A treinta y cinco años de la masacre de Trelew, cuando nadie creía posible un mínimo esbozo de justicia, el juez federal Hugo Sastre resolverá esta semana la situación procesal de los cinco marinos detenidos por su participación en las privaciones ilegales de la libertad, fusilamientos y encubrimiento por parte de la Armada y la dictadura de Alejandro Lanusse. A excepción del cabo primero (R) Carlos Marandino, quien admitió que abrió las puertas de los calabozos y tuvo que salir por orden de cuatro oficiales de la Armada alcoholizados, la situación de los imputados que reiteraron la versión oficial del intento de fuga es compleja. Los capitanes de fragata (R) Luis Emilio Sosa y Emilio Del Real estuvieron presentes durante la masacre. Sosa confirmó que Del Real gatilló su ametralladora. Del Real prefirió no hablar. El contraalmirante (R) Horacio Mayorga y el capitán de navío (R) Rubén Paccagnini, comandante de la Aviación Naval y jefe de la base Almirante Zar respectivamente, admitieron que fueron los superiores inmediatos de los fusiladores. “Nunca imaginé que esto pudiera darse alguna vez, ni siquiera las indagatorias. La expectativa es enorme, son demasiado años de espera”, confió a Página/12 Germán Camps, que tenía nueve años cuando se produjo la masacre a la que su hermano Alberto logró sobrevivir.

Los hechos del 22 de agosto de 1972 nunca fueron investigados por la Justicia. La Armada instruyó un sumario con su relato oficial, que ni siquiera se dignó a entregar al juez. A partir de las presentación de un grupo de familiares de las víctimas, patrocinados por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el juez tomó decenas de declaraciones testimoniales a personas que trabajaban en la base. Veinte días atrás ordenó las primeras cinco detenciones. De ese grupo original el único marino que no fue capturado es el teniente de navío (R) Roberto Bravo, el mayor símbolo de la masacre junto con Sosa. Página/12 informó en exclusiva que Bravo vive en Florida, Estados Unidos, donde es dueño de RGB Group Inc., firma que lleva sus iniciales, factura millones de dólares y provee de servicios a las Fuerzas Armadas norteamericanas.

Con los datos surgidos en las indagatorias, Sastre ordenó otras tres detenciones. Se concretó la del contraalmirante Mayorga y están pendientes las del general (R) Eduardo Betti, jefe de la zona de emergencia, y la del capitán de navío (R) Jorge Enrique Bautista, que instruyó el simulacro de sumario por orden del almirante Hermes Quijada. Su carátula es elocuente: “Investigar la actuación del personal militar a raíz de la tentativa de evasión del grupo subversivo alojado en la Base Almirante Zar”. La declaración de Bautista, que tiene 82 años y padece problemas cardíacos, se producirá recién la próxima semana. “Su médico no lo autorizó a viajar y no somos partidarios de tomar declaraciones por exhorto; consideramos que debemos estar presentes”, aclaró el secretario del juzgado, Mariano Miquelarena.

Si bien la Armada nunca entregó el sumario, Sastre conoce su conclusión: ningún indicio permitía sospechar de la existencia de delitos. A partir de las pruebas obrantes en la causa y de la declaración del suboficial Marandino, quien admitió que la Armada le ordenó mentir para respaldar la versión oficial, es improbable que Bautista encuentre argumentos sólidos para tomar distancia del encubrimiento. El juzgado también espera ansioso la respuesta de Interpol, encargada de detener al teniente empresario Bravo. Interpol consultó al juzgado si pretendían que Bravo fuera extraditado. Sastre respondió que sí pero no volvió a tener noticias.

Errores y horrores

Los lectores de Página/12 conocen mejor que nadie qué declararon los imputados. Sólo faltó desmenuzar el memorable relato del contraalmirante Mayorga, acusado como cómplice necesario de los fusilamientos. Mayorga admitió que “ante la presencia de gente extraña en Trelew” él ordenó “medidas de máxima seguridad” al capitán Paccagnini. Pidió que les informara a los presos que “se recurrirá a las armas aun cuando hubieran tomado rehenes para facilitar el canje”.

Mayorga llegó a Trelew al mediodía del 22 de agosto. Vio “los cuerpos en el pasillo” y “uno o dos que habían conseguido su acceso” a los calabozos. La versión del fusilamiento es “una falsedad propagandística” porque en ese caso no habría habido sobrevivientes, dijo. “Vi algún tiro en la cara, uno en la frente del cual emanaba bastante sangre” pese a las nueve horas transcurridas. Leyó su declaración antes de firmarla pero no se percató de la traición de su lengua cuando destacó “la habilidad de Quijada para extraer cómo pasaron las cosas”.

También sugirió que la declaración de Marandino estuvo “preparada y pagada”. Cuando el juez le recordó que el suboficial trabajó como chofer del agregado naval en Washington hasta fines de 2004 con un sueldo de 3900 dólares admitió que “la Armada protegió a los actores de este suceso, alejándolos del país y facilitando su vivir”.

–¿La protección fue a cambio de su silencio? –preguntó el fiscal Fernando Gélvez.

–El silencio total de una persona no se puede comprar nunca si no es con la eliminación de la misma –respondió. Nada sugiere que hable de oídas.

–¿Usted recibió la orden de eliminar a las 19 personas detenidas en la base Zar? –interrogó Gélvez.

–No. De haberla recibido creo que no la hubiera cumplido y si me hubieran convencido de hacerlo no habría habido errores ni dudosos marandinos (sic) para resolver el problema.

–¿Cómo explica que Sosa desoyó su orden al circular con la pistola en la cartuchera entre dos filas de detenidos?

–Creo que no desobedeció intencionalmante. Pasa que, al ser un hombre impetuoso, de decisiones rápidas, olvida lo de su propio armamento, que le es quitado en una acción de fuga. Sosa es un buen infante de marina pero estas circunstancias creo que lo superaron.

–Si admite que había entre novecientos y mil marinos en la base, que habían tomado todas las medidas de seguridad y les habían advertido a los presos que no se iban a canjear rehenes, ¿no es contraria al sentido común la versión del intento de fuga? –preguntó Gélvez.

Mayorga gambeteó la respuesta pero sinceró su concepto de las víctimas:

–No podíamos poner los mil hombres dentro de la guardia. Usted no pone toda su familia a cuidar al perro.

“El reconocimiento implícito del fusilamiento por parte del cabo Marandino, sumado a los testimonios recolectados por el juzgado, deja a los imputados a un paso del procesamiento. Si las detenciones implicaron un avance significativo en la causa, con los procesamientos que esperamos resuelva la Justicia se empieza a iluminar un crimen paradigmático, que es además el antecedente más claro del terrorismo de Estado”, consideró Gastón Chillier, director ejecutivo del CELS, que patrocina a los familiares de las víctimas.

“En relación a Mayorga, Paccagnini y Sosa por su responsabilidad en la cadena de mandos, y a Del Real por la propia imputación de Sosa, no tengo dudas de que les cabe el procesamiento por todos los delitos. La situación de Marandino, que no integraba la cadena de mandos y no está imputado de disparar, entiendo que es distinta y el juez debe dilucidarla desde esa perspectiva”, consideró Luis Eduardo Duhalde, titular de la Secretaría de Derechos Humanos que también se sumó como querellante. Duhalde adelantó que una vez resueltas las situaciones procesales solicitará la exhumación de algunas víctimas y un peritaje por parte del Equipo Argentino de Antropología Forense para constatar la existencia o no de tiros de gracia.

El juez Hugo Sastre, elegido por el Consejo de la Magistratura para subrogar el cargo vacante en Rawson, se someterá el miércoles a las preguntas de los senadores nacionales que deben confirmar su designación en el cargo. Cuando vuelva a Chubut resolverá las situaciones procesales de los marinos. Su debut como juez federal no pasará desapercibido.