A los vecinos de Parque Chacabuco, la Autopista 25 de Mayo les quita el sueño. Es que la empresa AUSA está construyendo allí una nueva subida y una bajada a la autovía, que afecta parte del parque y promete, según dicen, más tránsito y mayor contaminación sonora en el barrio. Y también porque la empresa trabaja desde la madrugada hasta entrada la noche, inclusive sábados y domingos. Los vecinos reclaman porque no han sido consultados: “El certificado ambiental dice que es una obra de relevante impacto, lo que requiere una audiencia pública, que no se ha celebrado”, dice Gustavo Colángelo, uno de los vecinos movilizados. Ya presentaron un recurso de amparo ante la justicia porteña, hicieron su reclamo al ministro de Desarrollo Urbano, Daniel Chaín y convocaron para el domingo a una concentración y movilización. En el gobierno dijeron a este diario que están dispuestos a escuchar el reclamo.

“Cacciatore vive”, ironiza Eduardo, uno de los vecinos del parque, que recuerda los tiempos en que el intendente de la última dictadura, Osvaldo Cacciatore, partió ese espacio verde en dos con la construcción de la autopista. La subida y la bajada, con peaje, se construyen a la altura de la calle Curapaligüe, entre Asamblea y Eva Perón. Afecta unos 400 metros de parque a cada lado de la autopista, de 6,50 metros cada una, y pasa junto a las aulas de dos jardines de infantes y tres escuelas, ubicadas sobre el parque. La obra se inició a fines del año pasado pero cobró impulso a partir de enero. “Esta avanzada en un 40 por ciento y se prevé su finalización para mayo”, dijo a Página/12 Rogelio Barrero, gerente general de AUSA.

Los vecinos lamentan “la tala de árboles añejos, que son irrecuperables” pero sobre todo “la intervención en un espacio verde sin consultar a quienes son sus usuarios”, dijo a este diario Julia Ororbia, una de las vecinas movilizadas.

Los vecinos presentaron en diciembre un recurso de amparo ante la Justicia porteña, hicieron reclamos en la Legislatura y en la Defensoría del Pueblo, y ayer le entregaron una nota al ministro de Desarrollo Urbano: “Reclamamos que la obra se detenga de manera perentoria, dada la velocidad que ha tomado la construcción, ya con daños visibles al parque, y que se abra una instancia de diálogo y de consulta con los vecinos y usuarios del parque”, dice la nota. Hoy, dicen, le enviarán una carta documento al jefe de Gobierno, Mauricio Macri. Y convocan para el domingo, a las 17, a una “concentración y movilización en defensa del parque, contra la ampliación de la autopista”, en la esquina de Emilio Mitre y Asamblea.

Barrero, gerente general de AUSA, argumentó que la obra se inició “a partir de la solicitud de vecinos que requerían una vís de acceso a la autopista, en dirección al centro, antes de la calle Alberti, y una bajada entre Jujuy y la avenida Lacarra”.

–¿Esas solicitudes se han hecho por escrito?–, preguntó este diario.

–Mosotros en AUSA no tenemos nada. Deben estar en los CGP de la zona.

Con respecto a los estudios de impacto ambiental. el funcionario sostien que la empresa se ajustó a la ley, al solicitar la evaluación de impacto ambiental a la entonces Subsecretaría de Medio Ambiente. Los vecinos replican que ese certificado, otorgado en septiembre de 2005, “ha quedado desactualizado, ya que “ólo en el último año el tránsito en la autopista se incrementó un 18 por ciento, según datos oficiales”, apunta Colángelo.

La empresa AUSA, administradora de la autopista, tiene como único accionista al Estado porteño. La obra que se realiza demanda una inversión de 7,5 millones de pesos y está a cargo de la empresa Perfomar SA, según informó AUSA.

La nueva subida estará a la altura de la calle Curapaligüe. La traza afecta parte del Instituto Dickens –un profesorado de Deportes del Gobierno de la Ciudad– y pasa junto a la pista de atletismo y el Polideportivo del Parque Chacabuco, en el lado Sur. En el sector norte, el cemento estará junto a las aulas del Instituto Vocacional de Arte (IVA) y la Escuela Nº 1, con su jardín de instantes.

Una medida judicial dispuesta por el juez Guillermo Treacy, dispuso que un equipo de peritos de la UBA, integrado por especialistas de las facultades de Ingeniería y de Arquitectura, realice el estudio para la readecuación ambiental de la Autopista 25 de Mayo, con cargo para la ciudad de Buenos Aires, dado que el gobierno porteño nunca cumplió con esa medida ordenada por un fallo de octubre de 2003. Esa causa se inició a partir de una denuncia por la contaminación sonora provocada por la autopista.

Tras entender que una nueva subida incrementará el tránsito y por lo tanto la contaminación sonora, los vecinoss, patrocinados por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, presentaron un recurso de amparo. Allí reclaman que se detenga la obra hasta tanto se realicen aquellos estudios de adecuación ambiental. “No se puede evaluar el impacto ambiental de una parte de la autopista si AUSA no ha hecho el estudio de impacto de toda el trazado, como le ordenó la justicia”, argumentan en la FARN.