Por unanimidad, los siete integrantes del Jury de Enjuiciamiento a Guillermo Tiscornia removió por “mal desempeño en sus funciones” al juez. El fallo estableció que el magistrado se “alzaba” contra sus superiores por intereses personales y en “desdén de los intereses de los afectados” y de la propia justicia. También consideró que fue “juez y parte”, pero rechazó la acusación del supuesto pedido de coimas a una empresa de juegos de azar española. Tiscornia no tiene instancia de apelación pero anunció que recurrirá a la Comisión Interamericana de derechos Humanos (CIDH). Tiscornia llegó al Palacio de Tribunales para la última audiencia del juicio político a las doce del mediodía. Entró de saco y camisa blanca, imperturbable.

–¡Pensábamos que no iba a venir, doc! –lo azuzó una cronista del palacio. “Que no le iba a querer dar la foto de removido a Diana Conti”. La diputada kirchnerista que integró la Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura impulsó el juicio político con Santiago Montagna del Colegio Público de Abogados y el radical Federico Storani. El juicio llegó al jury con la aprobación de el Plenario del Consejo.

–¡Cómo no iba a venir! –dijo Tiscornia–, tenía que dar la cara.

A la sala de audiencia entraron las cámaras de televisión y los fotógrafos. El jury permitió la televisación completa de la sentencia. Una secretaria leyó una versión reducida de las 71 páginas de la resolución, con un análisis detallado de las dos acusaciones planteadas por el Consejo.

Los consejeros habían pedido la remoción de Tiscornia por “mal desempeño” y por supuesto cohecho. Los jueces descartaron el último punto porque entendieron que el tema está en manos de la Justicia y la declaración de los empresarios “no dejan sino dudas de lo que realmente aconteció”. La empresa presentó cámaras ocultas con varios encuentros con supuestos intermediarios, pero ningún registro de la reunión más importante, donde se habría hablado de la coima. Si el caso avanza, puede complicar a Tiscornia, ahora destituido como juez.

En la acusación de mal desempeño en sus funciones, en cambio, el Jury puso todos los argumentos para sostener la remoción.

“Han contribuido a conformar la convicción de este jurado –dijeron– las deplorables actitudes adoptadas por el magistrado en desacuerdo con las directivas o pronunciamientos de diversa índole decretados en esas actuaciones por el tribunal de alzada”.

Las “actuaciones” a las que se refería el jurado eran los casos “Urlich”, “Turco” y “Sojo”. Con Esteban Ricardo Sojo había prescripto el tiempo de la acción penal de la causa, pero Tiscornia lo mantuvo preso durante un año y medio; con Carlos Urlich copió los argumentos de la defensa del acusado. “Ni siquiera los ha utilizado sino que directamente ha transcripto los escritos presentados”, dijo el tribunal.

El último caso, Javier Turco, permite entender un argumento de la remoción: su relación con la Cámara del fuero Penal. Turco estaba imputado por contrabando y “la Cámara apartó a Tiscornia de la causa después de dictar diez nulidades y ante la insistencia en disponer resoluciones viciadas de nulidad”. No conforme, el juez ahora removido denunció a sus superiores por mal desempeño ante el Consejo de la Magistratura y en el fuero penal. Llegó a recibir más de veinte apercibimiento de sus superiores.

“Estupor y pesadumbre produjeron en el seno del jurado las palabras de Edmundo Hendler y Nicanor Repetto, jueces de cámara de la Sala A quienes al declarar dieron cuenta del efecto que les produjo haber sido denunciados ante el Consejo de la Magistratura y, más grave aun, en sede penal por Tiscornia, por haberle anulado una resolución”. En esa ocasión Repetto dijo: “Es espantoso”. El jurado definió de “gravísima” esa acusación aunque aclaró que el “acatamiento” no implica que los jueces no puedan ejercer “la facultad de dejar a salvo su opinión en contrario”, pero sí dejar de “alzarse contra lo decidido por el último”. La opinión de los jueces, agregaron, “mucho menos puede traducirse en la defensa a ultranza de una postura que sólo implique salvaguardar una imagen o interés personal”.

El Jury estuvo formado por el camarista de la Seguridad Social Emilio Fernández, los diputados Manuel Baladrán y Pedro Azcoiti, los senadores Norberto Massoni y César Gioja, el camarista cordobés Abel Sánchez Torres y la abogada cordobesa Delia Támaro. Con cinco de los siete votos hubiera sido suficiente para la destitución, pero la decisión fue unánime y es irrecurrible: Tiscornia no tiene forma de apelar internamente, por eso ayer dijo que irá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.