores de la ESMA, dispersos en bases navales, pasaran a ser custodiados por penitenciarios. Cinco meses después, la ministra de Defensa, Nilda Garré, sugirió a los magistrados reconsiderar la decisión de enviar genocidas a los cuarteles. Todo siguió igual.

Finalmente, en julio, por iniciativa de Defensa, Torres concedió el traslado de los marinos al Instituto Penal de las Fuerzas Armadas en Campo de Mayo, bajo custodia de Gendarmería. A principios de mes, los ministerios de Defensa y de Justicia firmaron un convenio para que la custodia pase a manos del SPF, medida anunciada para el 1º de enero. Pero ante la solicitud de Abuelas de Plaza de Mayo, formulada el martes pasado, el juez decidió desandar su camino y anticiparse.

Ante el envenenamiento de Febres “se impone una nueva evaluación” sobre lugar y condiciones de detención, escribió. Subrayó su responsabilidad de proteger a los imputados “frente a posibles circunstancias que puedan poner en peligro sus vidas, salud e integridad física” y al mismo tiempo de “garantizar el sometimiento a la acción de la Justicia”, que implica entre otras cosas evitar suicidios o asesinatos.

La resolución comprende al ex jefe de inteligencia Jorge Acosta y sus lugartenientes Alfredo Astiz, Antonio Pernías, Carlos Capdevila, Juan Carlos Rolón, Alberto Eduardo González, Jorge Radice, Raúl Scheller, Adolfo Donda, Néstor Savio, Víctor Cardo, Carlos Guillermo Suárez Mason (h.), Carlos Pazo, Hugo Damario y Rogelio Martínez Pizarro.

El juez también ordenó que agentes del SPF reemplacen en la custodia de Juan Antonio Azic –internado en la Clínica San Jorge– a sus camaradas de Prefectura, y en la del marino Pablo García Velazco –en teoría en el Hospital Naval– a “aquella que tuviere en la actualidad” (sic). Para evitar sorpresas, solicitó “un constante y permanente control de salud de los detenidos”, de modo de ser informado “sobre cualquier anomalía, descompensación o deterioro en la salud”.

Según la solicitud presentada la semana pasada por Abuelas de Plaza de Mayo, la detención “en unidades dependientes de la propia fuerza que integraron o en su propio domicilio constituye claramente un privilegio y dispensa especial, estrictamente prohibida por la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas”. El escrito también fue presentado ante los jueces federales Daniel Rafecas, a cargo de la megacausa del Cuerpo I; Alberto Suárez Araujo, que investiga los crímenes en Campo de Mayo, y magistrados del interior del país.

A contramano de Torres, el Tribunal Oral Federal 5 rechazó la solicitud del fiscal Félix Crous de trasladar al capitán Enrique Berthier a una unidad del SPF. Berthier está detenido en Campo de Mayo a la espera del juicio oral por su rol en la apropiación de María Eugenia Sampallo. El TOF 5 es el mismo que –junto con Torres– tuvo bajo su responsabilidad la custodia del prefecto Héctor Febres hasta su muerte por envenenamiento.