El gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, está en problemas con su secretario de Seguridad, Jorge Skaf. Los organismos de derechos humanos de la provincia denunciaron que el funcionario, que es un ex policía federal, habría actuado durante la dictadura como un “topo” de la fuerza dentro de la universidad. Skaf había entrado a la Secretaría de Seguridad de Salta durante la gobernación de Juan Carlos Romero, apadrinado por Ricardo Nazario, un represor que tuvo que renunciar cuando una de sus víctimas lo reconoció como su captor en el centro clandestino de detención El Olimpo. Tras aquella denuncia, Nazario se fue, pero Skaf siguió vinculado con la secretaría. Después de la asunción de Urtubey fue promocionado para hacerse cargo de la seguridad de la provincia.

Las denuncias en su contra se activaron por el testimonio de una familiar de desaparecidos. El 21 de febrero pasado, Cristina del Valle Cobos, hermana de un militante peronista asesinado en un operativo militar y pareja de un soldado desaparecido en la guarnición Salta, declaró en el Juicio por la Verdad que se realiza en los tribunales salteños. Cobos contó que, tras la muerte de su hermano y la desaparición de su pareja, comenzó ella también a ser vigilada. Era estudiante de la Universidad Católica, donde había un policía de inteligencia de apellido Vigiani que se había anotado en la facultad y del que siempre sospechó que la seguía. Cobos dijo que vio en la universidad a ese policía hablando con Skaf y también que vio al propio Skaf en repetidas ocasiones en las aulas. Más tarde, un día en que tuvo que ir a la Policía Federal para hacer un trámite por el pasaporte, lo encontró dentro del edificio, según contó. Un abogado conocido le aseguró que Skaf había realizado “tareas” en la dictadura junto con otro oficial de la Federal.

Los abogados querellantes en el Juicio por la Verdad pidieron que se remitiera el legajo de Skaf al tribunal. “Comprobamos de esa manera que los datos de su legajo coinciden con la denuncia de Cristina Cobos”, dijo a Página/12 David Arnaldo Leiva, del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia. Los antecedentes del secretario de Seguridad revelaron que había entrado a la policía en 1976 y permanecido hasta el ‘80. “Aunque Skaf argumentó en su defensa que en los ‘70 vivió en Buenos Aires como cadete de la Escuela Ramón Falcón, su legajo señala que hizo cursos en la Universidad Católica, tal como dice Cobos.” Esas constancias señalan que cursó dos materias para contador y un curso de toxicología en la UCA de Salta. Skaf también fue durante un tiempo policía de la provincia, cursó Derecho en la Universidad Nacional de Salta y es actualmente abogado.

Entre los organismos que reclamaron su desplazamiento están la Asociación de Derechos Humanos Lucrecia Barquet, el Espacio Memoria, Verdad y Justicia de Salta, la CTA local, la Comisión de Derechos Humanos del Concejo Deliberante de Salta y la asamblea docente provincial.

Ante los reclamos, el gobernador Urtubey ha planteado que no hay pruebas suficientes para desplazar a Skaf. “Que una persona tenga un uniforme o haya sido un uniformado no implica que esté necesariamente vinculado con la represión”, sostuvo Urtubey al ratificar al funcionario.

Urtubey consideró que la denuncia estaba movida por “otros intereses” que los de la defensa de los derechos humanos. “Lo que hay es una declaración de una señora que dijo que sospecha que Skaf había estado haciendo inteligencia, pero nada probado. Estamos hablando de algo que pasó cuando él tenía 18 años y era cadete. Efectivamente en esa época hizo un curso en la Universidad Católica, sin embargo eso no es prueba de que haya realizado tareas de inteligencia”, ampliaron en la Secretaría de Prensa de la gobernación.

El caso ha generado cruces en la provincia, donde todavía está fresco el recuerdo de la política de seguridad del ex gobernador Juan Carlos Romero enfocada a reprimir los conflictos sociales.

Los organismos también cuestionan que Skaf mantenga como asesor de la Secretaría de Seguridad al comisario Rubén Sandoval, que el año pasado, siendo jefe de la oficina de Inteligencia de la policía salteña, ordenó seguimientos sobre los docentes en huelga. El comisario preparó una carpeta con 600 fotos que mostraban pueblo por pueblo quiénes se habían plegado al conflicto. En ese informe valoraba que era preferible un docente muerto a que no se supiera quién mandaba en la provincia. El dossier se filtró al periodismo y se abrió una denuncia penal contra Sandoval, hoy investigado por el juez Luis Costa.