Miles de empleados públicos chilenos reanudaron ayer el paro general y las movilizaciones, retomando un plan de lucha de 48 horas por mejoras salariales y cese de despidos. Los servicios de aduanas, identificación, impuestos, municipales y educacionales amanecieron paralizados, al igual que la mayoría de los ministerios. La protesta, suspendida la semana pasada por la muerte de 81 reclusos en la Cárcel de San Miguel, busca conseguir un alza del cinco por ciento en las remuneraciones del sector y frenar los despidos que se iniciaron con la llegada de Sebastián Piñera al gobierno. El aumento, que el gobierno propone que sea de 4,2 por ciento, será votado hoy en el Congreso, donde ya fue rechazado en la Cámara baja, que estimó insuficiente la oferta del Ejecutivo. La secretaria general de Gobierno, Ena Von Baer, pidió el voto de los parlamentarios opositores. “Que la Concertación apoye el reajuste porque con toda la demora estamos poniendo en peligro que éste se pueda pagar en diciembre.” En total, unos 5000 a 8000 funcionarios –según diversas versiones– fueron cesanteados en los últimos meses.