El juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, volvió a patear el tablero político en España esta semana al ordenar que se abra una causa para investigar el posible genocidio de ciudadanos del Sahara, cuando Madrid se retiró de la región después de la muerte del dictador Francisco Franco en 1975 y Marruecos lo invadió. El magistrado aceptó una denuncia presentada por organismos de derechos humanos y familiares de las víctimas, que señala como principales responsables de 542 desapariciones al actual director general de la Seguridad Nacional marroquí, Hamidou Lanigri, y Housni Ben Sliman, general de la gendarmería real. El proceso dejó en un lugar incómodo al gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, quien hace sólo dos años condecoró a los dos funcionarios en una muestra de la buena voluntad y la cooperación entre las dos naciones. Según la querella, la invasión y masacre contra el pueblo saharaui duró 16 años, durante los cuales sus ciudadanos fueron sometidos a la “dominación de una potencia extranjera” que les impide “el ejercicio del derecho a su libre determinación”. El texto en el que se basó Garzón también destacó la situación de constante tensión. “El ejército marroquí ha ejercido una permanente violencia contra el pueblo saharaui en una guerra de invasión que obligó a abandonar sus hogares a 40 mil personas”, denuncia. En repetidas ocasiones, las organizaciones de derechos humanos acusaron al gobierno marroquí de atacar a los que huían en el desierto con napalm, fósforo blanco y bombas de fragmentación.