La Justicia estadounidense dio el cierre definitivo al escándalo de Chiquita Brands, la única empresa norteamericana que reconoció haber financiado a paramilitares colombianos. Un juez de primera instancia aceptó el arreglo que habían alcanzado el Departamento de Justicia y la empresa bananera. Según el fallo, todos los directivos fueron exonerados y la heredera de la United Fruit Company sólo tendrá que pagar 25 millones de dólares en un plazo de cinco años. La sentencia enfureció a los colombianos. “¿Qué diría Estados Unidos si un país que tiene a uno de los responsables de los atentados del 11 de septiembre de 2001 lo dejara libre tras el pago de una multa?”, criticó el ex fiscal general Alfonso Gómez, quien ya comenzó a abogar por la extradición de los directivos.

Desde el gobierno de Alvaro Uribe hasta los abogados de las víctimas de los paramilitares, todos cuestionaron el fallo judicial estadounidense esta semana. El vicepresidente colombiano Francisco Santos recordó que Bananex, la filial de la empresa norteamericana, “financió la muerte” de cientos de personas en la región donde la compañía tenía sus plantaciones y su sede. Sin embargo, Bogotá no quiso confrontar demasiado con Washington, al que demandó una “amable exigencia”. El gobierno de Uribe cree que el descontento hacia su principal aliado podría menguar si Estados Unidos aceptara destinar los 25 millones de multa a un fondo de reparación para los familiares de las víctimas.

Por fuera del gobierno, Gómez, el Movimiento Nacional de Víctimas contra los Crímenes de Estado y el abogado de 140 víctimas que murieron en masacres vinculadas con la empresa bananera, Paul Wolff, demandaron ayer que el gobierno impulsara el procesamiento de los directivos de Chiquita involucrados. Según sostienen, son responsables de crímenes que ocurrieron en territorio colombiano y, por lo tanto, pueden ser juzgados en tribunales colombianos. Además, aseguran, la multa es ridícula. Según la investigación del gobierno estadounidense, entre 2001 y 2004 y bajo “protección paramilitar”, Bananex facturó casi 50 millones de dólares. Cuando el escándalo explotó, Chiquita vendió su filial colombiana por 43,5 millones de dólares.

El actual fiscal general Mario Iguaran ya había adelantado esa posibilidad en marzo pasado, cuando se conoció el acuerdo que habían alcanzado la empresa bananera y Washington. En aquella oportunidad se comprometió a seguir investigando el caso para reunir suficientes pruebas para procesar a los responsables. Iguaran ya logró superar la investigación norteamericana. Según informe del fiscal general, en 2001 los paramilitares utilizaron un barco de Bananex para importar armas.