“El Smata goza de la presencia y conducción de una de las pocas glorias vivientes de la época de oro de la lucha sindical argentina, como supone la figura tutelar de José Rodríguez.” La grandilocuencia apareció en el séptimo párrafo de la solicitada, publicada el 14 de septiembre pasado, por el sindicato mecánico para defender a su líder. La difusión de causas judiciales sobre los manejos fraudulentos de la obra social del gremio puso en alerta al eterno dirigente. A pesar de los tejes y manejes que demoran la elevación a juicio, Página/12 pudo saber que el viernes a última hora llegó a la filial argentina de Interpol un pedido de la Procuraduría General de Suiza, expediente Ba/ea2/9/07/0162 solicitando información sobre las investigaciones abiertas en el país contra José Rodríguez. “Ese pedido se remite cuando se presupone que hay una cuenta en ese país”, explicó un funcionario judicial vinculado a la investigación en la Argentina, quien recordó que se habían enviado exhortos a Suiza y Alemania para confirmar la existencia de depósitos millonarios.

Rodríguez, integrante del consejo directivo de la CGT, desmintió en septiembre pasado ante el diario Clarín que él o su esposa, Norma Fortunata Primitiva Vergano, tuvieran cuentas en el exterior. En la Justicia fueron entregados en forma anónima dos extractos bancarios a nombre de Vergano: uno del Deutsche Bank AG de Frankfurt, Alemania, por un monto de 488.662 dólares en el 2000 y otro de la sucursal suiza del Banco Bilbao Vizcaya (BBV) por 1.895.940 dólares. El pedido de la Procuraduría General de Suiza pone en duda la desmentida de Rodríguez. El dirigente, que conduce Smata desde hace 25 años, aseguró que sus únicos ingresos provienen de su jubilación como ex diputado nacional y de su cargo como secretario general, y que “carece de otra actividad comercial”.

El juez de Instrucción Luis Rodríguez empezó a investigar al mecánico en el 2001 en una causa caratulada como administración fraudulenta en perjuicio de los afiliados del Smata y la obra social, Osmata. La pesquisa había llegado derivada de una causa laboral iniciada por un ex empleado a quien no le habían pagado la indemnización amparándose en una quiebra fraudulenta. La fiscal Mónica Cuñarro investigó un fraude por unos 12 millones de dólares contra la obra social. A partir de un minucioso entrecruzamiento de información presentó pruebas sobre el vaciamiento de la obra social en una maniobra rutinaria entre dirigentes sindicales: cuando durante el menemismo se transfirieron las obras sociales, armaron empresas en manos de amigos o familiares y mediante sobrefacturaciones o facturaciones de prestaciones que no se realizan se quedaron con el aporte de los afiliados y del subsidio público.

Cuñarro sumó el testimonio de doce médicos cuyos nombres y matrículas habían sido utilizados para facturar servicios a San Cayet, empresa dedicada a la venta de medicamentos al sanatorio del Smata, integrada por Alejandra Rodríguez, y a Strudel, servicio gastronómico del sanatorio Smata, integrada por Andrea Rodríguez, ambas hijas del dirigente sindical. Los médicos negaron ante la Justicia haber emitido esas facturas. A manos de Cuñarro, del fiscal federal Gerardo Di Massi y del titular de la Unidad Fiscal de Delitos Tributarios y Contrabando (Ufitcoy), Marcelo Borinsky, llegó también un papel manuscrito, que pertenecería a Rodríguez, en el que detalla una facturación de más de 20 millones de dólares para las empresas donde figuran sus hijas, y se calcula la ganancia “con retorno incluido”. En el 2004, el juez Rodríguez dispuso el procesamiento de José Rodríguez y otras dos personas por administración fraudulenta de la obra social. La Cámara del Crimen, Sala VI, revocó ese fallo, decidió la falta de mérito y ampliar la indagatoria del sindicalista y de sus hijas. Al poco tiempo, el juez Fernando Caunedo le pidió a Rodríguez que se inhibiera porque tenía otra causa vinculada al Smata, éste se negó. La defensa del sindicalista respaldó el planteo de separar a Rodríguez y entonces se jugó un conflicto de competencia. A pesar del fallo adverso de la Cámara, Casación le entregó la causa al juez subrogante Alejandro Cilleruelo, a cargo provisoriamente del juzgado de Caunedo.

La pesquisa quedó virtualmente paralizada a pesar de las pruebas incorporadas por la nueva fiscal Mariana García. Entre los aportes que daban cuenta del manejo familiar, la fiscal explicó que en el 2001 el servicio gastronómico del sanatorio del Smata se le adjudicó a Strudel, de Andrea Rodríguez. Diez meses después la obra social revocó el contrato y le otorgó una indemnización de 800 mil dólares. “Otra vez la doctora Rodríguez (con el consentimiento de su padre) se prestó un servicio a sí misma, esta vez de gastronomía”, escribió García.

Entre tanto teje y maneje, llegó la primera respuesta del exhorto enviado a Suiza con el fin de verificar las cuentas en el exterior de Rodríguez y sus familiares. El envío de la Procuraduría General apunta a verificar si es espurio el origen de los fondos depositados en ese país. La respuesta tendrá que acompañar la información sobre la causa en el juzgado de instrucción y también en la Justicia federal. Norberto Oyarbide tiene otra causa por el manejo irregular de un préstamo del Banco Mundial por 350 millones de dólares, destinado a la reconversión y mejora de las obras sociales, mediante pago de deudas, reformas edilicias y cursos de capacitación del personal. Sin embargo, según el dictamen del fiscal Carlos Stornelli, de un centenar de fojas, muchos millones de ese préstamo habrían ido a parar a manos de los sindicalistas que estaban al frente de las obras sociales o a empresas “fantasma” presuntamente dirigidas por amigos y familiares, con la anuencia de los funcionarios estatales a cargo de controlar el destino de los fondos. La mayoría de los históricos dirigentes sindicales están acusados en esa causa. Sin embargo, como el delito se habría cometido entre el 1996 y 2000, durante los gobiernos de Carlos Menem y Fernando de la Rúa, está en riesgo de prescripción.