Viernes, 25 de enero de 2008 | Hoy
Después de las críticas recibidas por su gestión de la crisis bancaria del Northern Rock y las dudas que genera su política antiterrorista, el líder laborista debió aceptar la renuncia de su ministro de Trabajo, Peter Hain, objeto de una investigación por delitos financieros.
Por Patricia Tubella *
Desde Londres
Los escándalos por financiación irregular que atenazan al Partido Laborista británico se cobraron el jueves una pieza de caza mayor, el titular de Trabajo, Peter Hain, quien renunció al cargo minutos después de saberse objeto de una investigación policial. La primera dimisión de un miembro de su gobierno, con apenas siete meses de desempeño, se produce en el momento más crítico para el primer ministro Gordon Brown, con las encuestas en caída libre, crecientes críticas a su gestión de la crisis del banco Northern Rock y un conato de revuelta entre sus filas ante la anunciada decisión de endurecer la legislación antiterrorista.
Hain se vio forzado a dar el paso después de que la comisión electoral entregara a la unidad de delitos financieros de Scotland Yard la documentación sobre donaciones a su campaña por valor de 136.900 euros, que no declaró en su momento. El dinero procedía de un centro de estudios fantasma (Progressive Policies Forum) y estaba destinado a enlodar su esfuerzo por hacerse con la vicepresidencia del partido. Perdió de forma humillante (quedó quinto de los seis candidatos en liza), pero Brown lo rescató brindándole un puesto en su Ejecutivo. El escándalo sobre sus opacas finanzas salió a la luz en noviembre, y el jefe de gobierno se desmarcó inmediatamente de la suerte de su ministro. La dimisión estaba cantada. Brown agradecía ayer en una escueta nota el “correcto y honorable” gesto de Hain, veterano dirigente del ala izquierda, con una carrera que arrancó en sus años de activismo contra el antiapartheid en Sudáfrica y lo ha llevado a ocupar diferentes carteras en sucesivos gobiernos (la más sobresaliente como secretario de Estado para Irlanda del Norte, con su presencia en la firma del histórico acuerdo de paz).
El caso está menos que cerrado. La presunta violación de la ley de partidos –introducida por el propio Labour en el 2000– se ha revelado como el verdadero talón de Aquiles de los laboristas. El año pasado se tradujo en el primer interrogatorio policial a un inquilino de Downing Street, Tony Blair, aunque fuera en calidad de testigo, sobre la concesión de títulos honoríficos a sus generosos benefactores del mundo empresarial. Y ahora amenaza con cortar cabezas tan destacadas como la de Harriet Harman, número dos del partido y estrecha colaboradora del primer ministro. La líder de los Comunes y esposa del tesorero del partido, Jack Dromey, está pendiente de rendir cuentas sobre los donativos del constructor David Abrahams –más de 850.000 euros– canalizados por la compañía inmobiliaria North East.
La salida de Hain coincidía el jueves con otra patata caliente para el gobierno, empeñado en someter al Parlamento a la ampliación del período de detención sin cargos de sospechosos de terrorismo, de 28 a 42 días. Brown pretende con ello fijar la imagen de un líder determinado en la lucha antiterrorista, pero se arriesga a sufrir el mismo traspié de su antecesor, quien encajó su primera derrota en los Comunes a manos de los rebeldes laboristas cuando intentó extender ese plazo de 14 a 90 días. Un obligado compromiso fijó el período en los actuales 28 días. La historia amenaza con repetirse si –como augura un reciente sondeo del grupo Liberty– hasta 38 diputados laboristas deciden boicotear la medida, alineándose con toda la oposición. Una ocasión de oro para que las huestes del conservador Cameron se presenten como los verdaderos defensores de los derechos civiles.
* De El País de Madrid. Especial para Página/12.
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