Con el apoyo del Partido Socialista en el gobierno y de los bloques nacionalistas conservadores, el Parlamento español aprobó ayer la reforma de la Ley de Extranjería que endurece las restricciones para el reagrupamiento familiar de los inmigrantes, al tiempo que extiende de 40 a 60 días el plazo de internamiento en los centros de detención para las personas que sean encontradas en situación irregular en territorio peninsular. Entre las medidas más cuestionadas por las ONG y las asociaciones de inmigrantes se encuentra la que prohíbe la reagrupación familiar a los padres de los residentes legales que no hayan cumplido aún los 65 años. En contra, aunque por diversos motivos, votaron los conservadores del Partido Popular y las agrupaciones de izquierda.

Corren tiempos de crisis económica en España, que arrastra una recesión cercana al 4 por ciento del Producto Interno Bruto en el último año y medio y una tasa de desempleo en torno del 20 por ciento, con más de cuatro millones de personas sin trabajo, razón por la cual el Partido Socialista ha querido congraciarse con su electorado endureciendo la Ley de Extranjería, un tema que se volvió central durante el transcurso de las últimas elecciones generales en 2008 gracias al uso oportunista que hizo de él el Partido Popular en la oposición. El PSOE, cuyo gobierno se encuentra cada vez más cuestionado por el mal manejo de la crisis económica, ha querido curarse en salud y con las elecciones municipales en puerta, comicios en los que por primera vez participarán inmigrantes latinoamericanos, presentó un proyecto de endurecimiento de la ley para evitar críticas del PP, que lo acusa de favorecer la inmigración ilegal.

Pero a pesar de los esfuerzos de los socialistas, los conservadores consideran que esta reforma es sólo un parche, un “retoque cosmético”, como afirmó ayer el portavoz del Partido Popular en el Congreso, Rafael Hernando, quien acusó al gobierno de haber transformado al país en un “coladero” de inmigrantes ilegales que pasan hacia la Unión Europea y en un territorio propicio para las mafias que lucran con la desesperación de los que quieren inmigrar aun en medio de la crisis. De hecho, el PP votó ayer en contra de la reforma de la ley junto a Izquierda Unida y Ezquerra Republicana de Cataluña, aunque estas dos últimas formaciones se oponen por motivos totalmente diferentes a los de los conservadores. Desde las organizaciones de izquierda se considera una auténtica aberración que no se permita la reagrupación familiar a los padres menores de 65 años, una medida que es también rechazada por las asociaciones de inmigrantes y preocupa también la extensión del plazo de detención de 40 a 60 días en los defenestrados CIEs (Centro de Internamiento de Extranjeros), auténticas prisiones sin amparo legal alguno a las que se ingresa sin haber cometido ningún delito más que la violación de una ley administrativa y en las que los inmigrantes sufren situaciones denigrantes, tal y como ha sido denunciado en más de una ocasión por parlamentarios y activistas de los derechos humanos.

Desde los partidos nacionalistas conservadores, sin cuyo apoyo el PSOE no hubiera podido modificar la ley, se esgrimen argumentos diferentes para justificarla. Mientras que a los nacionalistas catalanes de Convergencia i Unió les encanta porque blinda sus competencias regionales en materia de inmigración, a los de Coalición Canarias –que gobiernan junto al PP el archipiélago africano– les resuelve un problema al permitir a las ONG que tutelen a los menores extranjeros que llegan a sus costas, un problema que les causa enormes gastos anuales en sus presupuestos. Con esta modificación de la Ley de Extranjería, España adapta su legislación a la nueva normativa europea aprobada el pasado año por el Parlamento de Bruselas y se pone a tono con el endurecimiento general que se vive en Europa con respecto a la inmigración.

Habrá que esperar a la próxima bonanza económica para que los inmigrantes vuelvan a ser necesarios y las leyes se relajen.