En México, la suspensión de los artículos más discriminatorios de la ley Arizona por parte de una jueza estadounidense no logró calmar los ánimos. La administración de Felipe Calderón saludó la decisión de la magistrada Susan Bolton. “Es un primer paso en la dirección correcta”, reconoció la canciller Patricia Espinosa. La jefa de la diplomacia mexicana remarcó que su país seguirá pendiente hasta que se produzca la declaración de la inconstitucionalidad, lo mismo que piden el gobierno de Estados Unidos y decenas de organizaciones civiles. En la fronteriza localidad mexicana de Nogales, la decisión de la jueza no interrumpió los preparativos tanto de autoridades como de organizaciones sociales que temen un aumento de las deportaciones. “Estamos preparados para recibir a 350 personas en el albergue y hemos establecido contacto con empresas de transporte para poder trasladar rápidamente a las personas a sus ciudades de origen a bajo precio”, adelantó Francisco Luvreiro, director del albergue Juan Bosco.